«Todos los contratos fueron aprobados por las autoridades, por el presidente de Cámara, por los secretarios de Cámara de cada gestión. Y esos presidentes de Cámara, secretarios de Cámara, no eran empleados administrativos, eran funcionarios políticos», indicó el Dr. Emilio Fouces, abogado defensor en la causa Contratos I, a Radio RD 99.1
«Este miércoles terminó la audiencia donde se define si una causa se eleva o no a juicio, con qué pruebas y con qué imputados y con qué cargos imputados y demás. Ahora la juez interviniente tiene 20 días, y según anunció, antes de la feria judicial va a dar a conocer la resolución. Si bien ya hay una parte que se resolvió, que está en el Superior Tribunal en este momento, ahora lo que debe resolver es lo más importante que es finalmente si la causa se eleva o no a juicio. Estamos hablando siempre de la denominada Contratos I, causa Beckman, que es de fines del 2018», comentó Fouces.
«Pero surgió un hecho nuevo, que incluso surgió en el transcurso de esta audiencia, a principios de este año, y por ustedes, los abogados defensores y toda la ciudadanía en general, tomamos conocimiento de que en noviembre del año pasado, el 25 de noviembre más precisamente, se habría dado inicio formalmente a una nueva investigación penal preparatoria, que es la denominada periodísticamente o mediáticamente Contratos II, que es donde, según los trascendidos periodísticos, reitero, los abogados no hemos sido notificados de nada de esto, según trascendidos periodísticos, habrían sido citados a declarar, a designar abogados defensores, a todas las personas que fueron autoridades de cámara, tanto de diputados como de senadores, durante el periodo investigado, vale decir 2008-2018».
«Frente a esa situación, reiteré mi oposición a que esta causa, la que nosotros estamos interviniendo, que es la llamada Contratos I, se le va a dar juicio porque evidentemente la investigación no estaba acabada, porque en esta causa nuestros defendidos están acusados desde el día uno de formar parte de una organización ilícita que tenía por objeto de traer fondos de la administración pública a través de contratos denominados truchos y las personas imputadas eran los que estaban imputados en esta causa, que eran en principio 30, ahora quedan 20 más o menos, más la participación de un grupo de personas que al día de hoy no han podido ser identificadas».
«Así surge la investigación de esta causa, pero ahora, a través de la prensa tomamos conocimiento que las personas que en principio no habían podido ser identificadas ahora estarían identificadas a través de esta investigación que se abrió de Contratos II, así que lo que pedimos es que se unifiquen ambas investigaciones porque el hecho es exactamente el mismo, no estamos cambiándole ni una coma al hecho investigado en uno u otro legajo, es exactamente el mismo hecho, por lo tanto es un contrasentido y atenta contra las garantías de las personas investigadas tanto en una como en otra causa, porque atenta contra el derecho de defensa, porque pueden suceder cosas en el otro legajo donde vos no intervenís que te beneficien o viceversa».
· ¿Las personas que estarían siendo investigadas o por lo menos estarían en la Contratos II, podrían ser testigos o se habrían propuesto como testigos en la causa Contrato I?
«Exacto. Esto marca una gran contradicción e inadmisible en lo que es el derecho penal, de que todas las personas que en la prensa salió que habrían sido citadas, o sea, que están siendo investigadas en la causa nueva, en la Contratos2, todas esas personas están ofrecidas como testigos tanto por la fiscalía como por los defensores Contratos1. Entonces, ¿cómo esas personas que están siendo investigadas van a declarar como testigos en otra causa? Eso es violar la prohibición de autoincriminarse que tiene por constitución, o sea, nadie está obligado a autoincriminarse, y en un testimonio uno jura decir la verdad, entonces no podés ir a mentir, tenés que ir a reconocer que cometiste un delito como testigo, en ese caso estás violando desde la constitución a todos los pactos internacionales de los que Argentina es parte y suscribe. Jurídicamente es un grotesco importante».
«En Contratos1, lo que sí se incorporó en estos últimos 15 días, que fue cuando las defensas pudimos ofrecer la prueba con la que se haría un eventual juicio, se ofreció prueba muy importante, muy contundente, que avala, a mi criterio, la tesis de las defensas. Voy a hablar de la mía particularmente, que coincidimos todas con algunos matices, que es que estos contratos son absolutos, no solamente que son lícitos, a tal punto que son contratos que hoy forman parte de la administración de la provincia de Entre Ríos, o sea, son contratos que están, que fueron suscritos de acuerdo a los procedimientos en su momento, que fueron aprobados por decretos por las autoridades de las cámaras, fueron pagados por las vías ordinarias de pago que tiene la provincia, y hoy están archivados como contratos válidos dentro de la provincia, a tal punto que no nos olvidemos que cuando esta causa vuelve a tomar estado público, el gobernador actual hace una conferencia de prensa le dio instrucción al fiscal de estado y dijo que analice contrato por contrato y determine la nulidad de los que sean ilegales, o sea, el propio gobernador está diciendo que estos contratos, hoy por hoy, son contratos legales porque están dentro de la administración y en esta causa se está diciendo que son contratos truchos, lo que es un contrasentido y otra contradicción con la realidad».
