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Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo e hijo del vocal jubilado del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Juan Ramón Smaldone, aduce que está procesado (por presuntas negociaciones incompatibles, fraude y cohecho) desde hace siete años durante los cuales se habría violado la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, y entiende que los plazos para seguir investigando estarían “totalmente vencidos”.
El exministro de Trabajo y extitular del Tribunal de Cuentas, entre otros cargos públicos que ocupó Guillermo Smaldone, solicitó a la Justicia que dicte su sobreseimiento en la causa por supuestas “coimas” o “dádivas”. Smaldone es hijo del vocal jubilado con más de 4 millones de pesos, Juan Ramón Smaldone, y está imputado en el proceso penal junto al exgobernador Sergio Urribarri, al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros y otros funcionarios o exfuncionarios públicos.
En la causa por presuntas negociaciones incompatibles, fraude y cohecho, los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro, investigaron contrataciones millonarias del Estado provincial durante las dos gestiones de Urribarri a empresas que dirige Cardona, y detectaron presuntos retornos de dinero a funcionarios públicos y privados.
Smaldone hijo se presentó este miércoles ante el juez Vergara para reeditar un planteo que viene formulando. “En todas las instancias previas me contestaron que el momento oportuno para interponer esta petición es este”, dijo y subrayó que Fiscalía “tiene los plazos fenecidos para ejercer la acción pública”, citando el denoinado “fallo Cozzi”.
El ex funcionario precisó que desde el 5 de diciembre de 2017 se encuentra “imputado informalmente”. Entendió que pesa sobre su persona un “estado de sospecha permanente de antaño”, que consideró “injusto”. Añadió que en octubre de 2017, por una denuncia del abogado Rubén Pagliotto contra una serie de funcionarios públicos que prestaban funciones en el Ministerio de Economía, ya no estaba en la función pública, puesto que el 10 de junio de 2016 había renunciado a todos los cargos que prestó en el Estado.
Smaldone criticó que “el precoz interés” de Fiscalía respecto de su presunta participación en un solo hecho, el último de los seis que se investigan en la causa por la contratación de un sistema de software para la Administración Pública, no se sostuvo durante los siete años de proceso en los que casi no hubo movimientos destinados a producir nueva evidencia. En su crítica añadió que Fiscalía utilizó en su contra evidencia que se obtuvo en otra causa que investiga en presunto delito de Enriquecimiento ilícito del ex gobernador, Sergio Urribarri y Diego Armando Cardona Herrero.
La colonización de la Justicia
Guillermo Smaldone fue ministro de Trabajo del exgobernador Urribarri, luego, en tiempos de la presidencia de Diputados del ex gobernador, se convirtió en presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
Su hermano, Tomás, fue designado en 2016 al frente de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Gobierno.
La esposa de Guillermo, María Josefina Pace, fue relatora de la Sala 3 del Trabajo del Superior Tribunal de Justicia (STJ). En tanto, Mercedes Iturburu, esposa de Tomás Smaldone, fue asistente de su suegro, Juan Ramón Smaldone, en la Sala 2 Civil y Comercial del STJ.
El concordiense Juan Ramón Smaldone, quien ahora es vocal jubilado del Superior Tribunal de Justicia, padre de Guillermo y Tomás, quien hoy percibe del Estado un sueldo que supera los 4 millones de pesos, seguramente cuando asumió allá por 2010, lo hizo por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, quizás por obra y gracia del mismo Dios, la patria o los evangelios, la Justicia le ha resultado fructífera a su entorno familiar.
“El fallo «Cozzi»
Fue emitido el 6 de diciembre de 2021. Se trata de una resolución la Sala Penal del STJ que se aferró a la letra del Código Procesal Penal que establece un plazo perentorio de tres meses para investigar. Hasta ese fallo los plazos de las investigaciones venían siendo ordenatorios.
En aquella sentencia se decidió el sobreseimiento, en base al vencimiento del plazos procesales, de Juan Alfonso Blasón Lorenzatto, consorte de causa del exdiputado provincial del radicalismo Ricardo Troncoso. El ex diputado y su colaborador habían sido imputado por el delito de peculado tras la denuncia del exempleado de la Cámara de Diputados, Carlos Cozzi, quien acusó en 2018 al radical de quedarse con el 70% de su salario. Si bien ambos fueron sobreseídos por el vencimiento de los plazos para investigar, la Fiscalía apeló ante la Corte Suprema para revertir dicho precedente.
Sin embargo, desde entonces el fallo viene siendo citado por diferentes abogados defensores en causas que van desde corrupción hasta un abuso sexual.
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Entre Ríos chorrea de ladrones