El regreso de Cecilia Goyeneche coincide con el lanzamiento de la causa «Contratos Truchos II»: empezaron a sonar teléfonos

Tras ser restituida en sus funciones luego de un complejo proceso judicial, la fiscal Cecilia Goyeneche reasume su cargo con un poder fortalecido por el fallo de la Corte. Su retorno coincide con la reactivación de la denominada «Causa Contratos II», legajo N° 305.361,  una investigación que busca escalar la pirámide de responsabilidades más allá de los «perejiles» ya condenados, apuntando directamente a figuras de peso político. El primer sindicado en este legajo es Aldo Ballestena, lo que implicaría directamente al ex vicegobernador Adán Bahl. ¿Se podrá avanzar en la Causa Contratos I mientras la Causa II recién empieza?.  Si inician Contratos Truchos II y van contra los verdaderos responsables, ¿los teléfonos de quienes sonarían para que detengan el proceso?

Tras casi cuatro años de una batalla judicial que escaló hasta los tribunales nacionales, Cecilia Goyeneche ha vuelto a su despacho en el Ministerio Público Fiscal (MPF). Su destitución, ocurrida en mayo de 2022 tras un jury de enjuiciamiento que la acusó de no haberse apartado en una causa donde un allegado estaba involucrado, fue finalmente revertida. Goyeneche vuelve con el respaldo de la Corte Suprema, lo que en los pasillos de los tribunales de Paraná se interpreta como una «inmunidad política» de facto: después de haber sido señalada y haber salido airosa, la fiscal asume una postura de mayor rigurosidad.

Su regreso no es solo simbólico. Viene acompañado de la reapertura formal de la causa conocida como «Contratos Truchos II», una derivación de la megaestafa que salió a la luz en 2018.

Hasta el momento, la condena social y judicial se había centrado en los partícipes necesarios, comúnmente denominados «perejiles» en la jerga judicia, aquellos que retiraban el dinero de los cajeros automáticos (como los casos de Mena y Becan etc etc) Sin embargo ninguno de estos ni los funcionarios de segundas líneas sentados en el banquillo de los acusados autorizaron los contratos ni firmaron los cheques. Ahora querrían sentar en el banquillo a los que sí autorizaban los contratos y firmaban los cheques.

La nueva etapa de la investigación, impulsada por la reapertura solicitada a fines del año pasado, pone el foco en la cadena de mandos de la Vicegobernación y la Cámara de Diputados. La lupa está sobre la gestión de Adán Bahl como vicegobernador (2015-2019). Según los mentideros judiciales y políticos, existe una estrategia de «pulcritud administrativa» que la justicia intenta desarmar: se sospecha que, aunque la decisión política de los contratos emanaba de la máxima autoridad, al momento de la firma se utilizaba la figura de los vicepresidentes primeros para no quedar «pegados» en los papeles.

Hay una mecánica repetitiva en varias gestiones: cuando había que formalizar contratos sospechosos, el titular del cuerpo se ausentaba o delegaba la firma. En el caso de la gestión de Bahl, se menciona con insistencia a su vicepresidente primero de entonces, el senador por La Paz, Aldo Ballestena, que por eso ocupa la «POLE POSITION» en el legajo N° 305.361, la denominada «Causa Contratos II».

Las fuentes indican que Ballestena no habría sido un mero ejecutor desinteresado. En los pasillos políticos se comenta que el «beneficio» por poner el gancho en los listados de contratos era una cuota de contratos propios. «Firmame estos 70 y te doy 10 para vos», sería la moneda de cambio habitual en la jerga de los mentideros. No obstante, el avance judicial plantea que nada salía de la Vicegobernación sin la autorización, aunque fuera tácita o política, del propio Bahl, quien era responsable de administrar los fondos del Senado.

Un punto que genera suspicacias en el ámbito tribunalicio es la estrecha relación entre el Procurador General, Jorge Amílcar García, y figuras del poder político. Se habla de una estructura verticalista donde el Procurador decide qué se investiga y qué se archiva.

Las «malas lenguas»  señalan que el Procurador García mantiene una relación de extrema cercanía con el exintendente José Carlos Halle , al punto de decir que «se entienden con la mirada como en el truco». Esta red de contactos habría facilitado, en su momento, un acercamiento entre García y Adán Bahl, con asados y cenas de por medio mientras la causa original de los contratos ya estaba en marcha.

La incógnita es si la justicia entrerriana tendrá el coraje de sentar en el banquillo a quienes diseñaron el sistema (los autores intelectuales) o si el proceso terminará con un par de personas presas por sacar plata de un cajero, mientras los dueños de la lapicera siguen en sus casas o en funciones públicas.

Actualmente, la justicia se encamina a condenar a los «soldados» de la organización (los cobradores de cajero), pero la «Contratos II» busca determinar si habrá un segundo juicio donde finalmente se sienten en el banquillo los «generales».

Con Goyeneche de regreso y más dura que nunca, el 2026 se perfila como un año de definiciones. La fiscal parece dispuesta a ir por todo, desafiando incluso las relaciones de cordialidad que algunos sectores del MPF mantienen con la vieja guardia política de Entre Ríos. Lo que sí trascendió es que el nerviosismo  se apoderó de los que tuvieron la responsabilidad de presidir las cámaras de senadores y diputados desde el 2007 en adelante,  José Allende (el de las causas judiciales pendientes), José Lauritto, José Cáceres, Adán Bahl .  Tanto nerviosismo que agarraron sus celulares y comenzaron a marcar números desesperadamente. La pregunta queda flotando en el aire, a quién o a quiénes llamaron.