«Nosotros aportamos toda la prueba de todos los decretos de las cámaras, que eso no lo afirma ninguna de las personas que están sentadas en el banquillo de los acusados, que son las autoridades de cámara y todos los diputados y senadores de las distintas épocas, donde aprueban contrato por contrato y están la totalidad aprobados expresamente y puntualmente y nominalmente aprobados por la cámara. Las autoridades de cámara y las autoridades de cada momento deberán explicar cómo es que esos contratos pasaron por el tamiz de la administración, fueron pagados con presupuestos aprobados por la cámara de diputados y de senadores de cada periodo y que hoy la justicia dice que son contratos truchos, entonces no se condice lo que se está investigando la causa con lo que es la realidad de la administración pública de la provincia».
· ¿Con esa prueba de los expedientes y de todos los contratos que se firmaron, se podría llamar como testigo a quienes hoy estarían integrados a la causa de contratos 2?
«Ahí viene también la contradicción. Por nosotros ya están ofrecidos y van a ser aceptados porque la fiscalía también los ofreció, entonces no va a haber otra que, si ahora en 15 o 20 días la jueza actuante dicta el auto de elevación de la causa a juicio, vamos a ver que van a estar admitidos como testigos personas que están siendo investigadas en la causa Contratos2 y van a estar siendo admitidas como testigos en la causa Contratos1, que la verdad es muy raro, muy novedoso y muy bochornoso, jurídicamente hablando».
· Hubieron diputados que aseguraron haber firmado contratos pedidos por autoridades de Cámara, ¿van a ser citados también?
«Conozco bien ese detalle, son 5 o 6 diputados que lógicamente fueron ofrecidos por mi defensa como testigos, que dijeron frente a la fiscalía, no que las autoridades de Cámara, que un empleado administrativo, que es un empleado de carrera, o sea, no es autoridad de Cámara, es empleado, tiene un cargo importante dentro de lo que es la administración, pero no es autoridad de Cámara, que un empleado le pidió de favor que firme contratos para determinada persona. Personas que ellos no conocían, que ellos mismos dijeron no conocer, y así todo y sin dar ningún tipo de explicación ni justificación, admitieron que lo firmaron. La verdad, suena muy raro que un diputado, a pedido de un empleado administrativo de la Administración Pública Provincial, firme un compromiso dinerario a favor de una persona que no le iba a prestar los servicios, que el contrato dice que le iba a prestar y que él firmó voluntariamente«.
«Todos esos contratos fueron aprobados por las autoridades, por el presidente de Cámara, por los secretarios de Cámara de cada gestión. Y esos presidentes de Cámara, secretarios de Cámara, no eran empleados administrativos de las Cámaras, eran funcionarios políticos, digamos».
«La verdad que no me imagino que esta causa se lleve a juicio y se esté investigando el mismo hecho en otra causa, porque hay una cuestión que es fundamental, más allá del dispendio o el gasto innecesario que le va a implicar a la justicia, hay una realidad, dentro de las consideraciones que se toman para aplicar, en caso de una condena a una persona, para aplicar el monto de la pena, se toma en cuenta, entre un montón de otros factores, la participación, el grado de incidencia que ha tenido en el hecho. Estas personas que están siendo hoy juzgadas en Contratos 1, según los dichos de la Fiscalía, que los viene sosteniendo el primer día, son, dicen ellos, los máximos responsables. Uno de mis defendidos lo posiciona como uno de los 4 o 5 máximos responsables de esa organización criminal».
«Pero resulta que ahora aparecen quienes eran los jefes de mi defendido, los jefes, que eran las autoridades de Cámara, aparecen investigados en otra causa, entonces supongamos que a este defendido mío, lo condenan como máximo responsable. Y después de la otra causa lo condenan a los jefes. Entonces, en realidad, no era el máximo responsable».
«En realidad, la pena que podría caberle sería injusta porque se está valorando su conducta sin tener en cuenta la conducta de esta u otra persona. Reitero que esto es fundamental. Es exactamente el mismo hecho».
«El hecho investigado es que a través de una organización se sacaban fondos de la provincia a través de contratos. Eso se acusa en contratos I, eso se acusa en contratos II. O sea que se tiene que juzgar todo junto para después, en una eventual condena, si se determina que estas personas son responsables, que, reitero, yo estoy convencido de que no existe el delito que alega la Fiscalía».
«Entonces, en el caso de mis defendidos, que eran todos empleados de la Cámara, ¿fueron parte de la maniobra o lo que hicieron fue cumplir su rol funcional, que era justamente llevar adelante y cumplir con contratos que estaban aprobados y eran lícitos y estaban aprobados por las autoridades de la Cámara? Entonces ellos lo que hacían era pagar contratos que habían autorizado otros, no que ellos habían inventado esos contratos».
«Si estas causas se van a juzgar, se deben juzgar juntas. Eso no hay ninguna duda, cualquier abogado o cualquier juez penal de acá de la provincia, te lo va a decir, no existe la chance de que esto se juzgue por separado, porque estaríamos expuestos a algo que lo estudiamos en la facultad, que tiene un nombre latín como tantas cosas que tenemos en nuestro derecho, que se llama estrepitus foris, que sobre un mismo hecho se fallen dos soluciones contradictorias».
«Es un serio riesgo que se corre en juzgar un mismo hecho por dos tribunales distintos, en dos juicios distintos, hay tener una justicia única, que se llegue al tribunal que le toque, pero que la verdad sea una, no que se pueda tener dos verdades».