El decreto de la “transparencia” del oficialismo provincial que omite mencionar cuánto dinero se llevará cada diputado en contratos

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La claridad en el destino de los fondos públicos sigue sin aparecer en la Provincia, una normativa que no precisa la asignación de contrataciones y sus montos de manera individual a cada legislador, como tampoco quien define la distribución y cuál es el criterio.

En su afán de aportar “transparencia y orden” a las cuentas provinciales, desde el oficialismo que conduce Gustavo Bordet dieron a conocer una nueva normativa sobre contrataciones del personal temporario mediante locaciones de obra.

Con fecha 11/12/2019, el decreto Nº201 que lleva la firma del legislador concordiense, Ángel Giano, en carácter de presidente de la cámara baja,  aprobó un nuevo “el procedimiento para la contratación de personas bajo la modalidad de Locación de Obra”.

La norma, que deroga el procedimiento hasta aquí vigente, incluye un modelo de contrato tipo de Locación de Obra.

La nueva normativa, no solo incorpora el pago de los contratos a través de medios electrónicos sino también que amplia las autoridades que estarán facultades a realizar este tipo de contratación de personal.

El presidente de la Cámara de Diputados, los vicepresidentes primero y segundo, los diputados como tales o en ejercicio de la presidencia de comisiones, los presidentes de bloque, el secretario y el prosecretario de la Cámara Baja, son los ahora facultados a contratar.

El monto de la contratación, según la normativa impuesta por el oficialismo, la fija el contratista aunque si establece un tope,  no debe superar mensualmente el sueldo básico de un asesor de cámara.

Asimismo, a través de un procedimiento incorporado al decreto como anexo, se establece la forma de la contratación.

Se establece el “quienes”, el “cómo”, el “quantum” particular e “incluso para qué”, pero la normativa omite responder o, en otras palabras, fijar reglas claras sobre cómo se distribuyen los montos de  contrataciones en la cámara entre los diputados provinciales.

La transparencia y el orden, más allá de su proclama, quedaron nuevamente postergadas.

Es conocido por todos que existe un presupuesto global donde se establece el dinero con que contará la cámara, el mismo se establece anualmente en como un subtítulo del título presupuesto provincial.

Para este 2020, la Legislatura provincial cuenta con un presupuesto de casi 2000 millones de pesos, lo que no se conoce de este descomunal monto, es cómo se distribuye las partidas presupuestarais para que cada diputado y ahora también las autoridades de la cámara.

El decreto del oficialismo provincial llamativamente no lo establece.

Supongamos que de aquellos 2000 millones, 500 millones sean para los contratos de las autoridades, si el reparto fuera igualitario y equitativo, la suma debería dividirse en partes iguales por 34, la cantidad de diputados de la provincia.

Sin embargo la norma no establece este proceder, ni ningún otro, ni siquiera aclara, dejando la incógnita sobre qué cantidad de contratados le corresponderá a cada legislador.

La consecuencia de la falta de precisiones sobre esta importante información pública que debería estar en conocimiento de los entrerrianos que son los representados directos de los diputados, es la interpretación de que el reparto no es igualitario sino discrecional.

Y si es discrecional, indudablemente a algunos diputados se le darán más monto, a otros no tanto, a otros menos, en otras palabras, existirán en Entre Ríos diputados de 1ª categoría, de 2ª, 3ª, 4ª y hasta 5ª.

Una conclusión viable frente a esta omisión en la norma del oficialismo provincial. Y es que la norma, al contrario de lo que hoy exige la gente cuando si de transparencia hablamos, no establece cuantos contratos y porque monto les corresponderán a los diputados a pesar de que el presupuesto está integrado con los aportes de todos los entrerrianos.

No se trata de conocer los nombres de los contratados, algo que podría violar la ley de datos personales, aunque sí que la ciudadanía conozca, tenga conocimiento de lo que sí es información pública pero que se omite mostrar.

Conocer, por ejemplo, cuantos contratos y sus montos serán asignados a Juan Domingo Zacarías, a Julio Solanas, a José Cáceres, a Sara Foletto, la diputada de Fabián Rogel, a Néstor Loggio del Frente Grand, amigo de Bordet, este tuvo que llevar a Marcelo Bisogni al IAPV para que ingrese, a Diego Lara, a Lucia Varisco, a José Navarro, Carina Ramos, Setfania Cora, Gustavo Cusinatto, Nicolás Mattiauda, Mariano Rebord, entre otros, incluso tampoco de su presidente, Ángel Giano, esa es la exigencia ciudadana de transparencia que quedará postergada.

La pregunta no hace diferencia conforme al partido o bloque que represente el diputado, aunque es sabido que en la Provincia el bloque oficialista siempre recibe más que el bloque opositor, aunque no necesariamente, por las operaciones ya emprendidas con el oficialismo provincial se estima que una de las diputadas mencionadas de Cambiemos recibirá aún más que varios peronistas.

Pero hilando un poco más fino, la incógnita adquiere mayor relevancia si nos detenemos en los diputados peronistas, donde ante la laguna de la normativa del bordetismo, la conclusión del reparto desigual aparece notoria.

Frente a este estado de situación y la falta total de claridad en la normativa los interrogantes son obligados: ¿Quién define o decide la cantidad de contratos o montos que le corresponde a cada legislador?, como también, ¿Cuáles son los parámetros que tendrá en cuenta este importante definidor para asignar partidas presupuestarias de manera individual?.

En otras palabras, la normativa del oficialismo provincial no determina si e reparto será igualitario o discrecional, y en este último caso, deja sin respuesta a la forma de la distribución, esto es, ¿Cuáles son los méritos a tener en cuenta para la distribución contractual en la cámara baja?, ¿en honor a qué o en que concepto se hace el reparto?.

No se establece, por ejemplo, si va a haber más plata para contrataciones de aquellos que voten las leyes impulsadas por el ejecutivo provincial, especialmente aquellas de ajuste, aunque este es el comentario en los gremios y en los pasillos de la legislatura.

Preguntas, todas ellas, que fueron omitidas se ser eliminadas con el muy publicitado “decreto de la transparencia” del oficialismo provincial y que son exigidas por la gente que quiere y le corresponde saber a dónde se destinan los fondos públicos que conforman el presupuesto de la cámara baja.

 

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