El juez seguiría las pautas del Superior Tribunal de Justicia en la causa sobre los empleados judiciales y guiado por las profundas amenazas del Fiscal de Estado sobre el delito de fraude procesal.
El juez de Primera Instancia Civil y Comercial Ángel Moia enviaría la causa de los sindicatos AGMER, ATE, AMET y UDA por el planteo de inconstitucionalidad de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia a la Cámara Contenciosa Administrativa.
La medida se tomaría luego de que el Superior Tribunal de Justicia declarara incompetente a Moia y nula la resolución dictada por el magistrado en la que dio lugar parcialmente a un reclamo de la Asociación Judicial de Entre Ríos y dispuso la suspensión de la aplicación de los recortes a activos y pasivos del Poder Judicial.
Claudia Mizawak, Juan Smaldone y Gisela Schumacher resolvieron así la apelación del fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, Julio Rodríez Signes, y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, que sostuvieron que la causa corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa y no a la civil y comercial.
Según Rodríguez Signes, la sentencia de Moia “es producto de un fraude inconstitucional contra la ley, perpetrado respecto a las normas de atribución procesal de competencia material”.
El Fiscal de Estado pidió en ese sentido que la causa se remita al procurador general de la provincia, Jorge García, para que investigue si el magistrado cometió un fraude procesal.
Es por ello que Moia enviaría también la causa de los gremios a la jurisdicción contenciosa administrativa.
Por ello, la medida cautelar que suspende los descuentos sería revocada y los trabajadores agremiados en aquellos sindicatos verán los descuentos de la ley de Emergencia, con retroactividad, al igual que los empleados judiciales.
Sin embargo, resulta llamativo que, por ejemplo, la fiscalía de Estado no planteó la misma defensa, aunque en un fallo similar que el de los judiciales, cuando Moia resolvió a favor de los gremios AGMER, ATE, AMET y UDA.
Además, también llama la atención que el juez Baridon, que integra el juzgado contencioso administrativo, en el caso de los gremios ya nombrados desestimara lo solicitado por fiscalía de Estado y apoyara a Moia, que supuestamente estaba cometiendo un fraude procesal.
Más allá de ello, la causa sería remitida al contencioso administrativo, y los agremiados en esos sindicatos verían los descuentos de la ley con retroactividad.
2 comentarios
Una vez mas, el Superior …genuflexo al gobierno de turnoooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VERGUENZAN NOS DAN ESTOS TIPOS
Julio rodriguez signes y barión son primos hermanos !!!! En su momento también fueron socios en el estudio juridico de calle san martín y victoria