Bahl, para ser candidato a intendente, invoca la necesidad de un pacto de impunidad ante el avance de la Causa Contratos

Encrucijada en el PJ entrerriano: el peronismo busca reeditar la fórmula electoral del 2023 pero con una inversión de roles. La propuesta apunta a proyectar a la actual intendenta de Paraná, Rosario Romero, en la carrera hacia la gobernación, mientras que Adán Bahl buscaría regresar a la conducción del municipio capitalino. Sin embargo, la oficialización de este enroque se encuentra empantanada por una serie de condicionamientos internos que demoran el anuncio.

¿Puede un partido con vocación de poder subordinar su estrategia electoral a las urgencias judiciales de sus caciques? Ante el desgaste que parece irreversible en la figura de José Lauritto, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, asoma como la principal carta provincial para la gobernación. Sin embargo, el cierre en la capital la obliga a pactar con Adán Bahl el casillero de la intendencia. El exintendente, seriamente comprometido (casi acorralado) en la causa «Contratos II», condiciona su postulación local a cambio de un blindaje político judicial que logre frenar un procesamiento que, en los tribunales, ya dan por casi seguro.

Indudablemente a Bahl la situación lo tiene bastante asustado. Un pacto que no solo busca salvarlo a él, sino que funcionaría como un efecto dominó para blindar al resto de los dirigentes apremiados en esta causa por el desfalco millonario del presupuesto legislativo, porque si lo salvan a Bahl automáticamente lo salvan a Lauritto, Allende, Ballestena, Urribarri y demás.

 El Partido Justicialista de Entre Ríos enfrenta uno de sus dilemas más complejos de los últimos años ante la inminencia de un desdoblamiento electoral que acelera de forma drástica los tiempos políticos. El peronismo entrerriano carece actualmente de un candidato de peso natural que imponga su candidatura sin acuerdos previos. Los sondeos internos ordenados en los principales distritos revelaron un escenario poco alentador: para el exintendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, quien pretendía erigirse como el articulador de una liga de intendentes y candidatos de peso en las principales intendencias, impulsando a figuras en Concordia y buscando recuperar terreno en Gualeguaychú, en la capital entrerriana  su imagen genera un rechazo mayoritario que no conmueve en absoluto al electorado independiente y, lo que es peor, desata una profunda apatía dentro de las propias filas partidarias, quedando virtualmente descartado para la contienda mayor.

Ante el desgaste de la figura de Lauritto, la actual intendenta de Paraná, Rosario Romero, emerge como la dirigente del oficialismo local con mayores posibilidades de encabezar la fórmula gubernamental para la provincia. La estrategia diseñada en los laboratorios partidarios consistiría en reeditar la exitosa ingeniería electoral que le dio el triunfo al peronismo en la capital provincial durante los comicios de 2023, pero invirtiendo de manera exacta los roles: esta vez sería Romero la candidata a gobernadora, dejando la postulación para la intendencia de Paraná en manos de Adán Bahl. Sin embargo, lo que en los papeles se presenta como una jugada audaz de ingeniería política, en la práctica constituye un desesperado intento de supervivencia que choca frontalmente con la realidad de los tribunales entrerrianos.

La viabilidad de este esquema choca con un escollo que hoy quita el sueño y altera la salud política del propio Adán Bahl: la causa judicial conocida como «Contratos II». Fuentes extremadamente confiables del riñón del exintendente confirman que su nivel de preocupación es absoluto. Bahl, quien públicamente había manifestado de forma taxativa su decisión irreversible de retirarse de la alta competencia ejecutiva para refugiarse en su banca del Senado de la Nación, estaría dispuesto a revertir de manera inmediata su postura y asumir el riesgo de ser candidato en Paraná bajo una única y estricta condición: que sus socios políticos le garanticen una solución o «salvoconducto» judicial efectivo que lo desvincule de la investigación penal antes de que los plazos procesales alcancen un punto de no retorno.

El dato clave: Adán Bahl condiciona su candidatura en Paraná a una resolución de la Causa Contratos. Un eventual blindaje para el exintendente operaría como un efecto dominó que arrastraría la impunidad de toda la cúpula imputada del PJ provincial.

En el entorno del peronismo paranaense corre el fuerte convencimiento de que Bahl maneja información calificada y opera bajo la certeza de que existen actores con el poder político suficiente para «salvarlo» y desestimar las acusaciones en su contra. No obstante, la encrucijada encierra una trampa sistémica. La llave que libere de culpas a Bahl respecto a su responsabilidad institucional y penal sobre el manejo de los fondos públicos legislativos, donde la acusación fiscal investiga la evaporación en dólares de cerca del 40% del presupuesto de las cámaras bajo mecanismos de contratación fraudulenta, implicaría un indulto fáctico para el resto de los involucrados en la misma matriz delictiva. Si la justicia determina que la máxima autoridad de la gestión legislativa no cometió negligencia ni dolo, por carácter transitivo quedarían automáticamente desvinculados figuras históricas del partido como el exgobernador Sergio Urribarri, el ex Presidente de la cámara de diputados Jose Ángel Allende, el histórico dirigente José Ángel Cáceres, y el propio José Eduardo Lauritto, quienes compartieron la responsabilidad de los períodos bajo sospecha.

La disyuntiva para Rosario Romero es total. Si bien consolida su postulación hacia el sillón de Urquiza, los intendentes y jefes territoriales de Concordia, Gualeguaychú y Uruguay le exigen de forma innegociable un cierre electoral potente en Paraná que traccione votos desde la capital hacia el interior. Romero carece hoy de un candidato propio de peso específico dentro de su estructura que sea capaz de retener la intendencia con holgura.

La paradoja radica en que el Adán Bahl de 2026 está muy lejos de ser el candidato imbatible de 2019, cuando se impuso con márgenes holgados en la ciudad. El desgaste acumulado tras denuncias cruzadas, investigaciones periodísticas sobre las designaciones sospechosas de familiares directos, la esposa «colada» como Senadora, y los hijos en cargos legislativos provinciales, señalados como presuntos «ñoquis» en la Cámara de Diputados, y las sospechas de financiamiento espurio terminaron por dinamitar su capital político. El correlato electoral de este declive quedó expuesto en los últimos comicios intermedios, donde el sector liderado por Bahl sufrió una catastrófica derrota por más de 20 puntos de diferencia frente a la oposición.

El escenario actual del Partido Justicialista entrerriano expone con crudeza la degradación de un modelo político que parece haber perdido su brújula ética y social. Que la máxima estrategia electoral de la principal fuerza de la oposición provincial no se discuta en función de planes de desarrollo, superación de la pobreza o reactivación productiva, sino en base al Código Penal y las agendas de los jueces de instrucción, constituye una burla imperdonable al electorado. El peronismo entrerriano parece haber trocado la justicia social por la búsqueda corporativa de la impunidad. Exigir la entrega de candidaturas clave bajo la extorsión de conseguir un salvoconducto judicial es la confesión explícita de un fin de ciclo. Mientras la dirigencia se desvela por blindar los privilegios y tapar el escandaloso desfalco de los contratos públicos que desangró las arcas de la provincia, la sociedad entrerriana contempla con indignación cómo las candidaturas se transforman en vulgares escudos judiciales. De consolidarse este pacto de impunidad a espaldas de la sociedad, el PJ correrá el riesgo de firmar su propia condena política en las urnas.