Daniel Sabsay: «El gobernador Bordet está avalando todas estas irregularidades»

El abogado constitucionalista y profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA, Daniel Sabsay, habló de las irregularidades en el caso de la fiscal Cecilia Goyeneche, y de la «compra» de medios con la pauta oficial.

«Es muy grave la situación del Ministerio Público, justo frente a la situación comprometedora para el ex gobernador Urribarri y por la situación de una cadena enorme de corrupción vinculada también con el funcionamiento legislativo».

«Que se dé una situación tan extraña, que precisamente la fiscal anticorrupción, la Dra. Goyeneche, que es la que investiga, se la trate de remover a través de un procedimiento absolutamente inconstitucional, no hay dudas que en Argentina, la máxima según la cual “el que investiga la corrupción las paga”, se da acá a las claras».

«Se aparta para que no investigue. Evidentemente no se les ocurrió antes, además por una causal muy tirada de los pelos, es decir, buscarle el “pelo al huevo”, para que la gente entienda. No con el deseo de que se vaya a la verdad, sino solo para que no se investigue.  Justamente, al mismo momento en el que se da otro caso, siempre dentro de la matriz Kirchnerista, se han removido 40 funcionarios de la AFIP por investigar a la ex presidenta Cristina Kirchner, a Etchegaray, Fonseca y Cristóbal López. Se da una constante, es como una señal a futuro, “no investigues porque las vas a pagar”. Permanentemente se busca la impunidad, no la lucha contra la corrupción».

«Avanzan sobre la independencia de los poderes».

«Si la justicia no puede, y el Ministerio Público Fiscal, que es por excelencia quien lleva a cabo la investigación por casos de corrupción y por delitos graves de todo tipo, cada vez que se mete con alguien poderoso se tiene como una especie de grupo de tareas para sacarlo de la cancha o removerlo o investigarlo o amenazar a la familia, evidentemente la independencia del Ministerio Público se ve totalmente comprometida».

«Esto me parece algo escandaloso. El tema de los ex gobernadores. En este caso creo que el ex gobernador Busti no está involucrado, pero lo ha estado en gravísimos hechos de corrupción y de enriquecimiento ilícito, de hecho, además, viven en casas cinematográficas que no se sabe la procedencia del dinero, en un hecho muy sugestivo, pero nunca se llega a sancionar o aplicar una pena a hechos tan graves. No es en la única provincia, pero se la mira (a Entre Ríos) con mucha preocupación. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto y en qué modo, como ha ganado la oposición las últimas elecciones, no tiene que ver con este estado de cosas? La gente quiere otra cosa, en todo el país. Esta cansada de las mafias y la corrupción».

«Llama la atención, y me da la impresión que el gobernador Bordet está actuando de una manera muy curiosa, no le está dando al Ministerio Público las garantías de independencia que le debe dar, está, de alguna manera, a mi modo de ver, avalando todas estas irregularidades. Es toda una continuidad, porque están todos relacionados entre ellos».

Pauta oficial

«Creo que en las provincias influye de manera concluyente. Sobre todo, en las provincias, los medios independientes dependen de la pauta oficial. Lamentablemente, los gobernadores, y el presidente también, se manejan de una manera absolutamente discrecional, reparten la pauta oficial, que es dinero público, dinero de todos, para los amigos, y para los que no son amigos, es una manera directa de condenarlos a muerte, porque si no tienen ese dinero no sobreviven. Además, es una manera de “comprar” medios a través de la pauta, sabemos que esto es así. A pesar que ha habido tres fallos de la Corte donde han establecido claramente que el dinero de la pauta oficial no es un dinero que los gobiernos puedan manejar de manera discrecional, sino que tienen que hacerlo conforme a criterios objetivos de reparto entre todos los medios de manera proporcional. Inclusive, en el caso Rio Negro, que fue el primero, la Corte exhortó al Congreso que dictara una ley relacionada con este tema en donde fueran objetivos bien claros a los cuales el Ejecutivo se tiene que atener para no caer en esas injusticias que directamente violan la libertad de expresión».

«Precisamente, esto coarta no solamente al medio, sino a la opinión pública en general que no puede recibir una información diversa, desde distintos lugares, que no sea una información absolutamente tributaria del poder, sino que por el contrario sea molesta para el poder, porque ese es el rol del periodismo para que la gente pueda controlar a sus gobernantes».