Bordet lanza la Ley de Emergencia con un festival de contratos ante la resistencia de los diputados del oficialismo

El gobierno sinceró la delicada situación económica y se viene un ajuste durísimo con suba de impuestos, suspensión de jubilaciones, descuento de las jubilaciones en un 20% y eliminación de la ley de enganche en la Justicia, porque, si no se aprueba, la provincia es inviable y no se pueden pagar ni los sueldos.

La Cámara de Diputados es el centro de todos los revuelos en la provincia. Ahora, la ley de emergencia económica sería prácticamente un hecho, sería anunciada en la Asamblea Legislativa y se aprobaría en el mes de febrero.

Esta ley desnudaría la delicadísima situación económica y financiera de la provincia, que se pregona ordenada, austera y equilibrada, pero se prevén polémicas medidas como el aumento o «puesta en valor» de impuestos, que ya se dio, suspensión de jubilaciones, y demás.

El gobernador Gustavo Bordet buscaba aprobarla este verano en la Cámara de Diputados, pero la mayoría de los legisladores provinciales oficialistas se resistieron.

Esto motivó que la sesión prevista para el martes de esta semana se cayera, algo que fue confirmado a los diputados por el prosecretario de la Cámara, Nicolás Pierini, mediante un comunicado, y que Bordet convocara una reunión urgente de bloque.

El grupo de legisladores del PJ que se oponían a la aprobación de esta ley tiene unos ocho integrantes, entre los que se encuentran Julio Solanas, José Cáceres, Stefanía Cora y Juan Manuel Huss, entre otros.

Sin embargo, comentan que el presidente del bloque, Juan Navarro, se paseaba por los pasillos de la legislatura con una carpeta amarilla, en la que contenía los nombres de los diputados que votarían a favor de la ley.

El mensaje de Navarro era que, aunque ellos se negaran, la ley de Emergencia contaba con votos de diputados oficialistas y opositores, por lo que, de todos modos, se aprobaría en la provincia, con lo que estos diputados quedarían expuestos ante la gente y ante el gobierno provincial.

En pocas palabras, el presidente del bloque los amenazaba con que, si no votaban el proyecto, no les iban a dar ni un vaso de agua.

Más allá de las amenazas, este grupo se mantuvo firme en su postura de no votar la ley e incluso evaluaba romper el bloque oficialista, lo que obligó a Bordet a convocar una reunión urgente con los diputados para el día siguiente a la sesión que no se concretó.

En ese encuentro, el gobernador se presentó junto al ministro de Economía, Hugo Ballay, quien en la justificación de la ley, desnudó la crisis económica y financiera que atraviesa la provincia, con lo que el gobierno tuvo que sacarse la careta.

Se confirmó que Entre Ríos, que en el discurso oficial era una provincia ordenada, transparente, austera, equilibrada, en la realidad es totalmente inviable.

Este jueves, este Portal informó acerca de un aumento de los impuestos inmobiliario y automotor que se dará a partir de febrero y se verá en las boletas que se repartirán la semana que viene.

Alguien tiene que pagar el descomunal derroche del gobierno provincial, el festival de creación de cargos, los viáticos exorbitantes, los sueldos excesivos de los funcionarios amigos, el uso desmesurado de autos oficiales y demás.

Es por eso que, además del ya mencionado aumento o «puesta en valor» de impuestos, al que podrían sumarse otros tributos, se concretará el congelamiento de las jubilaciones y pensiones por un año y el aumento de la edad jubilatoria, igualando a mujeres y hombres.

Además, se les bajará el 20% a las jubilaciones más elevadas.

Para tener en cuenta, la jubilación de Francisco Taibi, que hoy preside José Carlos Halle, es la más alta de la provincia con 580 mil pesos, mucho más que un juez.

Taibi fue secretario de obras públicas de Concordia con Busti, más tarde fue presidente del IAPV, luego secretario de Obras Públicas también con Busti, y finalmente pasó al EPRE, donde se jubiló y hoy es el jubilado más caro para la provincia.

Actualmente, el EPRE es presidido por José Carlos Halle, que seguirá el mismo destino.

Por otra parte, la Ley de Emergencia prevé también eliminar la ley de enganche en la justicia, que equipara los sueldos de los jueces provinciales con los nacionales, aunque se desconoce qué repercusión tendrá esto internamente en el ámbito judicial, y ningún sueldo de la administración pública podrá superar al del gobernador.

Se dará, de este modo, un fuerte ajuste en la Caja de Jubilaciones, que es uno de los agujeros negros de la provincia que preocupan enormemente a Bordet.

Es más, este mes, el presidente Alberto Fernández tuvo que salir al rescate de la Caja, mediante el pago de un anticipo de la Anses a la provincia, que recibirá un total 464 millones de pesos, en dos cuotas de 232 millones de pesos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2019.

Eso se confirmó en un encuentro que Bordet mantuvo con el presidente junto a otros gobernadores, luego de varias peregrinaciones a Buenos Aires en las que el gobernador intentó infructuosamente reunirse con el mandatario nacional.

Ya a principios de enero, con la urgencia de pagar los sueldos de la administración pública, el concordiense había pretendido reunirse con el presidente con el fin de conseguir fondos para afrontar esa obligación, pero Fernández no lo recibió ni respondió a su solicitud.

Con ese panorama, los sueldos terminaron de pagarse, inusitadamente, el 15 del mes, aunque para eso el gobernador tuvo que recurrir al agente financiero provincial que, por tres días de préstamo, le cobró a la provincia 12 millones de pesos de intereses y, si se computan los demás días, serían 30 millones.

Para el pago de los sueldos de enero, aunque engañosamente la provincia dio el anuncio como si la situación fuera de total normalidad, la situación es igual de apremiante y el cronograma finalizará el 17.

El atraso en la acreditación de los sueldos desnuda las serias complicaciones económicas que atraviesa el erario público provincial y la ley de Emergencia termina de confirmar que las finanzas públicas son insostenibles.

Situaciones similares se vivieron durante las gestiones de Moine y Montiel, cuando la provincia atravesaba tiempos durísimos en los que también se dilataba el pago de los sueldos, que en un principio se acreditaban el 31, después los primeros días del mes, después el 10, el 15, el 17, el 20 y finalmente se lanzaron leyes de Emergencia y más tarde el radical tuvo que lanzar bonos, por lo que muchos se preguntan si la gestión de Bordet sigue el mismo camino.

A partir de los próximos días, cuando vean en las boletas un aumento de un 60% en los impuestos inmobiliarios y del automotor, los contribuyentes entrerrianos recibirán una “linda alegría para empezar el año”, como lo definió irónicamente y preocupado el diputado Mariano Rebord.

Más adelante, el gobernador anunciará que enviará a la legislatura la Ley de Emergencia económica, con lo que terminará de sincerar la grave situación económica y financiera de la provincia.

Bordet reunió a los legisladores oficialistas con el fin de evitar una ruptura del bloque y de conseguir los votos necesarios para aprobar esta ley que contendrá un paquete de polémicas medidas.

Al encuentro, el gobernador concurrió con Ballay, para explicarles y comentar la crítica situación económica y financiera de la provincia, en donde no se pueden pagar los sueldos ni a los acreedores, y con los próximos vencimientos de la deuda en dólares, para lo que a la provincia no le alcanza ni para pagar los intereses y mucho menos para amortizar la deuda.

El otro motivo para la presencia de Ballay, era para garantizarles a los legisladores que se resolverán los compromisos de cada uno en lo económico y financiero.

Se viene la ley de Emergencia, que trae bajo el brazo un festival de contratos.

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