Trabajadores del Casino de Gualeguaychú presentaron una nota formal ante la diputada provincial Débora Todoni (La Libertad Avanza), exigiendo una investigación exhaustiva sobre las contrataciones directas y el presunto conflicto de intereses de ex funcionarios. Tras las revelaciones periodísticas hechas por este portal sobre la corrupción estructural que operaría desde hace dos décadas, el personal del organismo rompió el silencio para denunciar cómo el Decreto 5559/02 se utiliza como una herramienta de excepción permanente para eludir los controles de la Ley de Licitaciones y beneficiar a sectores privados en perjuicio de la acción social.
Lo que comenzó como una serie de publicaciones periodísticas sobre la «caja negra» del juego en Entre Ríos ha desencadenado una reacción sin precedentes dentro del propio Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS). Empleados de carrera, con años de desempeño en el Casino de Gualeguaychú, han decidido elevar una denuncia formal a la Legislatura provincial.
La misiva, dirigida a la diputada Débora Todoni, no solo valida las irregularidades publicadas recientemente, sino que aporta la visión de quienes conocen el organismo desde sus entrañas. Los trabajadores denuncian la existencia de una «estructura de funcionamiento opaca» que compromete los recursos públicos destinados a la asistencia social de los entrerrianos.
El eje central de la denuncia radica en el uso sistemático del Decreto N.º 5559/02. Según los firmantes, esta norma funciona como un «blindaje administrativo» que permite al IAFAS eludir la Ley Provincial N.º 5140 (Régimen de Contrataciones del Estado).
Evidentes irregularidades: el decreto permite contrataciones directas sin publicidad suficiente ni competencia real.
Desnaturalización legal: la Ley 5140 establece la licitación pública como principio general, pero en el IAFAS la excepción se ha convertido en la regla.
Perjuicio social: al evitar el control y la transparencia, se consolida un esquema cerrado que beneficia a empresas privadas del juego en articulación con sectores del poder político.
Los trabajadores solicitan expresamente la derogación de este decreto para restituir la plena vigencia de los mecanismos de control ordinarios.
Uno de los puntos más graves señalados en el documento es la situación del Sr. Germán Irasusta, ex alto funcionario del IAFAS. La nota detalla cómo Irasusta, tras ocupar cargos jerárquicos con poder de decisión sobre contratos y concesiones, pasó rápidamente a ocupar un cargo directivo en el sector privado del juego.
Esta práctica, conocida como «puerta giratoria», es denunciada por los empleados como un conflicto de intereses que pone en duda la imparcialidad de todas las decisiones adoptadas durante su gestión y debilita cualquier capacidad de control real sobre las empresas concesionarias actuales.
La denuncia de los empleados de Gualeguaychú se suma a las recientes revelaciones que indican que el IAFAS operaría bajo un esquema de corrupción estructural desde hace más de veinte años. La falta de transparencia en la adjudicación de las últimas concesiones es vista como la continuación de una política de «caja negra» donde los fondos que deberían alimentar la acción social terminan desviados hacia intereses particulares.
«Hablamos desde el interior del organismo, con conocimiento directo de prácticas que se repiten desde hace años… sin transparencia no hay control, y sin control no hay democracia real».
Con la presentación de esta nota por parte de los propios trabajadores de carrera, quienes arriesgan su estabilidad laboral para denunciar lo que sucede puertas adentro, la presión sobre los órganos de control es máxima.
La ciudadanía y los denunciantes se preguntan ahora: ¿Qué elementos adicionales necesita el Fiscal de Estado para actuar? La documentación aportada y el testimonio de los agentes públicos que manejan el día a día del casino parecen ser pruebas más que suficientes para que la justicia rompa el silencio y el blindaje que protege al IAFAS.
Puntos clave de la solicitud a la Legislatura:
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Investigación integral del funcionamiento del IAFAS.
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Esclarecimiento de las últimas concesiones de juego.
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Revisión del rol de exfuncionarios hoy vinculados a empresas privadas.
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Derogación inmediata del Decreto 5559/02.
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