En Entre Ríos hay más de 300 denuncias por corrupción de funcionarios, legisladores y miembros de la Justicia y apenas 4 condenas

Las causas se diluyen eternamente por los negociados interpoderes, que logran condonaciones de los procesados por corrupción.

En la Justicia entrerriana actualmente duermen más de 300 denuncias por distintos delitos de corrupción que involucran tanto a funcionarios y legisladores actuales y pasados como a miembros del poder Judicial y privados.

Llamativamente, aunque en muchas de esas causas hay pruebas sumamente contundentes, los avances que se registran son prácticamente nulos.

Así, ocurre que personas denunciadas o procesadas por delitos contra el erario provincial siguen en sus cargos o en otros en el Estado entrerriano o nacional, totalmente impunes.

La verdadera equiparación a la Justicia nacional encuentra su fundamento en eso, los delitos contra los fondos del pueblo duermen, se despiertan para recordarlos y se busca que los tiempos diluyan la mirada en lo pasado para no ver el presente.

Emblemático es el caso del ex secretario general de la gobernación, Edgardo Kueider, que está investigado en la provincia por un lado por el presunto otorgamiento irregular de pauta publicitaria al empresario Adrián Bruffal y, por el otro, por el millonario robo de combustible mediante el sistema YPF Ruta.

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Amigo del gobernador Gustavo Bordet, Kueider fue el primer candidato a senador nacional por Entre Ríos el año pasado, lo que, a pesar de la catastrófica derrota que sufrió el justicialismo, le permitió llegar al congreso de la nación, donde hoy goza de fueros y puede condicionar su voto sobre causas sensibles a cambio de arreglos en la Justicia provincial.

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De las más de 300 denuncias por diferentes delitos por corrupción, apenas hubo un solo ex funcionario en las cárceles entrerrianas, Hugo Righelatto, quizás el que menos se llevó de todos los que obtuvieron su tajada a costas de los fondos públicos.

Distinto curso sigue la causa que afronta Alicia Benítez, imputada por el delito de fraude a la administración pública durante la Cumbre del Mercosur en 2014. Según consta en la investigación, se estima que el Estado pagó 17 millones de pesos de más a un grupo de empresas constructoras que tuvieron a su cargo la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios.

A pesar de tener esa causa abierta, hoy Benítez es titular de la dirección provincial de Vialidad, que maneja un suculento presupuesto para obras públicas que no se ven, ya que en Entre Ríos los baches se tapan con tierra, literalmente.

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Es más, tal es la impunidad con la que se maneja Benítez en el organismo vial que ni siquiera cumplió la cuarentena correspondiente al regresar de las vacaciones que se tomó en estos días por España.

Muchos de los empresarios privados que también están imputados, aunque en calidad de partícipes, por haberse auto contratado, hoy continúan manejando y siendo sumamente beneficiados con la obra pública provincial, como Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Rubén Grasso y Daniel Hereñú.

Si de irregularidades en la obra pública se habla, los casos de las rutas provinciales, particularmente la 18, la 20, la 38 y la 39, son ejemplares.

Principalmente, estas últimas dos son calificadas como “elefantes blancos” de la gestión del gobernador Gustavo Bordet, ya que las obras en su momento fueron certificadas por los funcionarios viales, lo que permitió el desembolso por parte del Estado de sumas millonarias a los privados y a lo largo de los años, a raíz de los graves accidentes registrados, se hicieron varias presentaciones formales tanto a la DPV como al Tribunal de Cuentas con el fin de establecer responsabilidades por el millonario daño patrimonial al Estado.

Incluso, los entonces senadores Pablo Canali y Lucas Larrarte, pidieron un control y auditoría de la calidad de los trabajos y materiales empleados en la obra de la ruta 38 y solicitaron que se determinen las responsabilidades contractuales a efectos de hacer los reclamos pertinentes, en caso de que se encontraran irregularidades, aunque llamativamente, después cesaron con sus reclamos.

El mismo gobernador Gustavo Bordet se había comprometido a investigar hasta las últimas consecuencias sobre las responsabilidades por el daño millonario al Estado con las obras mencionadas e instruyó a la titular de Vialidad, Alicia Benítez, para que se llegara al fondo del asunto.

Sin embargo, a pesar de los reclamos formales de parte de intendentes de las localidades afectadas y de los vecinos, la investigación hoy se encuentra paralizada y el tránsito sigue circulando como puede por esta dañada arteria y hasta ha habido accidentes fatales por el mal estado de la ruta.

