La diputada planteó que los funcionarios pudieron malversar fondos públicos, entre otros delitos. Hay presentaciones en la misma sintonía
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz radicó hoy una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos y otros delitos ante la Justicia Federal para que se investigue cómo maneja la Casa Rosada los recursos del llamado Sistema Vial Integrado (SisVial), después de que el propio Gobierno admitiera que utiliza parte de los fondos destinados legalmente a las rutas nacionales para “lograr el equilibrio fiscal”.
Tolosa Paz solicitó que la Justicia evalúe si funcionarios libertarios incurrieron en una malversación de fondos públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la gestión de $1,038 billones del SisVial que no se han aplicado a la construcción y mantenimiento de rutas nacionales y obras viales.
De acuerdo con los datos citados en la denuncia de la legisladora de Unión por la Patria (UP), el SisVial recaudó $1,503 billones durante los dos años y medio, pero solo destinó $394.406 millones a su destino específico, lo que supone una subejecución del 73,8%. En 2024 se ejecutó el 11,3% de los recursos asignados; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, apenas el 18,5%.
Al 31 de mayo último $1,001 billones estaban colocados en inversiones financieras al 31 de mayo último, entre plazos fijos y títulos públicos, mientras otros $37.761 millones permanecían en una cuenta corriente. La denuncia sostiene, además, que no toda la recaudación asignada habría ingresado efectivamente al fideicomiso, por lo que solicita determinar cuánto dinero llegó al SisVial, cuánto permaneció invertido y cuál fue el destino de los recursos que eventualmente fueron retenidos antes de ingresar en sus cuentas.
El planteo judicial adquiere especial relevancia porque el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que una parte de los impuestos que alimentan el sistema es dispuesta por el Ministerio de Economía para alcanzar el equilibrio fiscal, aunque no pudo precisar qué proporción queda efectivamente destinada al mantenimiento de las rutas. La denuncia busca determinar si esa utilización resulta compatible con la afectación específica de los recursos y qué funcionario o dependencia impartió las instrucciones correspondientes.
Tolosa Paz sostuvo que se trata de recursos que el Estado nacional recauda con un destino legal específico e irrevocable. “Lo que estamos denunciando es que recursos tributarios que tienen un destino específico e irrevocable —el pago de obras y el mantenimiento de la red vial nacional— fueron retenidos y colocados masivamente en instrumentos financieros”, afirmó.
Uno de los principales ejemplos analizados corresponde a las obras comprometidas sobre las rutas nacionales 3 y 5 en la provincia de Buenos Aires, financiadas parcialmente mediante el préstamo CAF 11744. El programa contempla trabajos sobre la RN5 entre Mercedes y la Variante Suipacha y sobre la RN3 entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs.
“La situación de las rutas nacionales 3 y 5 es un ejemplo concreto de esta contradicción. Hay obras contratadas, financiamiento internacional y recursos del SISVIAL disponibles, pero la contraparte local no fue ejecutada en la medida comprometida. La Argentina toma deuda para financiar las obras mientras los fondos nacionales destinados a esas mismas obras permanecen colocados en instrumentos financieros”, señaló.
El esquema de financiamiento establece un aporte de 30% de contraparte local y 70% de financiamiento externo. Sin embargo, según los informes de auditoría correspondientes a 2024 citados en la denuncia, la ejecución de la contraparte local fue de 0%, pese a la existencia de recursos del SisVial disponibles.
Los niveles de avance también fueron señalados como evidencia de la demora. La obra de la RN5 entre Mercedes y la Variante Suipacha registraba a mayo de 2026 un avance físico de 16,89% y financiero de 11,36%. Otro tramo de la misma ruta, entre el distribuidor de la RP 41 y el kilómetro 104, tenía un avance físico de apenas 0,88% a diciembre de 2025, aunque el contrato debía finalizar en octubre de ese año. En la RN3, entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs, el avance físico alcanzaba 26,95% a mayo de 2026.
Denuncias previas
El proceder de la Casa Rosada con las obras viales acumula reclamos y denuncias desde al menos febrero de 2025, cuando el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, se presentó con varios intendentes de la provincia ante el Juzgado en lo Contenciosoadministrativo Federal N° 1 de San Martín para que el Gobierno explique el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles. “Cada vez que cargás combustible en la estación de servicio, un tercio de eso va a una cuenta específica que tiene como único destino, por ley, el arreglo de las rutas, que están en un estado total de abandono”, explicó.
En un documento público, en tanto, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViNa) denunció el “uso discrecional e ilegítimo” de la recaudación del SisVial. “Se podrían haber rehabilitado 3.000 km de rutas. Se podrían haber mantenido 22.000 km más”, estimaron. “Los números son contundentes: los recursos existen, la voluntad política, no”.
Por su parte, el director del Instituto Consenso Federal, el exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, reclamo que la Casa Rosada rinda cuentas porque “incumple decididamente con la ley, reduciendo brutalmente las transferencias a las provincias, los subsidios al transporte y los gastos de capital”.
En ese sentido, Tolosa Paz pidió ayer a la Justicia que ordene medidas urgentes para preservar documentación vinculada con la gestión de los fondos desde enero de 2024. Entre ellas, conservar instrucciones que hayan impartido los funcionarios responsables, expedientes administrativos, correos electrónicos, registros contables y bancarios, y certificar los saldos actuales de las cuentas del SisVial y de sus inversiones.