Grenón, otro hombre de la impunidad que sigue obteniendo beneficios millonarios ilegales del Estado

A pesar de la prohibición vigente desde el 2000, con la venia de la Provincia, el empresario mantiene la percepción de los cuantiosos montos mensuales provenientes de los códigos de descuentos a estatales.

En enero del 2000 –hace 20 años- a través del Decreto Nº21 se dejaron sin efecto todas las autorizaciones concedidas y códigos otorgados para descuentos sobre el salario de los empleados y funcionarios del Estado Provincial y servicios recibidos por intermedio de entidades sindicales, mutuales, cooperativas y similares.

 

En palabras más sencillas, la norma, del entonces gobernador Sergio Montiel, eliminaba los códigos de descuentos automáticos por los servicios brindados por aquellas entidades.

El espíritu del decreto no fue otro que darle punto final a la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos de los trabajadores estatales, representados con estos descuentos automáticos.

Por aquel entonces, según las mediciones oficiales, el 75% del haber mensual de un estatal se iba en descuentos iba para entidades ajenas al Estado.

Se pudo verificar que los sindicatos y las mutuales que otorgaban préstamos a los estatales utilizaban al Estado como agentes de retención para cobrarse los créditos sobre los salarios.

A partir de allí, la Mutual Policial de Entre Ríos (Muper), comenzó una batalla judicial contra el decreto de Montiel para que se declare su inconstitucionalidad, logrando hasta el 2005 obtener protección de la Justicia mediante distintas cautelares que la dejaron al margen de la normativa.

La Justicia, respecto de Muper, entendió que como los policías tienen vedadas las posibilidades de integrar sindicato alguno como también realizar actividad gremial ni sindical alguna, los beneficios asistenciales y sociales inexorablemente sólo puedan ser percibidos y prestados mediante asociaciones o mutuales, como en el presente caso a través de la Mutual Policial de Entre Ríos.

Durante 5 años Muper fue la única entidad mutual no alcanzada con los códigos de vigentes.

En el 2005 la mutual policial nuevamente tuvo que concurrir a la Justicia, en esta oportunidad en virtud de la ley 9645 que aprobaba el modelo de contrato de agente financiero con el Nuevo Banco de Entre Ríos.

En la normativa se ratificaba la vigencia del sistema de códigos de descuento para los sindicatos y asociaciones sindicales, por primera vez Muper contaba con una ley que la amparaba y proponía una solución de donde, surgiendo así la necesidad de ponerle fin definitivamente al conflicto constante con la Provincia por los códigos de descuentos.

El litigio duro varios años, hasta que a fines del 2009, el entonces gobernador Sergio Urribarri suscribía el Decreto 3.489/2019 autorizando a la Fiscalía de Estado “a suscribir el acuerdo conciliatorio” en el marco de la causa judicial caratulada “Mutual Policial de Entre Ríos c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/Acción de inconstitucionalidad”, Expediente Nº 8.337 en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Paraná a cargo del Dr. Federico Planas.

En el acuerdo conciliatorio que la Provincia firmó con Muper en el Juzgado se dejó establecido que luego de la sanción de la Ley Nº 9645, que aprobó el modelo de contrato de agente financiero con el Nuevo Banco de Entre Ríos, se ratificó la vigencia del sistema de códigos de descuento para los sindicatos y asociaciones sindicales, y a criterio de la Justicia, ese beneficio también debió alcanzar a la mutual policial, “por tratarse de una entidad mutual sin finalidad de lucro”.

Aunque también el juez entendió que conforme lo establece el Reglamento General de la Policía de Entre Ríos, los miembros de la fuerza de seguridad “no pueden integrar sindicato alguno ni realizar actividad gremial ni sindical alguna, lo cual conduce a que los beneficios asistenciales y sociales inexorablemente sólo puedan ser percibidos y prestados mediante asociaciones o mutuales, como en el presente caso a través de la Mutual Policial de Entre Ríos”.

Así, la cláusula segunda de ese acuerdo dejó aclarado que el Ejecutivo accedió a la pretensión de Muper y le otorgó los respectivos códigos “para el descuento sobre el salario de todos sus socios en tanto sean empleados y funcionarios pertenecientes al Estado Provincial –activos o pasivos– por servicios recibidos por intermedio de la Mutual Policial de Entre Ríos siempre de absoluta conformidad a su estatuto y objeto social y por cuotas sociales”.

Convenio en el cual se destaca, por la importancia, la cláusula cuarta, la cual establece  “Las partes acuerdan que los códigos de descuento otorgados a Muper son derechos crediticios intransferibles, por lo que se establece la prohibición a la mutual de ceder total o parcialmente a terceros dicho código de descuento”.

Esta última disposición prohibitiva, clara y concreta, viene siendo infringida hace varios años en la Provincia, con un único beneficiado, el empresario Walter Grenón.

Conocido por las varias denuncias que pesan en su contra todas relacionadas a hechos de corrupción, como también por la impunidad y protección que le han otorgado desde el Gobierno, Grenón desde hace un tiempo es el titular de Muper.

En otras palabras, el manejo de la mutual policial, única excepción a los códigos de descuentos, hace un tiempo dejó de estar en manos de la  fuerza, incorporándola el empresario a su “red mutual”.

Esta circunstancia, le ha permitido a Grenón obtener los descuentos automáticos sobre los salarios de todos sus socios en tanto sean empleados y funcionarios pertenecientes al Estado Provincial –activos o pasivos– por servicios recibidos por intermedio de la Mutual Policial de Entre Ríos, ilegalidad permitida por el Estado Provincial.

Millones de pesos que mensualmente recibe el empresario de parte del Estado provincial que actúa como agente de retención de los haberes de los estatales, que ven mermados sus magros ingresos, a pesar de que la práctica está prohibida.

Sin embargo, con la cedida o absorbida la Muper a la Red Mutual, al Estado se les desploman los argumentos -que respaldaron la excepción hacia el sector policial- de para continuar sosteniendo la vigencia de estos nefastos códigos, tan perjudiciales para los trabajadores, en cabeza del empresario.

Un negocio redondo y cuantioso para Grenón, ilegal por cierto, ejecutado hace un tiempo bajo el total amparo del Gobierno entrerriano.