Una denuncia reciente que no muestra avances a pesar de las contundentes pruebas es aquella contra Claudio Moreyra por cobrar dos sueldos del Estado provincial, uno como funcionario del Iosper y otro como empleado del Senado, una grave incompatibilidad.

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En esta causa, cuando se digne a investigar, la Justicia deberá determinar las responsabilidades de las autoridades a las que responde Moreyra, el titular del Iosper, Fernando Cañete, la del Senado, Laura Stratta, y el gobernador Gustavo Bordet, dependiendo de la condición laboral en que se encuentre en estos organismos.

En cuanto a la vicegobernadora, una llamativa y preocupante casualidad se produjo en el Jurado de Enjuiciamiento, que recibió un pedido de jury contra los jueces que deben resolver sobre la causa que tiene la mujer más importante de la provincia contra el director de este medio, Ricardo David.

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Los jueces Norma Ceballos y Oscar Daniel Benedetto, de la Sala II de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de Paraná, en estos momentos están resolviendo la apelación de Stratta, que perdió en primera instancia por un fallo de la jueza Gabriela Sione.

Los jueces podrían ser llevados a juicio político por no haber regulado bien los honorarios en una causa por un accidente de tránsito, lo que marcaría un fuerte precedente en la provincia de Entre Ríos, aunque llamativamente existen otras instancias para resolver este tipo de cuestiones, pero se optó nada más ni nada menos que por  el pedido de un juicio político.

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Otra gran causa que presenta un llamativo letargo es la de los contratos truchos en la legislatura provincial, que habría ocasionado un enorme daño al erario provincial.

Hablando de la Legislatura, no se puede soslayar el caso del ex diputado provincial José Ángel Allende, que confesó haberse enriquecido ilícitamente tras su paso por la Cámara de Diputados provincial.

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Allende buscó un juicio abreviado en el que admitió su enriquecimiento ilícito y hoy dilata la causa en las diferentes instancias judiciales.

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El ex diputado es hoy uno de los jubilados de privilegio de la Caja de Jubilaciones, que presenta un descomunal déficit por numerosas irregularidades, como jubilaciones altísimas para funcionarios prácticamente sin aportes, incapacidades mal otorgadas, y el pago de jubilaciones a personas fallecidas, un grave daño al patrimonio provincial que se descubrió tras una publicación de este Portal, como tantas otras causas que se callan.

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Estos son apenas algunos ejemplos de causas que afrontan por delitos de corrupción algunos de los funcionarios, legisladores y hasta miembros del poder judicial.

Mientras el gobierno provincial condiciona a los medios afines con el otorgamiento de pauta publicitaria para que las causas se tapen, las causas duermen en la Justicia por los suculentos negociados entre poderes.

Allí radica el fundamento de la verdadera equiparación a la Justicia nacional, en que los delitos contra el erario provincial duermen y se despiertan para recordarlos, mientras se busca que los tiempos diluyan la mirada en lo pasado para no ver el presente.

Son más de 300 las causas que residen en expedientes escondidos en los cajones de jueces y fiscales entrerrianos, y una cantidad alarmante involucra a las mismas personas que hoy siguen manejando el dinero de los contribuyentes entrerrianos. El silencio de todos aquellos que saben y callan, es cómplice.

 

 

6 comentarios

Maria Jose Caminos 16 enero, 2021 at 11:03 am

UNA VERGUENZA, L FINAL NO SABES QUIEN ES MAS CORRUPTO SI EL FUNCIONARIO O LA JUSTICIA Q ADEMAS A AMBOS COBRAN SUELDASOS

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Cristhian 16 enero, 2021 at 11:06 am

Y que se puede hacer para que esto cambie??????

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Esteban 16 enero, 2021 at 1:17 pm

QUE PASO AL FINAL CON LOS JUICIOS A URRIBARRI Y FAMILIA?? PORQUE NO VEO NUNCA QUE PUBLIQUEN NADA AL RESPECTO ESTARIA BUENO NO OLVIDARSE DE ESO

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Gustavo 16 enero, 2021 at 2:43 pm

La mitad de esas causas son inventadas en complicidad con el tribunal de cuentas y fiscalía. Solo por el hecho de ensuciarse unos a otros al competir politicamente

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SOLEDAD VILLA 17 enero, 2021 at 7:17 pm

DIGO YO PARA QUE LES PAGAMOS UN SUELDASO A LOS FISCALES, JUECES Y LA MAR EN COCHE… ?????????

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TERESA VIRGALA 20 enero, 2021 at 6:57 pm

Deben ser sospechosos políticos que pasarán a ser si se los condena, PRESOS POLITICOS???

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