«En un cruce de datos con el CGE, a nosotros nos figuraba un período de un grupo de escuelas como deudor y al CGE le figuraba como que estaba pago, y se constató que los comprobantes que había rendido el apoderado legal de escuelas de Santa Elena en el CGE eran apócrifos, y ahí se pasó al plano penal», aseguró el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, a Radio RD 99.1.
Víctor Adrián Godoy, exadministrador y apoderado legal de cuatro escuelas de gestión privada de la ciudad de Santa Elena dependientes del Arzobispado, aceptó una condena de tres años de prisión condicional y la devolución de 13,5 millones de pesos. Godoy manejaba las cuentas de las instituciones Nuestra Señora de la Esperanza, Santa Lucía, Torres Vilches y Nuestra Señora de Fátima, y habría aprovechado su cargo para transferir fondos públicos a cuentas personales. Según la investigación, el perjuicio económico asciende a 133 millones de pesos.
Respecto a esa situación, Bagnat contó que «desde el 2024 hay una auditoría muy grande en proceso que tiene que ver con el control de aportes, de todos los colegios públicos de gestión privada, que tiene que ver con las declaraciones juradas que por ley tienen que presentar cada uno de los administradores de estos colegios, con el personal que trabaja en el colegio y los aportes que le retienen a cada una de estas personas, que en definitiva la caja debe constatar a la hora de jubilar».
«La auditoría está abierta y va paso a paso viendo los periodos anteriores, estamos trabajando una ventana de 10 años para atrás en la cual se está verificando mes a mes cada una de las declaraciones juradas y que corresponda con la realidad y que además se haya depositado el dinero que corresponde o que esté recalculando los intereses y la mora si no hubiera sido dentro del periodo correspondiente».
«A mediados del 2024, en un cruce de datos con el CGE, a nosotros nos figuraba un periodo de ese grupo de escuelas como deudor y al CGE le figuraba como que estaba pago, y en el cruce físico de la información se constató que los comprobantes que había rendido el apoderado legal de escuelas de Santa Elena en el CGE eran apócrifos, y ahí se pasó ya al plano penal».
«Es uno de los tantos cortes de información que va produciendo la auditoría. Hay muchas en proceso, nosotros hemos publicado la que tiene que ver con cruce de datos de incompatibilidades, cruce de datos de estados civiles, pensiones, esos procesos van todos los meses teniendo novedades que tienen que ver con casos que se van detectando y después se le da el trato específico y se va al detalle, así van surgiendo temas que hace que cuando hay algún error formal se corrija, se subsane y se planteen las distintas alternativas. En este caso había un delito que era falsificar un comprobante de depósito».
«De todas formas, la condena de la justicia, no exime a la institución, a los colegios, del aporte real y actualizado del monto, porque estamos hablando de que el colegio termina reconociendo que un administrador del colegio no actuó como debía. Pero eso no exime al colegio de tener que depositar el monto que corresponde de los aportes de esas personas durante ese periodo, con la mora y los intereses que eso conlleva. Los fondos, la provincia los va a recuperar».
«Hemos iniciado tempranamente convenios con todos los organismos correspondientes y cruces obligatorios por expedientes mensuales, que son los que hoy ya son de rutina, y son esos controles que estaban faltando y que también ayudaron a ese ordenamiento temprano que tuvimos. Todos los meses están los informes obligatorios correspondientes, y eso nos da una cierta tranquilidad y que dentro de todo el trabajo que hay, estamos yendo periodos para atrás para poder ayudar en tiempo y forma a toda la información».
Reforma previsional
«Me gustaría destacar que hay una coincidencia entre todos los actores de que la reforma era necesaria y después en este proceso que ya ha estado muchos meses, también quedó evidenciado la voluntad del Ejecutivo de que sea algo tan importante por consenso y no una ley de autores».
«Desde los autores del proyecto y lo que va a ser el dictamen, intuyo que queda reflejado el hecho de escuchar, atender y evaluar los distintos aportes que vienen haciendo quienes han participado y que están participando. Entonces me parece sumamente importante, con una mirada ya más retrospectiva, a largo plazo, de que sea respetado esto, de que sea algo tan importante y transformador y de una reforma estructural que se busque el consenso, que no es una ley de autor que ya tenía todo definido, sino que solicitó afrontar los temas sensibles y que se pudieran debatir».
«Creo que nadie ha podido poner arriba de la mesa un argumento que contradiga esto, que le quite el peso que eso tiene y sobre todo la responsabilidad que tenemos todos de ser conscientes de que hay que hacer sostenible y sustentable al sistema a largo plazo y no es solo pasar el momento y pasar el periodo que a uno le toca circunstancialmente estar en gestión, sino que preocuparse por qué se le deja al que viene después».
«Es un momento difícil para la política, porque es un poco asumir en un corto periodo el rol que durante muchos años no se había querido asumir. Entonces hay que ponerle esa carga de emotividad que tiene que ver con que al legislador que le tocó este momento histórico está siendo un poco de referente».