El documento, además, insta a las partes del caso «a que arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial».
La acción judicial de Torres es uno de los tantos reclamos de las provincias hacia el gobierno nacional, en el marco de un conflicto que ya cuenta con más de un capítulo: al freno en la obra pública y en el envío de partidas discrecionales del fondo compensador al transporte del interior y del AMBA, el recorte de partidas para la educación y la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal a la Provincia de Buenos Aires, se le suma la cancelación del envío de $13.800 millones en concepto de coparticipación a Chubut.