Un escándalo político se desató en Victoria tras una denuncia por violencia de género contra el juez de faltas Alfonso Martín Azpeitía, quien está vinculado de manera personal con Camilo Stratta, hermano de Laura Stratta, de quien, además de amigo, dicen que es socio. La presentación judicial también hizo resurgir graves sospechas sobre presuntos negocios millonarios y posibles manejos irregulares de multas en el juzgado ligado a redes de poder político de la familia Stratta, lo que deja en evidencia una flagrante doble vara por parte de los sectores que se proclaman abanderados de las políticas de género pero sostienen a funcionarios denunciados.
Escándalo judicial
La situación procesal del funcionario municipal quedó al descubierto luego de que la Justicia de Familia librara a la Jefatura Departamental de Policía el oficio correspondiente a la resolución número 2035 para notificar formalmente las medidas de protección a favor de la denunciante. Ante la gravedad de los hechos presentados en el expediente número 18368, el magistrado interviniente dispuso la exclusión del hogar de Alfonso Martín Azpeitía y le prohibió acercarse a menos de 200 metros de la víctima, de su vivienda o de sus lugares de trabajo y estudio por el plazo de 90 días.
Asimismo, la resolución judicial impuso al denunciado la prohibición absoluta de contacto por cualquier vía, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial. En forma paralela, se ordenó a la fuerza de seguridad la instalación urgente de un dispositivo de alerta botón antipánico en el teléfono celular de la damnificada, y se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario y al Ministerio Pupilar para asegurar la integridad física y psíquica de la víctima.
Armado político
Detrás de la designación del cuestionado juez de faltas se teje una compleja trama de influencias y lealtades partidarias en Victoria. Según sostienen fuentes locales, el nombramiento de Alfonso Martín Azpeitía no habría respondido a una línea sucesoria natural dentro de la estructura administrativa, donde hipotéticamente correspondía asumir al segundo en el escalafón, identificado como Elías Cesario.
Por el contrario, la llegada de Alfonso Martín Azpeitía al codiciado cargo se habría concretado por presunto pedido y gestiones de Camilo Stratta, presidente de la Caja de Jubilaciones de Victoria y hermano Laura Stratta, con quien el magistrado mantendría presuntos lazos de amistad y una supuesta relación societaria. Este desplazamiento de los cuadros previsibles habría desatado un fuerte malestar interno y expuesto el manejo discrecional de los casilleros de poder en la ciudad. Camilo Stratta es recordado por haber sido designado , mediante el decreto 914/20, en el directorio del IAPSER junto al hermano de Adan Bahl, y también contratado en la legislatura entrerriana cuando reinaba su hermana.
Negocio ganadero
El foco de las mayores críticas y sospechas recae sobre el presunto manejo discrecional y los supuestos negocios millonarios que orbitarían históricamente alrededor del Juzgado de Faltas local. La dependencia municipal cumple un rol estratégico en la economía de la región, ya que detenta la potestad de emitir autorizaciones y fiscalizar las multas vinculadas al masivo transporte de ganado desde las 180 mil hectáreas de islas de Victoria que tienen propietario y otras 180 mil hectáreas que están usurpadas, un territorio inmenso donde, según se comenta, el juzgado hace la vista gorda al momento de ser trasladados los animales.
Con miles de hectáreas de islas explotadas para la producción y el engorde bovino, la inminencia de crecientes en los ríos obliga a los productores a realizar traslados urgentes de animales, requiriendo la documentación y los visados indispensables que emite el juzgado municipal. En ese contexto, las denuncias apuntan a la posible existencia de un circuito de coimas, presuntos arreglos por afuera y supuestas condonaciones de multas a cambio de mirar hacia el costado, lo que convertiría a la fiscalización en una lucrativa caja recaudadora al margen de la transparencia institucional.
Y ademásss …
Por otro lado, la trama de encubrimiento y los beneficios discrecionales involucran de lleno a un familiar directo del juez de faltas Alfonso Martín Azpeitía, vinculado estrechamente a una empresa de procesamiento de pescado de la ciudad que operaría a espaldas de los controles ambientales, desatando las quejas de los vecinos por los insoportables olores nauseabundos que invaden los barrios, una situación de contaminación e irregularidades mantenida bajo un manto de impunidad gracias a prebendas y dádivas que habrían blindado a la firma ante la complicidad y la vista gorda de los organismos de control municipal.
Doble vara
El impacto político del caso adquiere una dimensión aún mayor al contrastar la gravedad de los hechos con el perfil público de los sectores que habrían respaldado políticamente la llegada de Alfonso Martín Azpeitía. La protección y el ascenso del funcionario estarían vinculados a dirigentes de familias como los Stratta y los Castañino, quienes de manera sistemática levantan las banderas del feminismo, la lucha contra la violencia machista y la defensa de los derechos de las mujeres.
La contradicción expone una inocultable doble vara en el ejercicio del poder, donde referentes que discursivamente se erigen como abanderadas de las políticas de género terminan sosteniendo y encumbrando en puestos clave a funcionarios denunciados por violencia familiar. Mientras la Justicia avanza con medidas de restricción perimetral y dispositivos de protección para la víctima, el escándalo político desnuda los oscuros manejos institucionales y económicos que presuntamente operan detrás del poder municipal en Victoria.
