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El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó la decisión del presidente Javier Milei. Dijo que continuarán desmantelando otras oficinas del Estado que “no sirven absolutamente para nada”
El Gobierno confirmó que cerrará el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, que explicó que avanzan con “el cierre definitivo” del organismo: “No vamos a seguir financiando rosca política ni lugares donde se paguen favores”.
Adorni dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada: “Uno de los ejes de Milei es la reducción del Estado, la eliminación de lo que no genere beneficio, y se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de institutos que no sirven para nada, que son grandes cajas de la política, lugares para generar empleo militante”.
En ese sentido, si bien advirtió sobre los tiempos burocráticos para la ejecución de estas medidas, reiteró el plan de eliminar organismos que “no generen un beneficio para los argentinos”.
“Por desgracia los tiempos no son tan veloces como uno quisiera, pero no vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se pagan favores políticos y donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos que no suman absolutamente nada a un país empobrecido”, afirmó Adorni.
Según explicó, el organismo que había sido creado para combatir todo forma de discriminación tiene actualmente 400 empleados y oficinas en todo el país. Si bien no dio nombres, Adorni dijo que este tipo de institutos suelen ser conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad.
“No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos en un país que está absolutamente empobrecido”, fundamentó el portavoz. Y agregó: “No podemos hacer que la gente con sus impuestos siga pagando este tipo de cuestiones”.
El Instituto se creó en 1995 tras la sanción de la Ley 24515 y comenzó a funcionar dos años después, en 1997. Actualmente se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Adorni aseguró que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, pero no pudo especificar si el proceso se realizaría por decreto o a través de un proyecto de ley que debe convalidar el Congreso.
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