El dirigente sindical José Allende recibió dos noticias de alto impacto judicial en pocos días que reflejan el panorama de sus múltiples causas: mientras el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos le otorgó la prescripción en la denuncia por violencia de género, el proceso por enriquecimiento ilícito contra él y su familia avanza de forma irreversible hacia el juicio oral. La disparidad en la resolución de estos expedientes subraya una compleja trama judicial y política que mantiene al exlíder gremial envuelto en la polémica.
El «alivio» de la prescripción por violencia de género
A principios de diciembre de 2025, el STJ declaró prescripta la acción penal contra Allende por la denuncia de amenazas y coacciones en contexto de violencia de género radicada en 2018 por la exministra de Salud, Sonia Velázquez.
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La clave procesal: La prescripción se basó en una modificación anterior de la carátula, pasando de violencia de género agravada (con mayor plazo de prescripción) a violencia de género simple. Esta alteración, impulsada en su momento por la Fiscalía buscando un posible juicio abreviado (que finalmente no se concretó), fijó el plazo de prescripción en tres años. La mayoría del STJ, con los votos de los vocales Carubia y Giorgio, se adhirió a esta figura de menor pena, dando por caducada la acción penal.
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Reacción y apelación: Velázquez, quien calificó la decisión como un «modus operandi sistemático», anunció que interpondrá un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La querella argumenta que la prescripción, votada en disidencia por la vocal Mizawak, vulnera los derechos humanos y la protección de las mujeres, y que el proceso no debería haberse detenido por un tecnicismo que no permitió un juicio de fondo.
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Ni culpable, NI INOCENTE: El sobreseimiento implica que Allende «zafó» de ser juzgado por estos hechos, ya que la prescripción se limita a la pérdida de la potestad estatal de perseguir el delito por el tiempo transcurrido, y no representa una declaración de inocencia o culpabilidad.
La causa que sigue: enriquecimiento Ilícito y el juicio familiar
A diferencia del expediente de violencia de género, la causa por enriquecimiento ilícito contra José Allende está confirmada y sin margen de prescripción.
Se prevé que el juicio oral y público se llevará a cabo en el segundo semestre del 2026. Esta causa tiene un alcance más amplio e impactante, ya que sentará en el banquillo a todo el círculo familiar del dirigente:
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José Allende
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Sus dos hijos
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Su esposa actual
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Su ex esposa
A pesar de los múltiples planteos de la defensa, incluyendo pedidos de prescripción y nulidad, la Justicia ha ratificado el avance de esta causa que investiga el origen de los bienes del sindicalista, manteniendo la firmeza en que el proceso llegue a juicio.
Contraste Judicial: Mientras que las demoras procesales y la alteración de la carátula permitieron que Allende evite el juicio por una acusación grave de violencia de género, los plazos y la contundencia de la acusación en el caso de enriquecimiento ilícito no le permitieron «zafar», obligándolo a enfrentar a la Justicia junto a su familia.
La resolución de este caso reaviva el debate sobre la eficacia de la justicia en los delitos de violencia de género. Mientras en el ámbito nacional casos de gran repercusión social terminan con condenas ejemplares de hasta 20 años de prisión para los agresores, la causa contra Allende concluyó por el mero paso del tiempo.
El contraste entre el expediente que prescribió y el que avanza a juicio demuestra la doble vara de los tiempos judiciales: la impunidad procesal en una causa de índole socialmente sensible versus la firmeza de la investigación en una causa de corrupción. La decisión ahora queda en manos de la Corte Suprema, que deberá definir si los derechos humanos de la querellante prevalecen sobre el fallo técnico del STJ.
Allende «YA LO SABÍA»
Parece que el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que declaró la prescripción de la causa por violencia de género contra el dirigente sindical José Allende no fue una sorpresa para los círculos de la política y el sindicalismo entrerrianos.
Según trascendidos reservados, Allende habría manifestado su tranquilidad en reuniones y asados con allegados durante el último mes, manejando información de que la causa terminaría por el transcurso del tiempo, un desenlace que finalmente se confirmó con el voto de mayoría del STJ.
«Decía que ESTÁ tranquilo, PORque esta causa ya prescribió. Voy a salir bien,» comentó una fuente, sugiriendo que el dirigente tenía un conocimiento anticipado sobre el rumbo que tomaría la decisión judicial al aplicarse la figura de violencia de género simple con su plazo de tres años.
Impunidad y «Destino Final»
Este conocimiento previo y el resultado del fallo han intensificado la sensación de que, en ocasiones, el poder político o la dilatación de los procesos pueden eludir la acción de la Justicia, un fenómeno que se conoce popularmente como impunidad. Mientras en otras causas de alto impacto social la Justicia logra llevar a juicio y condenar a agresores por violencia de género con penas severas (hasta 20 años), en este caso, un tecnicismo procesal (el cambio de carátula) permitió que el dirigente no fuera juzgado por el delito.
La vida judicial de Allende tiene sus contrastes: zafó de ser juzgado por la grave acusación de violencia de género por prescripción, pero deberá enfrentar junto a su familia el juicio oral por enriquecimiento ilícito en 2026. Fuentes judiciales indican que, dada la solidez de la evidencia acumulada a lo largo de más de una década, el procesamiento de José Ángel Allende y su familia se considera un paso prácticamente definitivo hacia una instancia donde se determinará su responsabilidad final, y los entendidos ya mencionan que se le haría muy difícil no terminar dentro de una celda.