El flamante presidente del Tribunal de Cuentas hablará uno por uno con los encargados de controlar cada organismo y hay temor en la ciudadanía de que se planchen las causas y se declare regular a lo irregular.
Diego Lara asumió este miércoles 9 de diciembre al frente del Tribunal de Cuentas de la provincia, el principal organismo de control de los actos de gobierno.
Según trascendió, su primera acción al frente del organismo sería reunirse con cada uno de los auditores de los organismos del gobierno provincial, en forma separada.
Desde el mediodía de este mismo miércoles, Lara comenzaría a recibirlos en su nueva oficina, y, aunque no se sabe con exactitud qué le dirá a cada uno, tendría claras directivas para marcar su gestión al frente del principal organismo de control.
Tal y como publicó este Portal hace más de dos años, Lara llega al Tribunal de Cuentas de la mano de la ministra Rosario Romero, luego de un concurso que, por sus disposiciones, solamente podía ser ganado por el ex diputado.
Se conoció es que a partir de este miércoles Lara comenzará a reunirse por turnos, con cada uno de los auditores de los organismos provinciales, desde la legislatura hasta los descentralizados. Llama la atención que lo haga uno por uno y no todos juntos.
Lo que se preguntan muchos es si les va a pedir celeridad en los expedientes que están en marcha investigando irregularidades para dar con los responsables o si les sugerirá a los auditores que se tomen su tiempo a la hora de revisarlos.
Durante el acto de asunción realizado este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones, Lara habló de un control constructivo para beneficiar a la gestión y lo que muchos se preguntan es a qué se refiere con eso.
La denuncia tanto del oficialismo como de la oposición es que el ahora ex diputado fue puesto en este cargo para ocultar las irregularidades en el gobierno provincial e impedir que se avance con las investigaciones que están en curso.
El propio Lara dio muestras de poca transparencia cuando un ciudadano le requirió mediante un pedido de informes que diera a conocer cuántos contratos tiene a disposición en la Legislatura y por qué montos, y su patrimonio personal.
A nivel nacional, una ley señala que deben ser públicos, pero en la provincia existe una ley de 1953 que asegura que las declaraciones juradas de los miembros del gobierno deben presentarse en un sobre lacrado y solo pueden ser abiertos por orden judicial en una investigación.
En esa normativa provincial se amparó Lara para evitar que un ciudadano accediera al derecho de la información pública, por lo que hay muchas dudas acerca del desempeño que tendrá al frente del principal organismo de control de la provincia.
El comentario es que citará uno por uno a los auditores con claras directivas que marcarán toda la gestión, aunque ya comenzaron las denuncias de que las medidas que tomará no irán en el sentido de la transparencia.
1 comentario
QUE TRUCHADA—ESTE Q ESTA INVESTIGADO…VA A INVESTIGAR..JAJA Q RELAJE