En la audiencia de este jueves por la mañana, los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Patricia Yedro, contestaron a los planteos defensivos en el marco de la condena al exgobernador Sergio Urribarri, empresarios, exfuncionarios de sus administraciones y familiares, por delitos contra de corrupción.
Este miércoles contestaron a esos planteos dos representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de las cinco investigaciones acumuladas que dieron por probada la hipótesis acusatoria: el direccionamiento, a través de distintos mecanismos, de dinero público para fines personales.
El fiscal Francisco Ramírez Montrull refutó los cuestionamientos de los defensores en el marco de la sentencia en la causa Parador de Mar del Plata, a partir de la cual se condenó al exgobernador Sergio Urribarri; el empresario Gerardo Caruso; el extitular de la Casa de Entre Ríos, Juan Pablo Aguilera (cuñado de Urribarri); y la contadora Corina Cargnel.
El representante del MPF, retomó los informes telefónicos que constituyen una de las pruebas fundamentales. La investigación abonó la hipótesis de una licitación simulada, el direccionamiento en la contratación del Gobierno provincial a la empresa El Juego en que andamos (cuyo titular es Caruso), y el retorno de parte del dinero que pagó la administración pública por esa contratación al empresario, a manos de Aguilera.
Ramírez Montrull rebatió los cuestionamientos de los defensores. Los abogados aseguraron que con los informes telefónicos se violaron derechos a la intimidad de los investigados. “No hay injerencia abusiva y arbitraria, se cumplió con los recaudos legales. El listado de llamadas se hizo cuando el proceso judicial estaba abierto, las partes estaban informadas y los abogados tenían acceso y estaban notificados de las medidas”, afirmó.
Remarcó que además de considerar probado el direccionamiento a la empresa de Caruso, la Fiscalía entiende probado el retorno de dinero. “En el disco rígido hay una comunicación entre Caruso y Aguilera que contiene un esquema de devolución, vinculado a la licitación pública que adjudicó el parador a El juego en que andamos. Si bien ambos la desconocieron esa comunicación, el esquema de devolución fue extraído de un archivo en el disco externo secuestrado, que también contenía información de carácter personal de la contadora Corina Cargnel a partir de lo cual se estableció que lo usaba ella para estas operaciones”.
A su turno, Patricia Yedro, a cargo de lo que se conoce como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”, se ocupó de rebatir los cuestionamientos a la investigación por la intervención de la Policía Federal en los allanamientos. En efecto, los defensores criticaron este aspecto durante todo el debate oral.
“El juez sentenciante entendió que la Policía federal actuó a modo de policía judicial. Es insólito el cuestionamiento porque la policía no tiene funciones de juzgamiento, es una pretensión inadmisible. Además es un cuestionamiento que se hace sólo sobre el allanamiento que se hizo en calle Racedo 415 y el secuestro del disco rígido en una casa lindera, pese a que ese día se hicieron ocho allanamientos en esta investigación. Siguen apuntando a la exclusión de esta prueba cuando y este planteo ya fue tratado y resuelto”, dijo la fiscal.
“No quiero ofender a nuestra Policía provincial que tanto colabora con nosotros. En ese momento nos encontrábamos ante un caso no común y algunos de los imputados estaban vinculados familiarmente con personas de la Policía. Los procedimientos se hicieron sin inconvenientes, algunos colegas que hoy están aquí participaron y durante la investigación nadie lo cuestionó. Cuando se hizo la audiencia de remisión a juicio tampoco fue cuestionado. En el juicio nos vimos sorprendidos cuando las convenciones probatorias se desconocieron. El tribunal de juicio fue amplio y respetuoso del derecho de defensa. Los jueces, pese a que estaba resuelto, permitió el debate y el planteo y resolvió”, manifestó Yedro y recordó: “Incluso habló de la necesidad de crear una policía judicial”.
“Sostienen y reiteran que hubo una intervención del Poder ejecutivo Nacional para perseguir a opositores políticos, no hay nada más alejado de la realidad. ¿De qué se habla? ¿Qué prueba tienen para decir eso? Justamente con esto, entendemos que tomamos la decisión correcta. Es muy peligroso hacer estas afirmaciones, nunca desde la IPP se hicieron afirmaciones de tamaña gravedad. Tuvieron tiempo para hacer planteos que nunca hicieron, encima la documentación se ingresó por convención probatoria”, recordó.
Yedro recordó que muchos testigos que ahora reclaman los defensores, se desistieron en el marco de las convenciones probatorias. “No podíamos traer a debate testigos que habían sido desistidos a instancias de las convenciones probatorias”, apuntó.
Recalcó que los defensores dijeron ante Casación cosas que no ocurrieron. “Acá le hicieron decir a los testigos cosas que no dijeron en debate, encima es fácilmente comprobable”, advirtió la fiscal. “Quieren hacer creer que esta investigación fue armada, invalidar los secuestros”, acotó.
La fiscal recordó el rol que desempeñó la contadora Corina Cargnel, su conocimiento e involucramiento en todos los negocios de Juan Pablo Aguilera. “La contadora Cargnel no fue quien recibió a la Policía como dijeron los defensores, fue otra empleada que, mientras la buscó a Cargnel aquella mañana, cerró la puerta y los dejó esperando afuera hasta que bajó la contadora. Sin dudas en ese ínterin, Cargnel tuvo tiempo para deshacerse del disco rígido y así lo hizo”, asentó.
Describió el papel de Luciana Almada en las empresas de Aguilera. “Aguilera creó las empresas con sus allegados a la cabeza porque le resultaba sencillo. A su vez el exgobernador tenía un rédito personal porque un porcentaje de lo que fue en publicidad, sirvió para posicionar su figura. Además, el exministro Pedro Báez tenía la decisión sobre qué se publicaba y a quién se contrataba. Báez definía las campañas, era responsable del plan de medios, seleccionaba al medio y con su firma y la del gobernador autorizaba el pago de la publicidad”, narró.
“Todos los controles que debió hacer el Estado fueron laxos o no existieron. Además, esos controles no dieron un baño de pureza o santidad a las maniobras”, completó, en referencia a la línea defensiva que sostiene que, como los actos de administración atravesaron organismos como Tribunal de Cuentas, Contaduría General y Fiscalía de Estado, no son pasibles de ser evaluados bajo el Código Penal. “Siempre se afirmó que esto era una investigación armada. Tienen derecho a creerme o no, estimo a los colegas y seguimos trabajando a diario, pero seamos cuidadosos con el lenguaje. Todos tenemos distintos modos de expresión, no es posible que bajo la excusa de enfatizar, usemos términos de este tipo”, cerró.
La audiencia pasó a un cuarto intermedio y se retomará este jueves a las 9, oportunidad en la que el fiscal Gonzalo Badano concluirá las dúplicas de los fiscales.