Una Grand jugada
Internamente, los ediles dejaron trascender su descontento en el manejo de la presidencia con los contratos y los nombramientos.
El verano en el Concejo Deliberante sigue dando que hablar entre los empleados y autoridades de la Municipalidad de Paraná.
Desde el inicio de la actual gestión, el grupo de concejales oficialistas venía especulando con la jubilación de Daniel Migoni, quien hasta el 6 de enero era Prosecretario del Concejo, debido a que aquellos querían que el nombre del reemplazante fuera consensuado dentro del bloque, algo que era conocido y aceptado por Gastón Grand, presidente del cuerpo.
Sin embargo, en pleno receso administrativo y legislativo, el 6 de enero, el actual presidente del Concejo, decretó “dejar sin efecto” el nombramiento de Daniel Migoni, designando, a su vez, a Fernando Schmit para ocupar su puesto “interinamente”.
Schmit, el reemplazante, es un contratado de la actual gestión que cumplía funciones con Grand como coordinador en el HCD, algo que molestó a más de uno de los empleados de carrera, como así también a los ediles oficialistas, quienes dejaron trascender que también está ligado a la actividad privada del presidente.
Según trascendió desde las oficinas de los ediles oficialistas, Migoni, al ser un empleado con antigüedad, llegó a su cargo por los años de servicio, y, según prescribían las normas municipales para ese cargo, tenía que jubilarse, renunciar o ser reemplazado por sumario administrativo, para dejar el puesto.
Según comentan los mentideros, Migoni se mantuvo bastante reacio para acceder a su jubilación, razón por la cual, mediante el decreto de Presidencia 12/2014, Grand “dejó sin efecto” su nombramiento, designando al reemplazante, pero no sin antes beneficiar al saliente con la suma de $52.000, en concepto de vacaciones.
Lo que llamó la atención de muchos en el Concejo fue la fecha del decreto, ya que el municipio estaba en pleno receso, algo que generó, según trascendió un gran malestar en algunos concejales tanto oficialistas como opositores, y hasta del mismo grupo político del presidente, ya que los trámites de los propios ediles estaban vedados, pero para este decreto como para otros contratos otorgados a los ediles radicales con quienes el presidente mantiene una relación aceitada, estaba todo permitido.