Pese a la impugnación, Lara se muestra firme para el TDC

El interbloque Cambiemos asegura que la candidatura del diputado “ha sido beneficiada oficialmente por el Poder Ejecutivo durante el proceso concursal”.

La presidencia de Diego Lara en el Tribunal de Cuentas fue impugnada por los diputados del interbloque Cambiemos Gustavo Cusinato (UCR), Esteban Vitor (PRO) y Juan Domingo Zacarías MSE).

La impugnación está dirigida al Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y tiene como fin “poner de manifiesto las razones objetivas que constituyen impedimentos del candidato postulado para ocupar la función de Presidente del mencionado organismo y señalar a los Sres. Senadores la inconveniencia institucional de la aprobación de su pliego”.

Afirmaron que “no cumple ni por asomo con la regla elemental de autonomía o emancipación político-partidaria que le permita un ejercicio sin contaminación alguna de la gestión de gobierno que deba controlar externamente”.

Lara llegó a la presidencia del Tribunal de Cuentas luego de imponerse en un muy polémico concurso en el que los requisitos claramente le otorgaban ventajas por sobre los demás participantes.

Sin embargo, antes de que el gobernador Gustavo Bordet remitiera el pliego a la Legislatura para que se acordara la presidencia de Lara, se envió un pedido de informes para que el diputado diera a conocer su declaración jurada y los contratos a su disposición en la Cámara Baja.

A pesar de que lleva más de 16 años ocupando distintos cargos en el Estado, Lara no dado a conocer su declaración jurada de bienes, algo que es de carácter obligatorio.

Se estima que Lara cuenta con alrededor de un millón de pesos disponibles por mes en contratos en la Legislatura, pero el legislador todavía no ha dado a conocer el número, como tampoco lo hizo con su patrimonio, que se supone descomunal.

El legislador optó por responder al pedido de informes con evasivas y citando bibliografía de especialistas en derecho constitucional, aunque no dio, porque no existen, fundamentos para coartar el derecho constitucional del ciudadano requirente.

Finalmente desempolvó un libro: Lara no niega ser multimillonario pero no quiere dar a conocer su patrimonio ni los montos en contratos

Lara no solo rechazó el pedido de informes, sino que se mantiene firme en afirmar que la presidencia del organismo le corresponde y que, a pesar de la impugnación, accederá al cargo.

Cusinato, Vitor y Zacarías aseguran que la precandidatura de Lara para ocupar la máxima función jerárquica del Tribunal de Cuentas “ha sido beneficiada oficialmente por el Poder Ejecutivo durante el proceso concursal”.

La referencia es al decreto que, según los diputados, introdujo “una ventaja adicional que mejoraba las chances en el puntaje del precandidato que acreditara ‘Antecedentes en el ejercicio de funciones inherentes al control y juzgamiento de funcionarios públicos, desarrollados en organismos de naturaleza constitucional’”.

“La modificación estuvo claramente dirigida a dotar una ventaja sustancial para el Dr. Diego Lucio Nicolás Lara, que se desempeñó como Presidente del Jurado de Enjuiciamiento durante el período 2016/2019”, según los legisladores.

“El nuevo criterio establecido por el Decreto N° 2664/18 MGJ asignó mayor puntaje por el ejercicio de funciones de ‘control y juzgamiento de funcionarios públicos’, pauta que ninguna relación tiene con las funciones del Tribunal de Cuentas, dado que desde 1993 el ‘Juicio de Responsabilidad’ de funcionarios fue eliminado de la Ley 5796 y sólo tiene a su cargo el ‘Juicio de Cuentas’- La reforma constitucional de 2008 dejó claramente establecido que ‘El Tribunal de Cuentas no ejerce funciones judiciales’ (art. 213), lo que deja al descubierto la verdadera intencionalidad del Gobernador firmante”, sostienen.

De acuerdo con la impugnación, para los diputados, Lara “carece de todo antecedente vinculado al Derecho Público, Derecho Administrativo o al Derecho Constitucional, ramas jurídicas específicamente atinentes a la formación requerida para el eficaz cumplimiento de la función de Presidente de un órgano externo de control de la jerarquía de un Tribunal de Cuentas”.

“La escasez de antecedentes académicos compatibles con el cargo de Presidente y la anémica calidad intelectual que revelan sus contados pergaminos desacreditan su idoneidad para ocupar tamaña función”, enfatizaron.

