La central obrera lo resolvió hoy en una reunión de comisión directiva. Se oponen a pesar de que el Gobierno atenuó un artículo que afectaba a la caja de los gremios. También hará planteos judiciales
La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió una manifestación de rechazo contra la reforma laboral para el jueves 18 de diciembre, a las 15 horas. El epicentro del reclamo será la Plaza de Mayo. La semana próxima el proyecto oficial sería tratado en la Cámara de Senadores, de acuerdo a las intenciones del oficialismo.
La medida se tomó en el consejo directivo de la CGT, que se reunió en la sede de Azopardo durante más de dos horas. “Hay miradas con sesgo ideológico y no pragmático. Vemos un país empobrecido, sin inversión. Se trata de un ataque a los derechos colectivos e individuales”, dijo Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de mando. El dirigente también le respondió al jefe de gabinete, Manuel Adorni, por sus omisiones a la hora de presentar la iniciativa en el marco del Consejo de Mayo.
La CGT está decidida a confrontar a pesar de que el Gobierno tuvo hoy un gesto al eliminar del proyecto oficial el artículo que afectaba uno de los mecanismos de recaudación de los gremios. A pesar de esta señal, los sindicatos rechazaron la iniciativa porque la consideran “regresiva” y que quita derechos colectivos e individuales. El proyecto de reforma oficial de Javier Milei busca flexibilizar las contrataciones y los despidos, restringe el derecho a huelga y recorta la fortaleza de las organizaciones sindicales.
“El debate de la ley pretende llevarse adelante entre gallos y medianoche, a espaldas del pueblo. Lo pretenden hacer con tratamiento exprés. Esta CGT quiere participar del debate. Es un paso más hacia la precarización laboral”, dijo Sola.
La estrategia de la CGT será tender puentes con gobernadores y legisladores para intentar frenar la ley en el Congreso. También se prevé una movida judicial, ya que considera algunos puntos como “inconstitucional”, como los límites al derecho a huelga.
“Se decidió ir a Plaza de Mayo porque hay que apuntar a la Casa Rosada, que es en donde se toman las decisiones”, indicó a la salida un secretario general de la primera línea consultado por el punto de la movilización, la cual en un principio se especulaba que se iba a hacer en las afueras del Congreso. Además, mostró una expectativa creciente sobre la posibilidad de obstaculizar la media sanción en el Senado. “Estamos a tres votos de bloquear la ley”, expresó, confiado.
En diálogo con la prensa, Cristian Jerónimo no le cerró la puerta a la posibilidad de que a través de mandatarios provinciales y legisladores del peronismo y otros sectores se impulse una contra reforma laboral en el Congreso. “Les acercamos unos aportes sobre lo que entendemos que hay que hacer hincapié. Los convenios colectivos de trabajo son el instrumento para modificar, adecuar o modernizar alguna función específica. Cuando existió la necesidad, se sentaron las partes que demandaban esa necesidad ahí, tanto el sector empresario y sindical, y hay dos ejemplos claros que son el sector del petróleo y el automotriz”, indicó.
Jerónimo también se refirió a la situación de los trabajadores informales, los cuales representan actualmente la mitad de la masa laboral en la Argentina y se encuentran fuera de la normativa vigente, un punto que el oficialismo considera central para apalancar la reforma. “Ese es el gran desafío y es a lo que nosotros apelábamos: que este gobierno convocara a construir un ámbito de diálogo y negociación para pensar en todos esos trabajadores que están en informalidad laboral. Está claro que el cincuenta por ciento de la Argentina está sin derechos y sin condiciones laborales. Ahora, eso se construye con los actores que entienden cuáles son las necesidades de los distintos sectores”, cerró.
“El Gobierno habla de modernización, previsibilidad y generación de empleo, pero el contenido real del proyecto apunta a otra cosa: debilitar la negociación colectiva, reducir derechos y dejar al trabajador más desprotegido. Los objetivos declarados no coinciden con los efectos estructurales de la ley”, dijo Fabián Montaño, del gremio de Apops. Y agregó: “El proyecto también avanza contra la vida sindical: penaliza las asambleas, limita la organización en los lugares de trabajo y debilita la representación gremial. Un sindicato sin participación activa es un trabajador sin defensa. Esa es la intención política detrás de estas restricciones”.
La convocatoria del consejo directivo, que fue antecedida por una reunión de mesa chica por la mañana, reunió a más de cuarenta secretarios generales. Entre ellos, los triunviros más Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Héctor Daer (Sanidad), el camionero Hugo Moyano, Sergio Romero (UDA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), entre otros.
“Analizaremos un programa de acción. Seguramente vamos a convocar a un plenario de delegaciones regionales. Comienza una etapa en la defensa, de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”, expresó a su llegada Gerardo Martínez.
En una señal de rechazo, el hombre fuerte de los trabajadores de la construcción no asistió a la última convocatoria del Consejo de Mayo, el órgano colegiado impulsado por el Ejecutivo que reúne representantes de los diversos sectores, el cual integra en condición de representante de los gremios. Ese día se elaboró una documento donde se establecieron una serie de lineamientos básicos que incluye la también llamada “modernización laboral”, que no contó con la firma de Martínez.
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