SUMAN al Empresario Gustavo Bupo y a su empleado de apellido Wagner, como implicados en las maniobras de la causa «Mesa de Dinero»

Las autoridades judiciales investigan al empresario Gustavo Bupo y a un empleado suyo, Maximiliano Wagner, acusados de ocultar bienes y manipular documentación falsa en el marco de la causa «Mesa de Dinero». El objetivo de estas acciones habría sido encubrir bienes derivados del supuesto fraude que se investiga, el cual afectó a más de cincuenta inversionistas.

A Gustavo Bupo y Maximiliano Wagner se les atribuye la presunta maniobra de ocultar dos automóviles de alta gama, específicamente una Toyota Land Cruiser Prado y un Audi A5 3.2 Quattro Pro Cupé, presuntamente mediante la falsificación de documentos y la inserción de firmas apócrifas. Según la acusación, estas conductas podrían constituir el delito de Encubrimiento, previsto en el artículo 277 del Código Penal.

La denuncia fue impulsada por el fiscal Santiago Alfieri Porqueres, quien actuó con base en un informe elaborado por el Sub Jefe de la División Delitos Económicos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos. En su notificación, el fiscal explicó que se trataría de un nuevo hecho a investigar, aunque relacionado con el caso principal. Según Alfieri Porqueres, esta nueva línea de investigación busca establecer si Bupo y Wagner, con pleno conocimiento de que los vehículos estaban pedidos para secuestro, habrían ejecutado acciones deliberadas para ocultarlos, valiéndose de documentos falsos con la firma de Ramón Taglialegne, a fin de disimular bienes presuntamente producto del ilícito investigado.

Aunque aún no tomó estado público, sobre Gustavo Bupo se dice que en maniobras también vinculadas a esta causa, habría reducido, entre otros bienes inmobiliarios, una mansión valuada en 400 mil dólares, por un valor de 200 mil. Dicha mansión se encuentra en Oro Verde, frente al INTA, y el propietario habría sido el empresario e influencer Nico Lorenzón, hoy radicado en Miami sin dejar de hacer negocios en nuestra zona. Lorenzón tiene una gran exposición en Redes Sociales por mostrarse como “exitoso” emprendedor inmobiliario y de la construcción, que ha dejado un sinnúmero de “clientes insatisfechos” (víctimas). A pesar de ser sondeado por la Justicia, pareciera que tiene un “halo protector” que le permite seguir con sus maniobras económicas millonarias, que incluyen el comercio digital y los criptoactivos.

La Fiscalía resolvió convocar a ambos sospechosos para que designen un abogado defensor. Asimismo, se llevó a cabo una entrevista con Enrique Ramón Taglialegne, cuyo nombre aparece en los documentos presuntamente falsificados, con el objetivo de esclarecer su participación o el uso indebido de su identidad en esta causa.

La causa «Mesa de Dinero» investiga un esquema financiero que habría operado durante al menos cinco años, encabezado por Andrés Gamarci, Matías Leonel Santa María, y Cristian Vital, quienes actuaban bajo sus propios nombres y a través de las firmas San MAR SAS, propiedad de Santa María,  y JIFA SAS, de Andrés Ferreyra. Según la Fiscalía, esta estructura financiera ofrecía atractivos intereses —del orden del 2.5% mensual en dólares— a diversas personas que invertían fondos. La rentabilidad prometida era superior a la del mercado, y el capital supuestamente se devolvería al vencimiento de los contratos de mutuo firmados, algunos de los cuales incluían pagarés. Esta promesa de intereses elevados permitió a los sospechosos conservar el capital de los inversores, que permanecían convencidos de la solvencia de la organización.

Sin embargo, en julio de 2024, el esquema colapsó, pues los pagos de intereses se interrumpieron, y comenzó a eludirse la devolución del capital a los clientes. En lugar de recibir sus ganancias, los inversionistas se encontraron con empleados que ofrecían explicaciones evasivas, así como con un abogado que justificaba la falta de liquidez por una presunta reestructuración de la empresa. Estas maniobras, según la Fiscalía, habrían causado pérdidas millonarias a los afectados, ya que los fondos no fueron devueltos, generando un perjuicio económico que ascendería a cientos de miles de dólares.

La investigación en torno a Bupo y Wagner se inserta en este contexto como un posible intento de encubrimiento de los bienes derivados de este sistema financiero ilícito. La Fiscalía avanza con ambas investigaciones paralelamente, buscando desentrañar los roles específicos de cada involucrado en lo que podría constituir una red de fraude y encubrimiento a gran escala.