La ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, Verónica Berisso, se encuentra hoy en el epicentro de un escándalo ético y funcional que redefine los límites de la desidia estatal. Mientras Paraná y gran parte de la provincia sufren las consecuencias de inundaciones que dejan a cientos de familias bajo el agua, Berisso mantiene un silencio cómplice ante el desvío de 285 millones de pesos del IAFAS para financiar el marketing y la atención de clientes VIP del Casino Victoria, dinero que por ley debe destinarse a la acción social.
Resulta indignante que la funcionaria, siendo vecina de Gualeguay, tenga una cercanía funcional más estrecha con los intereses empresariales de la ciudad de Victoria que con las necesidades urgentes de su propia cartera, y permita que el presupuesto para colchones, raciones de comida y asistencia directa sea drenado hacia las arcas de empresarios inescrupulosos. Su inacción no es solo una falta de gestión; es la pieza necesaria para que la «caja negra» del juego en Entre Ríos siga alimentando el lujo privado con el hambre de los entrerrianos.
La falta de inversión de los empresarios del juego ha quedado expuesta de la manera más cruda a través de videos filtrados desde el interior del Casino Victoria. En las imágenes se observa cómo, con las recientes lluvias, el agua cae a borbotones desde los techos directamente sobre las máquinas tragamonedas y las alfombras. «Cada vez que llueve mucho se inunda la sala y jamás se arregló», denuncian quienes conocen el paño desde adentro. El peligro eléctrico es inminente, pero la inversión privada es inexistente. Es el retrato perfecto de una estafa social: el Estado les regala 285 millones de pesos para publicidad mediante la Resolución Nº 0051, pero los empresarios, beneficiados por una rentabilidad sideral, no son capaces de tapar una gotera. El negocio es redondo: «dame esto y lo sacamos de esta forma», parece ser la consigna entre funcionarios y empresarios que operan bajo la lógica del retorno encubierto.
Este esquema de corrupción estructural no es nuevo, pero ha alcanzado niveles obscenos. El andamiaje jurídico diseñado hace décadas permite al IAFAS eludir la Ley de Licitaciones, transformando la contratación directa en un «traje a medida» para el empresariado. Mientras la provincia rascaba el fondo de la olla para pagar deuda externa, el organismo invertía 660.200 dólares en cajeros automáticos para beneficiar a la firma Slots Machines S.A., una inversión que legalmente correspondía a los privados. Esta sangría de recursos ocurre bajo la mirada pasiva de organismos de control y una «puerta giratoria» descarada, donde funcionarios como Germán Irazusta pasan de auditar casinos a ser gerentes de las mismas empresas que debían controlar apenas 30 días después de jubilarse.
La situación en las calles de Paraná y el interior provincial hoy demanda una intervención urgente que el Ministerio de Desarrollo Social no está cumpliendo con eficacia. La gente en los arroyos necesita colchones, frazadas y alimentos, pero esos recursos terminaron en campañas publicitarias para fomentar la ludopatía. La designación de figuras vinculadas a estructuras gremiales y políticas tradicionales en los puestos de control del IAFAS garantiza que la opacidad continúe. Poner a cuidar los intereses del Estado a quienes responden a los empresarios solo asegura que el dinero de los sectores más vulnerables siga alimentando la capitalización de los dueños del azar, mientras las salas oficiales se caen a pedazos y la ministra Berisso sigue mirando para otro lado, más preocupada por el bienestar de los concesionarios que por el desastre que el agua dejó en los barrios más necesitados.
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1 comentario
Que tristeza y cuanta impotencia siento