Ordenan embargo y desalojo a la Diputada libertaria Liliana Salinas

La Justicia le embargó el sueldo a la diputada provincial Liliana Salinas, y ordenó el desalojo de su vivienda en Concordia, tras un largo juicio por la deuda en el pago del alquiler durante 22 meses.

La Justicia le embargó el sueldo a la diputada provincial Liliana Salinas, que ingresó a la Cámara Baja provincial acompañando la candidatura de Javier Milei, y ordenó el desalojo de su vivienda en Concordia, tras un largo juicio por la deuda en el pago del alquiler durante 22 meses. El propietario del inmueble y los propios garantes de la legisladora, habrían sido los impulsores del reclamo judicial.

Salinas alquiló una vivienda sobre calle Laprida en Concordia en 2012, pero habría acumulado una deuda considerable por el impago del alquiler durante varios años. La particularidad del caso radica en que los propios garantes de la legisladora, Pablo Estarque y Oscar Escurra, fueron quienes iniciaron la acción legal, ya que el propietario de la vivienda no podía desalojarla debido a que Salinas convivía en el domicilio con su hijo, un menor con discapacidad.

Durante el juicio, Salinas habría argumentado que no contaba con ingresos suficientes para saldar la deuda, razón por la cual continuó ocupando la vivienda. Sin embargo, tras asumir como diputada provincial, la situación cambió, y los garantes accionaron para que se ejecutara el desalojo y el cobro de la deuda acumulada.

El juez Jorge Ignacio Ponce firmó la orden judicial con fecha del 8 de noviembre, estableciendo el embargo sobre las remuneraciones o dieta de Salinas. El fallo, en el expediente caratulado “Estarque Pablo / Escurra Oscar Javier y otras, desalojo y cobro de alquiler”, resolvió que el embargo se llevara a cabo una vez que los garantes ofrecieran una fianza a satisfacción del juzgado.

El abogado que llevó adelante la denuncia contra Liliana Salinas fue el abogado Alejandro Jacobi, quien esta semana fue inhabilitado por un año y medio para ejercer cargos públicos o partidarios, como así también para elegir o ser elegido en elecciones nacionales o partidarias, por «omitir rendir cuentas y transparentar los movimientos económicos» del partido Compromiso Federal, partido que en las últimas elecciones integró el Frente «Más Para Entre Ríos».

El abogado Jacobi es «socio» del abogado Pedro De La Madrid, quien fue detenido esta semana por ejercicio ilegal de la profesión, dado que está inhabilitado para ejercer la profesión por varios delitos a los que fue condenado en el 2016.

Además, De La Madrid está siendo investigado en otra causa por debido a una serie de pagarés vinculados a supuestas operaciones fraudulentas, causa en la que también estaría implicado Jacobi.

Jacobi es uno de los abogados que inició la demanda de Analía Miranda contra la concejal Yaiza Pessolani Bechet. Miranda y Pessolani fueron compañeras en la lista de concejales de La Libertad Avanza, pero Miranda la denunció por «falsificación de documentos públicos» para obtener la banca en el Concejo Deliberante de Concordia, ciudad en la que -según argumenta Miranda- no reside.

La propia presidenta del Concejo Deliberante, Magdalena Reta de Urquiza sospecha que se trata de una disputa política interna de La Libertad Avanza, dado que Miranda es la que le sigue en la lista de Concejales. Si Pessolani Bechet renuncia, asume Miranda. Aunque la Justicia ya desestimó en dos oportunidades la denuncia.

Analía Miranda es militante del espacio que conduce Liliana Salinas, el Partido Conservador Popular, y como este partido fue uno de los que ayudó a conformar la Alianza La Libertad Avanza en Entre Ríos, ambas habrían así conseguido sus lugares en las listas. Con la diferencia que Salinas entró en la Cámara de Diputados y Miranda no entró en el Concejo Deliberante.