Fiel a la tradición de una casta de funcionario políticos que saca rédito económico de cualquier situación sin importar la índole, la pandemia del COVID ha sido fuente de negociados por parte del Ministerio de Salud de la Nación, hecho denunciado por la Auditoría General de la Nación (AGN). En Entre Ríos, donde tambíen hubo manejos poco claros de recursos por la crisis del COVID, ni el Tribunal de Cuentas ni el Ministerio Fiscal Público hacen revisión ni investigan los actos dudosos que salieron a la luz pública relacionados con acciones para palear la emergencia sanitaria que se desato desde principio de 2020.
Las compras que detecto la Auditoría General de la Nación (AGN) rayan el despilfarro en un momento muy crítico para la sociedad argentina y el mundo, lo que marca un desprecio total por la vida ajena, mostrando una vez más lo pernicioso que pueden ser los actos de corrupción, que el inconsciente colectivo supone como pequeños robos hormiga que a la larga socaban el erario público, pero en realidad son robos cuantiosos a mansalva que implican condenar a otros a la miseria, al abandono, y a la muerte. La corrupción mata.
En el principio de la pandemia, cuando Entre Ríos se aprontaba para recibir las oleadas de COVID, se notó inmediatamente la falencia del sistema de atención hospitalaria, lo relegado que están los temas de salud en nuestra provincia, y la falta de previsión para afrontar cualquier emergencia que escape a lo tradicional. Entonces se inició un raid de compras que inicialmente tenía un presupuesto fijado, pero, se habría multiplicado varias veces debido a que se hicieron compras directas, el gran mal que afecta a cualquier administración pública a la hora de adquirir bienes o servicios. Es la tentación para las compras a cercanos y conocidos, con SOBREPRECIOS y subfacturación.
¿Lo primero en salud es la compra directa? ¿Cuatro millones se pueden convertir en 56?
Entre Ríos fue epicentro de polémicas que se repitieron a nivel nacional, como el denominado Vacunatorio VIP, que posibilitó al poder político y sus allegados beneficiarse de las primeras dosis de las vacunas en un momento de altísima incertidumbre y temor social ante un virus que arraso con la vida de miles a nivel mundial. También en nuestra provincia se denunció el ocultamiento de miles de vacunas que debieron ser distribuidas inmediatamente, situación que fue reflejada por medios nacionales.
Otro escándalo: Del apuro del vacunatorio VIP, a las vacunas vencidas
Ahora, el gobierno nacional, mas con la intención de un lavado de cara y de levantar otros frentes de atención, está investigando minuciosamente lo acontecido con las contrataciones públicas de emergencia realizadas por el Ministerio de Salud para afrontar la pandemia. Se encontró no solamente compras con diferencias entre lo facturado y lo pagado, sino también la adquisición de elementos inservibles. Mientras tanto, el ministerio de salud entrerriano, conducido por la Licenciada en Trabajo Social, y Magister en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud, Sonia Velázquez, cuyo título habilitante principal para el cargo que ejerce es ser amiga del gobernador, no está siendo auditada a pesar de los abundantes hechos que dan cuenta de un manejo desprolijo de fondos para gastos y compras de insumos para atender la emergencia del covid, un carnaval de gastos que solo tiene como explicación la ineptitud o una intención deliberada. En cualquier de los dos casos, los organismos de control deberían proceder, pero, no existe la más mínima intención política de hacerlo, porque las implicancias salpicarían hasta las más altas esferas del poder.
El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, comandado por Diego Lucio Lara, ¿no tiene como función principal auditar las actividades administrativas? ¿Acaso no es su responsabilidad? Debería INVESTIGAR las actividades realizadas por el Ministerio de Salud desde inicio de 2020, las compras compulsivas que se hicieron, el destino de lo que supuestamente se compró, con quienes se negoció y en qué condiciones. Pero la preocupación de Diego Lucio es la modernización de los sistemas de auditoria, gastar … invertir cuantiosas sumas de dinero público para que quede digitalizado todo el trabajo que hace, que solo es una pantalla para ocultar lo que se deja sin controlar. El Ministerio Público Fiscal, con su ejército de fiscales, tampoco está atento a los actos criminales que se cometen dentro de la administración pública. Todo indica que estos organismos autónomos de justicia, tienen una dependencia funcional del gobierno, y son cómplices al no intervenir.
3 comentarios
No creo que un gobierno peronistas haga semejante cosa.
Cambiemos $$$
y quien se va a autoinvestigar, jódeme que sean tan tontos juajua