La impugnación continúa afirmando que Lara “pertenece a la corporación política gobernante de la provincia de Entre Ríos desde el 10 de diciembre del año 2003 y ha ocupado sucesivos cargos electivos en representación del Partido Justicialista en cualquiera de sus expresiones y variedades ideológicas  conocidas desde entonces. Tal como el registro de sus antecedentes laborales lo indica ha sido Presidente Municipal de la ciudad de María Grande (períodos 2003/2007 y 2007/2011) y Diputado Provincial (período 2011/2015, 2015/2019 y continúa actualmente en el cargo electivo)”.

“Resulta de una claridad y evidencia notorias que Lara posee una incompatibilidad de índole ética o moral para desempeñar el cargo de Presidente del Tribunal de Cuentas. Esa incompatibilidad surge a las claras de su procedencia y adhesión partidaria al partido político gobernante que desde hace casi 17 años conduce el gobierno de la provincia, lo que impide que el ejercicio del cargo de la envergadura de la Presidencia pueda ser desempeñado con el grado de autonomía e independencia que exige la Constitución de Entre Ríos”, remarcaron.

Sostienen que “en su misión de eventual Presidente del Tribunal de Cuentas también tendrá a su cargo la auditoría, la inversión y la percepción de recursos del propio Poder Legislativo que integra cuyas cuentas se hallan sometidas a una mega causa judicial denominada “contratos truchos” que abarca un período de 10 años (2008/2018) durante el cual el propio Lara integró, lo que evidentemente lo transformaría en Juez y parte al mismo tiempo de tener que aprobar las cuentas de la Legislatura, en las que podría hallarse directamente involucrado a las resultas de la investigación penal en curso en el MP”.

“El Dr. Diego Lara no cumple ni por asomo con la regla elemental de autonomía o emancipación político-partidaria que le permita un ejercicio sin contaminación alguna de la gestión de gobierno que deba controlar externamente. Su pertenencia ideológica a la agrupación política de la que proviene y por la cual ha alcanzado diversos estamentos del poder lo inhabilita éticamente para una función que exige el más alto nivel de soberanía e independencia en el ejercicio del control”, manifestaron Cusinato, Vitor y Lara.

En un tercer punto, remarcan que “el candidato Lara, durante su desempeño como legislador, y más precisamente, durante su función como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados  (desde el año 2015 y hasta la actualidad) ha exhibido de forma notoria su falta de idoneidad moral a la hora de analizar conductas aparentemente delictuales de funcionarios públicos, habiendo literalmente ‘cajoneado’ los expedientes a través de los cuales tramitaron los pedidos de desafueros de los entonces Diputados Urribarri y Báez”.

“Prueba de ello, es que por iniciativa de Lara ninguno de estos expedientes obtuvo dictamen de la Comisión que él presidía (y aun preside), dándole incluso un tratamiento mínimo, sin duda alguna, con el solo afán de generar un manto de apariencia de actuación ante los pedidos públicos y formales de tratamiento que realizaban legisladores de la oposición – se acompaña como prueba adjunta Nota Nº861 de pedido de tratamiento desafuero diputados Urribarri y Báez”, sostienen los legisladores.

Sobre el trámite de desafuero, afirman que “Lara nunca cumplió con la obligación legal que impone el Artículo 20º del Código Procesal Penal de Entre Ríos” y agregan que “cabe entonces preguntarse si una persona que incumple un claro deber legal, cuya consecuencia directa es impedir que el Poder Judicial pueda avanzar en los procesos destinados a establecer la responsabilidad penal de funcionarios públicos, cumple con el requisito constitucional de la idoneidad para ejercer cualquier cargo público, concepto este que no solo resulta comprensivo de la faz intelectual de las personas sino que, indisolublemente, comprende el análisis de las aptitudes morales del postulantes; quedando claro con lo reseñando que el Sr. Lara, claramente no posee además idoneidad moral para ocupar su cargo, recayendo sobre él y su futuro accionario como Presidente del Tribunal de Cuentas, una seria sospecha sobre su necesaria aptitud moral para ejercer el cargo con ecuanimidad y apego a la Ley”.

2 comentarios

Cirilo 3 noviembre, 2020 at 11:30 am

Muy contundente la impugnación!!

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maria del carmen 3 noviembre, 2020 at 9:38 pm

creo q un tipo que se excusa en decir su patrimonio, no es digno de ese cargo… asi de simple

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