La intendenta Rosario Romero junto a intendentes de grandes ciudades en alerta por la eliminación de subsidios al transporte

Jefes comunales de todo el país firmaron un comunicado horas después de conocerse la decisión del gobierno que afecta las arcas provinciales con la quita de subsidios al transporte. Plantean la posibilidad de ir a la justicia

Los intendentes de grandes ciudades de distintos puntos del país emitieron un comunicado contra la quita de los subsidios al transporte dispuesta por el gobierno nacional, una medida que no alcanza al AMBA y golpea al interior. Plantearon la posibilidad, incluso, de ir a la Justicia ya que el Fondo de Compensación está en el presupuesto prorrogado por Nación.

Distintos mandatarios provinciales lo interpretaron como una venganza después del fracaso de la ley ómnibus. Los intendentes relatan que para ellos fue especialmente inesperado porque ayer un grupo de alcaldes de varias ciudades del país pidieron una reunión con la Secretaría de Transporte para analizar el tema y ningún funcionario les advirtió de estos cambios.

El intendente de una de las ciudades más grandes del interior del país explicó a este diario que sin subsidios, el boleto podría costar entre $1000 y $1500 (cálculo hecho sin subsidios de ningún tipo), y dijo que no solo es “impagable” por los ciudadanos, sino que virtualmente la situación llevaría a que no haya transporte. Los municipios aportan, en general, una parte del subsidio al boleto junto con los gobiernos provinciales y la Nación.

“Esta medida no es contra los intendentes, es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en sus respectivas ciudades”, dice el comunicado emitido hoy por los intendentes. “Una determinación semejante afecta de forma directa a la productividad del país”, dijeron, y adelantaron en su documento que evaluarán “todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional”.

En el AMBA desde el 1° de este mes la tarifa mínima pasó a $76,92, con una suba de 45%. En tanto, el miércoles pasado la Justicia Federal de Lomas de Zamora suspendió el procedimiento de consulta pública dispuesto por el Gobierno para definir el nuevo esquema tarifario.

En Paraná, la intendenta Rosario Romero se encontró con que la empresa Buses Paraná, prestataria de servicio envió una carta documento al municipio reclamando 1.100 millones de pesos a partir de los aumentos en la operación del servicio por las subas en el precio de los combustibles y demás factores que hacen a los costos, y desde este jueves decidió unilateralmente cortar el servicio a la hora 14.