El Convencional Santiago Reggiardo se refirió al Tribunal de Cuentas.
El modo de designación de los integrantes del Tribunal de Cuentas «satisface las expectativas del bloque de la Coalición Cívica-Partido Socialista (CC-PS), ya que si bien pretendíamos que todos los miembros fueran elegidos en forma ajena al poder político, será casi los mismo, ya que de cinco vocales, tres de ellos y los fiscales serán elegidos por el Consejo de la Magistratura», opinó el convencional Santiago Reggiardo, quien advirtió que ahora «habrá más oportunidades para controlar el poder».
El dirigente socialista opinó que desde el bloque apoyaron a la mayoría en el dictamen que se votó el viernes en el pleno de la Convención -que no fue en unanimidad por una disidencia de la Unión Cívica Radical (UCR)- ya que «todos los puntos que la CC-PS sostuvo como necesarios para ser incluidos en la normativa constitucional sobre el Tribunal de Cuentas fueron reflejados en este despacho, que se aprobó definitivamente el viernes».
Reggiardo, quien preside el bloque de la CC-PS, aclaró que de los cinco vocales del Tribunal de Cuentas, tres serán elegidos por el Consejo de la Magistratura, es decir, «de manera independiente del poder político y lo mismo ocurrirá con los fiscales que serán designados de igual forma y sólo serán removibles por el jurado de Enjuiciamiento. Solo quedan como nombramientos de origen político los otros dos titulares que representarán, uno a la mayoría y otro a la minoría». El convencional señaló que los dos titulares elegidos de esta manera durarán en su mandato el mismo plazo de la gestión que los eligió.
También explicó que a partir de ahora, «se dotará al tribunal de Cuentas de tres facultades fundamentales. El control previo, que permitirá que antes de los actos de importancia económica en la provincia se cumpla con el ordenamiento jurídico; el control concomitante, que verifica la exactitud de la documentación y las cuentas, y la responsabilidad a los funcionarios que incurran en faltas». Si bien aclaró que al tercer aspecto no se lo denomina «juicio de responsabilidad», ya que a éstos los lleva adelante la justicia y no un tribunal administrativo, el organismo provincial podrá atribuir responsabilidades al funcionario imputado.
«Sin control, que lleva a la corrupción y al despilfarro de los fondos públicos, muchos derechos constitucionales se transforman en ilusorios ante un Estado que carece de recursos para atender las demandas de la ciudadanía. Por eso nos satisface que la iniciativa se haya aprobado para incorporar al texto constitucional».