Los trabajadores y jubilados entrerrianos siguen preguntándose dónde fueron a parar los descuentos que les hicieron por la ley de Emergencia, porque la precariedad del sistema de salud persiste.
La Cooperadora del Hospital San Martín de Paraná lanzó por las redes sociales un pedido muy particular que pone de manifiesto la alteración de las prioridades en el gobierno provincial.
Lo que piden son ventiladores, destinados a diferentes áreas del nosocomio, ya que, tras los primeros días de calor y ante la inminente llegada del verano, son necesarios para que trabajadores y pacientes, al menos, no la pasen tan mal.
El hecho es gravísimo porque se trata del nosocomio de referencia de la provincia, a donde son derivados todos los casos de la costa del Paraná de mayor complejidad, y uno de los centros de atención de pacientes de coronavirus, en medio de la pandemia.
Pero, mientras la cooperadora del Hospital, debe suplicar por un mísero ventilador, el Estado provincial gasta 6 millones de pesos mensuales por cada legislador, que a lo largo del 2020 no han hecho más que sesionar desde sus casas en forma virtual menos de una vez por mes y, claro, con aire acondicionado.
Para el año que viene, por si fuera poco, el presupuesto prevé un aumento de 300 millones para los fondos disponibles para la legislatura, con lo que se estipula que el gobierno gastará lo mismo para 51 legisladores que para todos los comedores de la provincia, o que con ello podría pagarle el sueldo a 140 policías o 200 enfermeras.
Además, estos mismos legisladores levantaron la mano en julio de este año para que se aprobara la ley de Emergencia, que fija descuentos para trabajadores y jubilados para garantizar el funcionamiento del Estado con la excusa de la pandemia.
Parte de esos fondos, en teoría, deberían destinarse al sistema sanitario provincial, algo que no se ha visto, ya que las camas y los insumos siguen escaseando, una constante a lo largo de toda la pandemia y que generó numerosos reclamos del personal de salud.
A pesar de que el gobernador Gustavo Bordet habla de las inversiones realizadas en el tema de salud, pero los médicos, enfermeros, agentes sanitarios en general, y pacientes y familiares, son testigos de la total precariedad del sistema sanitario provincial.
Que la cooperadora del Hospital de referencia de la provincia deba salir por las redes sociales a pedirles a los vecinos ayuda para adquirir ventiladores es la muestra de que los fondos de la Emergencia se destinan a cualquier cosa menos al sistema de salud.
En plena vigencia de esta polémica ley, que recorta los ingresos de trabajadores y jubilados con la excusa de la pandemia, los gastos innecesarios del Estado no solo no se detuvieron, sino que incrementaron.
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Mientras el San Martín pide algunos ventiladores, la provincia gastará 50 millones de pesos para refaccionar oficinas y pintar una pared de Casa de Gobierno.
El nosocomio pide ventiladores y el Senado, la Uader, el ministerio de Producción de Juan José Bahillo, el IAPV de Marcelo Bisogni y el Consejo General de Educación de Martín Müller, entre otros, renovaron su flota automotriz, sumando gastos a las cuentas públicas.
Si eso fuera poco, recientemente salió a la luz que el gobierno provincial le paga dos sueldos a un funcionario que nadie sabe qué hace y que cobra en el Iosper y en el Senado por casi 200 mil pesos, con lo que se compran unos 50 ventiladores, que podrían ir al hospital, a las escuelas y demás.
El mismo Estado provincial que hace que el nosocomio de referencia tenga que salir a pedir ventiladores por las redes sociales, les paga alquileres en zonas vip y altísimos sueldos a funcionarios que por la pandemia ni siquiera vienen a Paraná a trabajar, como Silvio Vivas y Guillermo Dubra.
Lo mismo ocurre con el subadministrador de Vialidad, nombrado en plena pandemia, cuando el organismo de los caminos estaba parado, al que se le paga alquiler, viáticos, desarraigo y un cuantioso sueldo, aunque lo único que se conoce que ha hecho es firmar un convenio que pone en evidencia el vaciamiento de las zonales y que la privatización de la DPV ya está en marcha.
A la par, siguen las designaciones y los compromisos políticos, como la hija de la ministra Paira nombrada en Enersa, la sobrina del presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, designada en el Iafas, y una agencia nueva del Iosper para el sobrino del titular Fernando Cañete y otros amigos del poder.
En tanto, aumentan los impuestos y los servicios que brinda la provincia son cada vez peores, como la obra social, que deja a sus afiliados sin cobertura a cada rato por las enormes deudas y la inoperancia de las autoridades.
La ley de Emergencia le recorta los ingresos a trabajadores y jubilados para el funcionamiento del Estado, aunque está claro que el sistema de salud no está entre las prioridades. Sino, la cooperadora del San Martín no debería salir a pedir ventiladores, mientras los legisladores sesionan desde sus casas con todos los gastos cubiertos, incluido el aire acondicionado, claro.
2 comentarios
Ricardo David,me gustaria estar en contacto
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