En el ámbito judicial y en la Legislatura hacen la comparación entre los dos casos: la “falta de decoro” del ahora ex vocal del Superior Tribunal de Justicia le valió un pedido de juicio político, mientras el ex el diputado está al mando del máximo organismo de control de la provincia.
Emilio Castrillón, hasta hace unos meses vocal del Superior Tribunal de Justicia y ex presidente del mismo cuerpo, accedió a su jubilación en un tiempo récord para la provincia de Entre Ríos.
Apenas cuatro días hábiles después de haber iniciado el trámite, el doctor Castrillón ya tenía su acceso al sistema previsional en mano.
Si bien se trató de un hecho sumamente llamativo, la velocidad con la que se dio no sorprendió porque lo que ocurría era que, en realidad, al ex vocal “lo jubilaron”.
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Castrillón venía arrastrando un fuerte conflicto con otros integrantes de la Justicia y el otorgamiento express del trámite jubilatorio confirmó que los embates mediáticos y judiciales en contra del magistrado eran una estrategia para quedarse con su vocalía en el STJ.
Lo que recrudeció el conflicto fue un altercado que Castrillón tuvo en su ciudad de origen, La Paz, con unos vecinos.
Por ese simple hecho, que desde el ámbito judicial fue declarado una “falta de decoro”, y le valió, entre otros argumentos, el inicio de un proceso de juicio político, lo que finalmente lo llevó a iniciar el trámite jubilatorio, como una manera de detener los embates.
Muy distinta, aunque en la misma provincia, es la situación del ex diputado Diego Lara, hoy presidente del Tribunal de Cuentas.
Este Portal accedió a pruebas concretas que dan cuenta de que el ex legislador cobraba personalmente, al igual que su pareja, Paola Lisnofsky, cheques pertenecientes a supuestos contratados de la Legislatura.
Las extracciones se daban todos los meses, en un período de más de 11 años, que fue los que Lara pasó sentado en una banca de diputado, por lo que se estima que la cifra total es multimillonaria.
Por otra parte, es conocido en María Grande y la zona que como beneficiario de un contrato de la Legislatura se encuentra un peón de la estancia de Lara, que no tiene ningún tipo de formación y solamente se encarga de ensillar el caballo del funcionario.
Estos hechos, hasta el momento no ha sido comentado por su jefa política, la ministra de Gobierno Rosario Romero, que fue quien lo impulsó a llegar al Tribunal de Cuentas, con un concurso con requisitos muy dudosos.
Tampoco se expresó al respecto el gobernador Gustavo Bordet o los demás integrantes de la Legislatura provincial.
Más llamativo aún es que la Justicia, que está investigando la causa de los contratos truchos, no citó a Lara a declarar y dar explicaciones sobre esos cheques, a pesar de la gran contundencia de las pruebas.
En el ámbito judicial y en la Legislatura se hace la comparación entre los dos casos, porque en cuanto a Lara, no se dijo que el ahora presidente del máximo organismo de control de la provincia actuó con “falta de decoro”, por cobrar cheques que no estaban a su nombre y que, en definitiva, son fondos públicos.
Muy por el contrario, Lara está a cargo de controlar todos los actos administrativos que se dan en la provincia, y tiene bajo su mando una fiscalía que debería controlar a su propio jefe, algo que evidentemente no ocurrirá.
Así, mientras a un vocal del Superior Tribunal de Justicia lo jubilaron por “falta de decoro”, un presidente del Tribunal de Cuentas cobraba cheques de contratos presuntamente truchos, y sigue al frente del máximo organismo de control de la provincia.
1 comentario
MUY CLARO… CASTRILLON LOS ENFRENTABA, EN CAMBIO LARA ES DEL GRUPO DE LOS CORRUPTOS Y NECESITAN QUE LES GARANTICE, QUE NADIE LOS VA A INVESTIGAR…CHORROS