José Ángel Allende y Familia a JUICIO por Enriquecimiento Ilícito y Negociaciones Incompatibles

El dictamen judicial sacudió el ambiente de la política y el sindicalismo en Entre Ríos. El juez Pablo Zoff ha formalizado el procesamiento de José Ángel Allende, figura destacada como exdiputado provincial y actual titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de Entre Ríos. La medida judicial se extiende a varios de sus familiares directos, quienes enfrentan imputaciones por los graves delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Esta resolución pone fin a una exhaustiva investigación que se prolongó por más de una década, teniendo como detonador un incremento patrimonial extraordinario.

La investigación judicial, meticulosa y prolongada, confirmó un desproporcionado incremento patrimonial en las finanzas de José Ángel Allende. Este crecimiento anómalo se concentró principalmente entre los años 2000 y 2016, un período crucial que coincide plenamente con su desempeño como legislador en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Según la acusación, su posición en el ámbito público habría sido instrumental para el desarrollo de una serie de actividades ilícitas que le permitieron amasar una fortuna considerable.

Las pericias contables, consideradas la prueba reina en esta compleja causa, fueron categóricas. El informe del perito contable de la fiscalía, Héctor Enrique, fue contundente al confirmar al juez Zoff que los ingresos declarados por Allende y su núcleo familiar eran «insuficientes para explicar la adquisición de numerosos inmuebles y vehículos». Esta conclusión técnica, que evidencia una flagrante «inconsistencia patrimonial», adquirió mayor relevancia al corroborar las propias «confesiones de culpabilidad» que José Ángel Allende había realizado en los años 2016 y 2020.

Perito Contable RATIFICA que Allende NO puede justificar su patrimonio y queda al borde del juicio

La disparidad entre los valores de adquisición de los bienes y sus tasaciones reales no pasó desapercibida para el magistrado. El juez Zoff señaló una «notoria desproporción» que sugiere una «subvaluación contable» intencionada, una maniobra que, se presume, buscaba disimular el origen espurio de los fondos. Más allá de las propiedades y los vehículos, la investigación profundizó en «gastos no determinados en dinero», como el elevado costo del mantenimiento de caballos pura sangre y los frecuentes viajes al exterior, elementos que, aunque no directamente monetarios, sumaron evidencia al entramado de enriquecimiento. El monto cuantificado del presunto enriquecimiento injustificado asciende a una cifra impactante: $10.481.385,19 pesos y 64.000 dólares. Sin embargo, el dictamen judicial advierte que esta cifra es solo una parte de la ecuación, existiendo «conceptos no cuantificados» que también denotan una disparidad entre sus ingresos declarados y el valor real de sus adquisiciones.

Para ejecutar su propósito de ocultar y, eventualmente, «blanquear» este vasto patrimonio, la justicia sostiene que José Ángel Allende se habría valido de sus familiares más cercanos, quienes actuaron como «personas interpuestas». En este contexto, el dictamen del juez Zoff también alcanza a su actual esposa, Adriana Guadalupe Satler, y a su exesposa, Diana María Cristina Traverso, ambas procesadas como partícipes necesarias en el delito de enriquecimiento ilícito.

Del mismo modo, sus hijos, Julio Alejandro Allende y Victoria Allende, enfrentan cargos como partícipes necesarios en la misma figura delictiva de su padre. El juez fue enfático al señalar que todos los involucrados actuaron con «dolo», lo que implica que tenían pleno conocimiento de la ilegalidad de las acciones en las que participaban. La única excepción en el procesamiento familiar es la de Victoria Allende, quien, aunque procesada por enriquecimiento ilícito, fue sobreseída del cargo de negociaciones incompatibles. Sin embargo, su padre y los demás familiares sí fueron imputados por ambos delitos.

Entre los activos de alto valor que la fiscalía considera que no se corresponden con los ingresos declarados se encuentra un impresionante catálogo de bienes: desde lujosas residencias y múltiples apartamentos en ubicaciones estratégicas, hasta extensas tierras rurales, una flota de vehículos de alta gama, una porción de una isla e incluso sofisticados yates. La falta de justificación para la adquisición y posesión de estos bienes fue un factor preponderante para el procesamiento.

Más allá del enriquecimiento ilícito, José Ángel Allende y Adriana Guadalupe Satler enfrentan acusaciones por negociaciones incompatibles con la función pública. Este cargo se deriva de su presunta intervención directa en la obtención de subsidios no reintegrables por una suma cercana al millón de pesos, destinados a la «Fundación Esperanza». La gravedad radica en que Allende ocupaba las posiciones de presidente y secretario en dicha fundación, mientras que Satler también desempeñaba un rol directivo. El juez Pablo Zoff subrayó en su dictamen que la correcta rendición de estos subsidios, en caso de haberse realizado, no exime de la comisión del delito, ya que la irregularidad subyace en la clara incompatibilidad de roles y el conflicto de intereses que esto generaba.

Como medida cautelar y para asegurar la potencial reparación del daño, se trabó un embargo o inhibición de bienes por $4.000 pesos sobre cada uno de los procesados. Este paso legal, sumado a la contundencia de las pruebas recabadas –especialmente el informe pericial contable que la defensa de Allende no pudo refutar– y la decisión de la familia de no declarar ante el juez, allana el camino para la siguiente etapa crucial del proceso: el juicio oral.

Fuentes judiciales indican que, dada la solidez de la evidencia acumulada a lo largo de más de una década, el procesamiento de José Ángel Allende y su familia se considera un paso prácticamente definitivo hacia una instancia donde se determinará su responsabilidad final y se buscará hacer justicia en un caso que ha mantenido en vilo a la provincia de Entre Ríos, marcando un precedente significativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la función pública, de alguien que solamente habría USUFRUCTUADO PARA BENEFICIO PROPIO SU ROL EN EL ESTADO COMO DIPUTADO POR 20 AÑOS . Es importante resaltar que Allende YA CARGA CON UNA CONDENA POR AMENAZAS A UN PERIODISTA, y que también sería procesado por VIOLENCIA DE GENERO en un incidente con la ex Ministra de Salud Sonia Velazquez. Estas dos situaciones previas suman UNA COMPLICACIÓN CRÍTICA a Allende, que con este procesamiento ordenado por el Juez Zoff,  los entendidos ya mencionan que se le haría muy difícil no terminar dentro de una celda.