La infraestructura del Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis”, pieza clave para la conectividad y el desarrollo productivo de la Mesopotamia, se encuentra en el centro de un creciente escándalo que combina presuntos sobreprecios millonarios, fraude técnico y una cuestionada trama de influencias políticas. Lo que se proyectó como una obra esencial para la seguridad vial, consistente en la reparación de 1.865 metros cuadrados de losas de hormigón en ambas cabeceras del viaducto —990 metros en Santa Fe y 780 en Paraná—, ha derivado en una estructura paralizada y bajo sospecha de ser una «obra trucha». La ejecución de estos trabajos fue adjudicada a la empresa Norvial Servicios S.A. por un monto original de 433.964.517,40 pesos, pero los resultados obtenidos hasta el momento han encendido las alarmas de algunos funcionarios como el ex director y hoy asesor del ente Lisandro Villar presionan para rescindir el contrato con Norvial antes de que se les venga la noche.
Las irregularidades técnicas detectadas son calificadas como críticas por expertos en ingeniería. Tras meses de haber iniciado las tareas, los controles de laboratorio realizados mediante el método de testigos calados revelaron una situación alarmante: el hormigón, que según el pliego debía alcanzar una resistencia a la compresión de 38 MegaPascales (MPa), apenas llegó a los 20 MPa. Esta deficiencia implica que, aunque se facturó un material de alta performance apto para el tránsito pesado de un corredor internacional, se colocó una mezcla que apenas cumple con las exigencias de un pavimento urbano liviano. El material ha comenzado a desmoronarse y a quebrarse incluso en las zonas donde la superficie parece plana, lo que representa un peligro inminente ante el flujo constante de camiones de gran porte.
La incertidumbre financiera se centra ahora en el destino de los fondos ya desembolsados. La licitación, que comenzó con un presupuesto de 433 millones de pesos, terminó inflándose mediante el mecanismo de mayores costos hasta alcanzar los 525 millones. De ese total, la empresa Norvial ya percibió 100 millones de pesos en concepto de adelantos y certificados de obra. Si se concreta la rescisión del contrato, el Estado se enfrentará a un perjuicio económico doble: la probable pérdida de esos 100 millones ya pagados por un trabajo defectuoso y el costo adicional de contratar a una nueva empresa que deberá, primero, demoler y limpiar lo mal construido, para luego ejecutar la obra de nuevo desde cero.
El trasfondo político de la adjudicación añade una capa de sospecha al caso. Norvial Servicios S.A., liderada por Leonardo Damonte, ha sido señalada por carecer de la capacidad económica y financiera real para afrontar proyectos de esta envergadura, funcionando presuntamente como un vehículo para inversiones de «fondos políticos». Se mencionan vínculos estrechos entre otros con figuras del poder regional, como el exsenador de La Paz, Aldo Ballestena, quien tenía contratada como secretaria a la esposa de Damonte, mientras era empleada de la firma, y nexos con gestiones anteriores que habrían permitido a la empresa sostener una facturación millonaria con el Estado a pesar de sus antecedentes de negligencia.
Entre los antecedentes más preocupantes de la constructora se destaca el grave inconveniente ocasionado por la erosión del puente sobre el arroyo La Santiagueña, en la calle Moreno de Paraná, una obra que presentó fallas estructurales similares a las del Túnel. Asimismo, el loteo del Acceso Norte permanece como un monumento a la irregularidad, con informes hidrológicos apócrifos firmados por un profesional, Ricardo Ruiz, que carecía de matrícula habilitante en la provincia. Este patrón de comportamiento sugiere un «modus operandi» basado en la falsificación de documentación técnica para obtener factibilidades y pagos estatales sin cumplir con las normas mínimas de seguridad.
En en el plano judicial, la situación de los titulares de la empresa en su momento fue crítica. Tanto Damonte como María Eugenia Castrillón (oriunda de La Paz) enfrentaron causas por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal agravada. Castrillón, en una recordada y exaltada declaración ante la fiscalía, intentó desmarcarse alegando que su rol como presidenta era meramente formal, producto de una deuda personal que Damonte mantenía con ella desde su época en la firma Granos Argentinos S.A. Sin embargo, para los investigadores, esta defensa resulta inverosímil frente a la firma de contratos de gran envergadura.
Actualmente, el conflicto administrativo se encuentra en un punto de tensión entre las dos provincias. Mientras en algunos funcionarios existe una firme voluntad de rescindir el contrato ante la evidencia del fraude y que se les venga la noche, parte del directorio se muestra reticente a firmar la resolución para evitar quedar vinculados a un hecho irregular que ya nació con un sobreprecio estimado entre el 30% y el 40%. La resolución de este escándalo queda ahora en manos de la Comisión Interministerial, que deberá decidir si convalida este esquema de desidia o exige transparencia absoluta sobre el destino de los fondos y la seguridad estructural del viaducto.
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