El escándalo del loteo en el Acceso Norte: entre el negocio millonario, las firmas truchas y un colapso vial que anticipa un desastre urbano

Sin obras de ensanche previas ni dádivas de ordenamiento vial, los automovilistas se ven obligados a maniobrar en calles angostas e incluso a transitar por huellas vecinales y caminos de tierra precarios, como la salida improvisada por Fraternidad hacia la ruta, que evoca los viejos accesos del terreno donde solía realizarse la Fiesta de Disfraces. La peligrosidad del sector se incrementó drásticamente debido a vehículos que circulan a alta velocidad por arterias como Bartolomé de las Casasy la colectora, generando roces constantes, accidentes menores y bloqueos donde nadie cede el paso.

El malestar social estalló de manera visible en las plataformas comunitarias de mensajería. En los grupos de Vecinos de Lomas del Seminario, los frentistas expresan su indignación ante la pérdida de tranquilidad y la ausencia de respuestas institucionales.El caos provocado por la masa escolar es solo el síntoma visible de un problema de fondo mucho mayor: la habilitación del masivo loteo del Acceso Norte. La historia del proyecto se remonta a los primeros años de la década pasada, cuando la Caja de Previsión Social de Médicos y Bioquímicos, presidida por Roberto Gebhart, solicitó la factibilidad para lotear un extenso predio en la entrada a la capital provincial.

A pesar de que el trámite permaneció paralizado durante casi cuatro años por graves objeciones técnicas y ambientales, el 7 de diciembre de 2015, a solo tres días de que la exintendenta Blanca Osuna dejara el poder para traspasar el mando a Sergio Varisco, la gestión saliente firmó la factibilidad del loteo de manera exprés. Fuentes del sector coinciden en que la resolución fue impulsada tras severas presiones políticas emanadas del riñón del exgobernador Sergio Urribarri.

El emprendimiento configuró un negocio financiero millonario sin precedentes en la zona. La entidad conducida por Roberto Gebhart había adquirido unas 28 hectáreas de terrenos tierras a un propietario particular, A  L  por un monto cercano a los 300.000 dólares, una suma infima por semejante cantidad de hectáreas porque se entendía que nadie iba autorizar un loteo para construir viviendas sobre arroyos y lagunas llena de totoras y cañaverales. Sin embargo mediante la autorización municipal para subdividir el terreno en un esquema de hacinamiento urbano con más de 400 lotes de escasos 300 a 400 metros cuadrados, la cotización de la propiedad se disparó a una cifra astronómica estimada en 30 millones de dólares.

El valor irrisorio de la venta de esas 28 hectáreas por parte de Londero se explican en que se consideró que esos terrenos abarcaban una zona inviables para una explotación económica, ya que adecuarlos y cumplir con las exigencias básicas de infraestructura implicaría una inversión tan monumental que los precios resultantes para recuperar ese dinero harían imposible su colocación en el mercado inmobiliario.

El escandaloso margen de ganancia privada  por parte de quienes comparon esos terrenos se garantizó omitiendo las exigencias básicas de infraestructura. Para llevar a cabo un loteo de semejante magnitud, la normativa ambiental exige evaluar la provisión real de luz, agua, gas y cloacas, la conservación del paisaje y los pulmones verdes, pero sobre todo los estudios de drenaje e inundabilidad, transitabilidad en los accesos y salida del complejo habitacional. Las tierras en cuestión abarcaban el cauce natural de antiguos arroyos y lagunas cubiertas de totoras y cañaberales, los cuales fueron rellenados de manera precaria sobre zonas bajas y vulnerables.

Ante la contundencia de las pruebas y la falsificación del documento público, durante la administración del exintendente Sergio Varisco, la Municipalidad de Paraná dio un paso decisivo e instruyó a su Fiscalía de Estado para denunciar penalmente las maniobras fraudulentas. Esta acción derivó en la paralización del loteo, dejando al descubierto una trama de omisiones deliberadas y falta de controles en la que quedaron seriamente complicados, el exsubsecretario de Infraestructura Abelardo Llosa y el exdirector de Vialidad Urbana e ingeniero Xavier Bilbao, entre otros

Las ramificaciones del caso alcanzaron directamente al mapa de la corrupción institucional de Entre Ríos. Roberto Gebhart, la cara visible de la Caja de Previsión Social de Médicos y Bioquímicos, es además el padre de Pedro Gebhart, exdirector condenado en la causa judicial que investigó el desvío de fondos a través de microcréditos ministeriales. A la par, las investigaciones periodísticas e institucionales revelaron las transacciones inmobiliarias de su otro hijo, el abogado Iván Gebhart, quién cedió la lujosa vivienda particular que pasó a ocupar Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri y también condenado por la justicia penal.

En el plano político actual, la posición de la Municipalidad encabezada por la intendenta Rosario Romero ha sido tajante al recordar que el loteo del Acceso Norte estuvo viciado desde su origen y que no debe ser autorizado en las condiciones de irregularidad con las que fue concebido. Mientras tanto, el área económica de la comuna, conducida por el contador Alexis Bilbao desde la Secretaría de Hacienda y Producción, vigila el impacto financiero que implicaría para el municipio tener que asumir con fondos públicos las costosas obras de infraestructura que los privados omitieron realizar.

Las proyecciones viales para la zona del Acceso Norte son alarmantes. Si a la saturación que genera hoy la actividad del colegio se le suma la consolidación de las 400 viviendas proyectadas en el loteo, se estima que ingresarán a la zona entre 600 y 800 vehículos adicionales diariamente. Sin un plan integral que resuelva los cuellos de botella en calle Don Bosco, los accesos a la colectora y los sistemas de drenaje hidráulico, Paraná se enfrenta a la consolidación de una estafa urbana donde la especulación privada primó sobre la seguridad y la calidad de vida de toda la comunidad.