Hoy aparece una nueva mecha, la cual encendió Sergio Urribarri el viernes pasado al declarar que con semejantes deudas no estaba a dispuesto a asumir como Gobernador, augurando así un verdadero escándalo institucional.
La realidad es que el destino del juicio de los empleados viales se percibía desde hace tiempo, aunque claro, se mantenía tapado. Ya en Marzo el Gobernador Jorge Busti había mandado a realizar copias del expediente de la Corte Suprema de Justicia, mientras que unos meses después, en Junio, había reconocido en privado que la situación no tenía retorno, que no se podía dilatar más y que se venía la noche para la Provincia.
Un juicio del que en principio se decía – y así lo anunciamos- que llegaría a los $350.000.000, aunque luego el titular de Vialidad Santiago Gaitán, dijo con ojo rígido para DE FRENTE que el monto era 5 veces mayor, es decir que ascendía a los $1.500.000.000. La declaración que el Senador electo realizó el jueves pasado provocó que Urribarri y sus asesores reaccionaran responsabilizando de la situación al mismísimo Gaitán y también a Miguel Ángel Carlín, quien como Juez había fallado a favor de los empleados viales en la instancia provincial.
Lo curioso fue que nadie más se sintió tocado por el tema, incluso hubo quienes hicieron como que el asunto no existía. Hasta se supo de funcionarios de primera línea que en declaraciones a medios del interior negaban, no sólo la decisión de Sergio Urribarri de no asumir, sino además el juicio de los viales contra el Estado.
Luego apareció públicamente el Doctor Julio Rodríguez Signes (futuro Fiscal de Estado), quien no sólo definió como “muy grave” la situación que generaba la deuda con los viales, sino que calificó de igual manera el reclamo policial. Y así, Rodríguez Signes blanqueó los dos problemas, los cuales hasta ahora sólo habían sido confesados por algunos Legisladores Justicialistas.
Mientras, desde el sector del Gobernador electo Sergio Urribarri siguen insistiendo que “al Pato no se le puede colgar esta mochila”, argumentando que es imposible gobernar con una deuda millonaria y con la obligación de pagar sueldos de $6.000, “con esta situación es mejor que no asuma”, dicen, en todo caso, “que lo arregle el que lo hizo”.
Ricardo David.