Mientras algunas leyes, como la de acceso a la información pública, parecen abolidas, el gobierno celebra la aprobación de esta normativa.
La Ley de Paridad Integral será aprobada por la Cámara de Senadores de Entre Ríos este viernes.
Desde el gobierno provincial, todos los pasos que ha dado esta ley son celebrados con bombos y platillos, y la sanción definitiva no será la excepción, ya que las autoridades provinciales la consideran un gran avance electoral.
Tal es la relevancia que le da el gobierno provincial a esta Ley, cuyo proyecto fue presentado por Red para la Igualdad, un espacio multipartidario y multisectorial de mujeres de la provincia, que cederá el Centro de Convenciones para la realización de una sesión especial fuera de la Legislatura.
El texto establece, entre otros puntos, el principio de paridad de género en la conformación e integración de los tres Poderes del Estado, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, Consejos y Colegios Profesionales. Además, define a la paridad de género como representación igualitaria de varones y mujeres en un 50 por ciento para cada género en la conformación de listas electorales, y en la composición de estructuras orgánicas o de cargos y ternas o nóminas de designación. Expresa que el género se determinará por el DNI o por la autopercepción de su identidad de género (Ley 26.743). Se deroga la Ley de Cupos 10.012. Se modifica el Régimen Electoral, la Ley de Ministerios, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley del Consejo de la Magistratura, según puede leerse en la página oficial del gobierno de Entre Ríos.
Para las autoridades provinciales, este es un gran avance electoral, una ley celebrada largamente.
Si bien los avances en cuanto a la perspectiva de género son notables, con respecto a otro tipo de leyes, el gobierno provincial mira para otro lado. Sobre todo, aquellas que refieren a la información pública, que son la principal herramienta de los ciudadanos para controlar a quienes administran los fondos públicos.
El gobernador Gustavo Bordet se negó a presentar a un medio de comunicación nacional que se la requirió su declaración jurada, amparándose en una ley provincial que data de 1953, y que está muy lejos de actualizarse.
La legislación nacional sostiene que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos deben ser digitalizadas y estar disponibles para quien las requiera, pero la ley provincial asegura que deben estar impresas y en un sobre lacrado, que solo puede abrirse por pedido judicial, o en una investigación por enriquecimiento ilícito.
Pero el gobernador no solo se niega a hacer pública su declaración de bienes, sino que tampoco quiere dar a conocer información acerca de los funcionarios que componen el gobierno que él conduce.
Pasaron más de 11 meses de gestión, casi un año, y los entrerrianos todavía no saben quiénes y cuántos son los funcionarios, mucho menos qué hacen y cuánto le cuesta al Estado provincial mantenerlos.
De manera extraoficial, se sabe que Bordet designó más de 1200 funcionarios desde que asumió en 2015, duplicando la cifra con la que Sergio Urribarri había culminado su segundo mandato y triplicando la de Jorge Busti.
Pero eso se conoce por trascendidos, porque el gobierno provincial deliberadamente oculta quiénes son los funcionarios y cuánto cobran por estar en sus cargos. Es más, también de manera extraoficial, es conocido que muchos cobran doble o triple sueldo del Estado provincial, algo que es incompatible e ilegal, un acto de corrupción.
Así, mientras algunas leyes, como la de acceso a la información pública, en Entre Ríos parecen haberse abolido, las autoridades provinciales celebran con bombos y platillos la ley de Paridad Integral como un gran avance electoral.
Los festejos resultan contradictorios porque Bordet se niega fervientemente a reformar la ley electoral más repudiada: la ley Castrillón, un pedido tanto de dirigentes oficialistas como opositores, que permitiría mejorar el sistema electoral en la provincia.
La negativa de Bordet a buscar una alternativa superadora se basa fundamentalmente en su necesidad de tener injerencia en el armado de las listas, para poder continuar en el poder.
Por otra parte, el gobernador entrerriano es uno de los mandatarios provinciales que presiona para que el año que viene no se realicen las PASO, con el fin de evitar otro papelón electoral como el de octubre de 2019.
Por ello, es llamativo el apuro por sancionar esta ley electoral y de paridad de género, aunque otras cuestiones relacionadas con esta temática vienen demoradas en Entre Ríos, como la ley que establece la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral, que ya ha sido sancionada en otras provincias.
La ausencia de esa ley, de todos modos, no fue un impedimento para que el gobernador creara 17 nuevos cargos de coordinadores en el ámbito del Consejo General de Educación y hasta designara los nombres que los ocuparán.
Imparables: la ley aún no se aprobó, y Bordet ya creo los cargos y hasta designó titulares
Sin dudas, los avances en cuanto a la paridad de género son sumamente importantes, pero todas las leyes deberían respetarse por igual.
Más aún en una Entre Ríos que fue sumamente golpeada por la pandemia, con el sector privado quebrado, con una ley de Emergencia que recorta los ingresos de trabajadores y jubilados para poder mantener el Estado en funcionamiento y, principalmente, una provincia en la que otro tipo de leyes se soslayan.
A más de 11 meses de asumido este nuevo mandato, el gobierno provincial sigue ocultando la nómina de funcionarios que lo componen, de manera tal que los entrerrianos no pueden saber cuánto se gasta en ellos ni quiénes administran los fondos públicos provinciales.
2 comentarios
La ley 9014 nunca la van a reglamentar de la carrera adm. Del empleado legislativo..asi siguen nombrando familiares…!!!
Que los PARIO !!! y en el rubro EDUCACION el 80% son MUJERES.