Un funcionario municipal fue denunciado por amenazas contra una de las víctimas, mientras que un médico policial fue imputado por intentar favorecer al acusado; por otra parte, los querellantes tienen fuertes vinculaciones políticas.
Mientras Luis Maximiliano Benedetto permanece detenido tras haber sido denunciado por cuatro personas por violencia de género, se suman causas conexas en las que se investigan presuntas maniobras ilegales que habrían sido perpetradas con el claro propósito de beneficiar al acusado.
Por otra parte, el comentario entre los concoridienses es que es llamativa la gran cantidad de vinculaciones políticas que tienen los abogados querellantes.
Una de ellas, Mariana Kemerer, sería hermana de la pareja de la hija de un legislador provincial de Concordia, muy ligado a la familia Benedetto y al gobernador Gustavo Bordet.
Por otra parte, el doctor Jorge Cavallo, otro de los querellantes, es también procurador de la Fiscalía de Estado.
Así el poder político presiona fuertemente para que no avance la causa contra Bendetto, hijo del ex superministro de Bordet y actual titular de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Luis Benedetto.
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Una de las causas derivadas de la denuncia contra Benedetto es la imputación del médico policial Alcides Eduardo Marcogiuseppe por “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.
Se constató que habría quebrantado los deberes que le competen como auxiliar de la Justicia, actuando en cambio cual si fuera un asesor de la defensa de Benedetto. También se lo acusó por algo aún más grave: “falso testimonio y falsificación de instrumento público”, bajo la premisa de que habría confeccionado un certificado médico trucho dando cuenta de una inexistente infección por Covid.
Además, recientemente se sumó una denuncia contra una persona que figura como empleado mensualizado de la Dirección de Electrotecnia del municipio de Concordia, bajo el legajo 5778.
Se trata de Horacio Goyeneche, a quien la madre de la menor que acusó a Benedetto por “abuso sexual” denunció formalmente ante los Tribunales de Concordia para asegurar que el empleado municipal la contactó a ella y a su hija para pedirles que modificaran la declaración testimonial.
El funcionario también les habría “recomendado” que cambiaran de abogado querellante y le habría ofrecido trabajo y dinero. Más precisamente, 300 mil pesos, un auto y una moto, o un puesto de trabajo.
Además, la madre de la menor aseguró que se sintió amenazada cuando Goyeneche le dijo que la causa iba a terminar en nada, o, en el peor de los casos, Benedetto dentro de dos años volvería a la calle.
Según asegura la mujer, en todo momento el imputado le hizo sentir que se enfrenta a un gran poder al litigar contra Benedetto.
Luego de esta denuncia, la Justicia dispuso realizar allanamientos en el domicilio de Horacio Goyeneche, quien no se encontraba presente cuando comenzó el operativo pero que se apersonó posteriormente sin su teléfono celular, que no ha podido ser localizado y podría contener información clave para la investigación.
Goyeneche quedó detenido por tenencia ilegal de armas, ya que en la requisa de su vivienda la policía encontró un revolver no declarado.
En la audiencia de este miércoles, que derivó en la resolución del juez de garantías Francisco Ledesma que prorrogó por 38 días (una cifra fuera de lo común) la prisión preventiva de Benedetto, fueron expuestas por Fiscalía como indicios claros de “entorpecimiento” del accionar de la Justicia las dos maniobras, la primera que tuvo por protagonista al médico policial y la segunda donde el ejecutor habría sido el empleado de electrotecnia.
Tanto el médico policial Marcogiuseppe como Goyeneche, según los datos colectados por la investigación, habrían tenido contactos con el abogado Diego Labeque Drewanz, quien, a la par que ejerce como defensor de Benedetto, es funcionario nacional.
El 1° de Septiembre de 2020 fue designado Coordinador de Centro de Frontera Mesopotamia Sur, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior de la Nación y es muy allegado al gobernador Gustavo Bordet, quien buscó imponerlo en un cargo partidario.
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Por otra parte, llamó la atención en la audiencia más reciente que el abogado querellante Jorge Cavallo incurriera en una inasistencia por segunda vez, al no hacerse presente.
Este letrado, que también es funcionario de Fiscalía de Estado, originariamente no era querellante de ninguna de las presuntas víctimas, pero una de ellas, para sorpresa de quienes siguen de cerca el caso, resolvió cambiar de profesional y eligió para esa tarea el Doctor Cavallo, algo que llama la atención.
El comentario en Concordia es que el poder político presiona fuertemente para que no prospere la causa contra Benedetto, hijo de un importante funcionario, muy vinculado al poder provincial.
1 comentario
Cavallo, personaje nefasto de la abogacía, suspendido en el ejercicio profesional por corrupto. Los delincuentes se juntan