Inminente NUEVO juicio contra Urribarri, Smaldone, Cardona Herreros y 10 funcionarios más

Ya estaría confirmado un nuevo proceso judicial contra el exgobernador Sergio Urribarri por una causa en la cual hay pruebas IRREFUTABLES que también involucran en SOBORNOS a muchos de quienes fueron sus funcionarios. Las pruebas fueron halladas en una computadora del empresario Cardona Herreros durante un allanamiento hecho en Buenos Aires por el Ministerio Público Fiscal en 2017, donde figuran las fechas, montos y cómo se pagaron los sobornos a los distintos funcionarios.

Esta nueva causa es gravísima y supera en magnitud y contundencia de pruebas a la que sirvió para que el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos lo halle culpable de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, y lo condene a 8 años de cárcel y lo inhabilite de por vida a ejercer cargos públicos. Esta vez los hechos son de SOBORNO, por el encargo de un software por parte de la provincia al empresario paraguayo amigo de Urribarri.

Otra vez resuena el nombre del empresario paraguayo Diego Cardona Herreros, amigo de El Pato. En el juicio que condenó al exgobernador, este empresario, que figuraba como proveedor del Estado, fue acusado de pagar vuelos para la familia Urribarri.

Aquel juicio concentró cinco expedientes distintos por presunta corrupción durante la gobernación de Urribarri. El legajo principal es conocido como “causa de las imprentas”, donde se acusó a dos compañías de concentrar toda la publicidad oficial en la vía pública entre 2010 y 2015.  El segundo caso en juicio fue bautizado “sueño entrerriano” e incluye tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada.  El último legajo, “Global Means”, se centra en la adjudicación de publicidad oficial destinada a 18 medios gráficos del país que quedó a cargo de una empresa que no habría llegado a constituirse como tal ni figuraba en el registro de proveedores del Estado entrerriano al momento de la adjudicación.

Entre los cinco casos, el presunto desvío de fondos públicos superaría los 9 millones de dólares.

Ahora se vuelve sobre el caso de los SOBORNOS, a pesar de que en mayo se lo había desestimado porque el juez de Garantías Mauricio Mayer hizo lugar al pedido de los defensores de Urribarri y dictó el sobreseimiento. El motivo esgrimido por el magistrado fue el que expresaron los defensores del exmandatario y exembajador en Israel y Chipre: exceso en los plazos procesales.

La medida fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, que dio cuenta de que la causa por el presunto delito de cohecho y negociaciones incompatibles que se le imputa al exgobernador, exfuncionarios de su gestión y al empresario paraguayo contiene 14 veces más evidencias que las que se exhibieron en el juicio desarrollado entre septiembre de 2021 y abril de este año.

Ya es inminente el nuevo juicio contra El Pato, y también se sentarán en el banquillo de los acusados 11 nombres importantes, como los ex funcionarios Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; y Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia, en el período investigado, que data de enero de 2007. También estára sentado en el banquillo Guillermo Smaldone, ex Ministro de Trabajo, que también fue presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, hijo del ex Juez del Superior Tribunal de Justicia Juan Ramón Smaldone.

En esta causa, a Urribarri se le atribuye que en su calidad de Ministro de Gobierno primero, y luego como gobernador de Entre Ríos, desde enero de 2007 aproximadamente, con el fin de generar un lucro ilícito para sí mismo y para Diego Armando Cardona Herreros, accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, con quien lo unía una estrecha relación de amistad, se interesó en favorecer a esta empresa propiciando su contratación a fin de desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos.

En este hecho habrían participado como vínculos con Cardona Herreros los funcionarios mencionados, quienes habrían recibido importantes sumas de dinero para comprar su voluntad (COIMAS).

Además, a Urribarri y a Haidar se les endilgó una “adenda” consistente en “la falsificación de las fechas en los actos administrativos lo que permitió que una prórroga de ocho meses se compute a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la prórroga de la contratación se había comenzado a gestionar en enero 2010; logrando así la empresa y los funcionarios intervinientes, percibir ganancias por meses que no implicaron contraprestación alguna”.

En mayo, el juez de Garantías Mauricio Mayer había dictado el sobreseimiento de Urribarri por violación en los plazos procesales, pero el juez Elvio Garzón revocó ese fallo y ordenó que se siga investigando. “El dictado del sobreseimiento requiere certeza negativa y aquí no la hay”, sostuvo el juez que reabrió el caso.