Tras meses de una resistencia insostenible, la salida de Juan Carlos Chagas del organismo binacional se oficializó este martes mediante un decreto presidencial. El gobierno provincial logró finalmente despegarse de una figura que había perdido todo respaldo político y cuya gestión quedó marcada por las polémicas, la desconexión territorial y la «rapiña» de viáticos.
La espera terminó. A través del Decreto 738/2026, publicado este martes 18 de agosto en el Boletín Oficial de la Nación, el presidente Javier Milei formalizó la remoción de Juan Carlos Chagas como integrante de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. En su lugar, el Ejecutivo nacional designó al arquitecto Guillermo Daniel Marcone, respondiendo así al pedido formal que el gobierno entrerriano había cursado el pasado 2 de junio.
La salida de Chagas no sorprende; por el contrario, es la crónica de un desenlace anunciado. Desde el momento en que estalló el escándalo internacional que involucró a su mentor político, el exsenador Edgardo Kueider, quien lo llevó a la CTM y cuya detención en Paraguay fracturó todo apoyo institucional, la figura de Chagas había quedado «radiactiva» para la gestión provincial.
Ante la negativa de Chagas de renunciar al directorio de la CTM, lo echarían por decreto.
El paso de Chagas por Salto Grande estuvo teñido de constantes cuestionamientos. Según fuentes consultadas, el funcionario apenas asistía a su lugar de trabajo en Concordia, prefiriendo residir en la exclusividad de San Isidro, en el Gran Buenos Aires.
Sin embargo, ante la inminencia de su desplazamiento, Chagas protagonizó lo que se calificó en el ámbito político como una «rapiña de viáticos«. En el último tiempo, inició un raid de presentaciones públicas y viajes a la sede de la CTM con el único objetivo de justificar el cobro de viáticos diarios, que ascendían a 500.000 pesos por jornada, sumados a un sueldo mensual que rondaba los 30 millones de pesos. Una «presencialidad simulada» que generó una fuerte repulsión transversal en la alianza gobernante y en una sociedad golpeada por la crisis.
La trayectoria de Chagas en el Estado entrerriano no es nueva. Su nombre ha estado vinculado a diversos cargos, incluyendo su paso por la presidencia de ENERSA y la Secretaría de Transporte, funciones de las cuales fue desplazado de manera fulminante tras gestiones que dejaron mucho que desear.
El intento de sostenerse en el cargo llegó a límites impensados: se filtró que, ante la presión por su renuncia, el funcionario habría recurrido a ruegos telefónicos ante ministros de primera línea y hasta a una supuesta «amenaza editorial«, prometiendo la publicación de un libro que revelaría secretos del organismo, una maniobra interpretada como un manotazo de ahogado para retener su «botín» estatal.
En su desesperado intento por maquillar su inminente caída y dotar de ficticia vigencia a su gestión, Juan Carlos Chagas protagonizó en las últimas semanas un raid de apariciones públicas con fuerte impronta marketinera. Buscando proyectar una imagen de funcionario hiperactivo e indispensable, se paseó por la Facultad de Ingeniería de La Plata para supuestamente «seguir de cerca» los estudios de modernización de Salto Grande, intentando emular un rol técnico que nunca ejerció con rigor, apareció en gacetillas de salud vinculadas a la entrega de desfibriladores y buscó codearse con la plana mayor política y empresaria en el Foro del Consejo Empresario en Paraná junto a Federico Sturzenegger, donde también estuvo presente el gobernador. Un maquillaje comunicacional tan obvio como tardío, diseñado a medida para intentar blindar su codiciado sillón y justificar los millones del Estado antes de que el decreto presidencial pusiera tierra por medio a su paso por el organismo binacional.
Movido por la desesperación de evitar su inminente expulsión, Chagas también emprendió una vana petición de apoyo a contrarreloj, marcando números telefónicos a rabiar entre dirigentes y referentes del Partido Justicialista en busca de un salvavidas que nunca llegó; muchas veces, ni siquiera logró ser atendido del otro lado de la línea. Todo el arco político se unificó en darle la espalda y dejarlo con nulo apoyo institucional, al punto de que nadie salió a hacer una manifestación pública a su favor, evidenciando el absoluto aislamiento del funcionario.
Finalmente, el gobierno de Rogelio Frigerio logró cerrar lo que muchos definían como un «incendio político» y un «lastre ético«. Con la firma del decreto presidencial que sella su salida, se pone fin a una etapa que, para la mayoría, solo se recordará por los privilegios de un funcionario que le dio la espalda a la realidad de la provincia para priorizar su beneficio personal.
El arribo de Guillermo Marcone, hombre de extrema confianza del equipo de gobierno provincial, busca ahora devolverle al organismo la institucionalidad y el enfoque técnico que, según la administración, se habían perdido durante el ciclo que hoy llega a su fin.