Quiere habilitar la unión de cargos provinciales con nacionales en la misma papeleta, junto a una sola urna y agregar el botón de “lista completa” en elecciones generales, que perjudica a fuerzas locales
Semanas atrás, un preacuerdo pergeñado en el Senado presuponía la salvación de la Boleta Única de Papel (BUP). No obstante, en las últimas 48 horas, el Gobierno terminó de confeccionar una propuesta con cambios sustanciales que pondría en riesgo ese entendimiento y significaría la reapertura profunda de una discusión para una ley que, si no se sanciona antes de finales de febrero próximo, perderá su estado parlamentario y tendrá que volver a analizarse desde cero.
Esta situación se da en medio de un Congreso más raro que el previo al receso invernal que se regalan, casi siempre, todas las fuerzas políticas. A pesar de ello, hay cosas que continúan intactas: una Casa Rosada con margen para hacer, pero que todavía no termina de entender -o ya no le interesa- cómo aprobar leyes en un contexto de importante desventaja numérica; y una oposición en su peor momento de representación -y regalada-, que sólo agiganta por fases su enemistad con los libertarios -otros, en cambio, ayudan más que los propios oficialistas- para obtener un rédito, a esta altura, de cualquier tenor.
Para entender la montaña rusa sobre la BUP, veamos el camino recorrido. Diputados aprobó un proyecto en 2022 que casi avanza en el Senado durante el último período estival, en sesiones extraordinarias. Allí se trabó por un llamativo dictamen de minoría que apareció vía Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), que reclama el sistema santafecino de papeletas por categoría y no el modelo cordobés, de boleta única para todos los cargos nacionales en puja. Esta última versión es la que apoyó su partido en la Cámara baja. Rápido de reflejos, el kirchnerismo se plegó a la rionegrina y dejó un potencial empate que no puede ser saldado -al tratarse de cuestión electoral, que requiere mayoría absoluta- por la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
A fines del mes pasado, un sector dialoguista -entre los que se encuentran el peronista disidente Juan Carlos Romero y el radical Maximiliano Abad– empujó, junto al equipo de Villarruel, la eliminación de la casilla para votar la “lista completa” que el proyecto contempla en la elección general, ya que no se prevé para las PASO. Junto a otros asuntos menores, la iniciativa se encaminaba a reconducir el tema pese al desconocimiento que dio a entender Silva, que emitió un comunicado junto a dirigentes y sindicalistas kirchneristas sobre la superioridad del modelo santafecino. Esto ocurrió antes que el Gobierno decidiera la inversión mega millonaria de Gas Natural Licuado (GNL) a favor de Río Negro.
El escenario volvió a complejizarse horas atrás, con una serie de modificaciones del Ejecutivo que barren dicho preacuerdo. El dictamen de mayoría del Senado, que avala la versión de Diputados, apunta a que, en caso de que la elección nacional y de una provincia sean concurrentes -mismo día, igual sistema-, éstas se realicen con urnas y papeletas separadas.
La nueva versión de la Casa Rosada aplica un giro de 180 grados: que un distrito pueda adherir sus cargos provinciales y municipales a los nacionales. Una misma BUP para todo y una sola urna. Y va más allá: incorporar el casillero para votar lista completa también en las PASO. Este punto fue bastante discutido en 2022, en Diputados. Por caso, en una elección presidencial, con diputados y senadores en pugna, los partidos provinciales acusarían desventaja.
Otros movimientos sobre los que direcciona la mira el Ejecutivo apuntan a trocar plazos de campaña -aumentar-, así como también la presentación de candidatos, la potestad de conformar la BUP, la ubicación del primer domingo de agosto para las PASO y el reconocimiento de alianzas electorales, entre otros asuntos.
Si el Gobierno y el oficialismo senatorial convencen a los dialoguistas -y también a Diputados, ya que el proyecto volvería allí en segunda revisión-, La Libertad Avanza conseguirá un logro de relevancia institucional mayúsculo. Si se enfrasca el debate por esto -la sanción de una potencial ley, por plazos legales, debería ocurrir antes de octubre, según especialistas-, el mayor beneficiado será el peronismo, que no tiene ningún interés en defender la propuesta de Silva, sino continuar hasta la eternidad con la boleta sábana. Un Congreso cada vez más extraño.