¿Complicidad o negligencia? ¿A quién tratan de proteger la policía y sus responsables políticos?
A dos meses del ilícito, a las ya maniobras dilatorias provenientes de la policía se suma el insólito y llamativo pedido de informes en la causa donde ni siquiera la Policía Federal puede identificar «al tío» del Jefe de Investigaciones, el Comisario Jurajuria, que aseguró sufrir presiones por este tema.
Este fin de semana la provincia de Buenos Aires se veía conmocionada tras el tiroteo entre miembros de la Policía Federal y la Policía de Provincia, en virtud de una linea investigativa que llevaba la primera fuerza que daba cuenta de que varios miembros de la segunda integraban una banda dedicada a graves ilícitos.
Sin dudas consterna el hecho de que quienes deben velar y garantizar la seguridad de las personas e impedir la comisión de delitos, no solo no lo hagan, sino que mas grave aun, formen parte de una banda de peligrosos delincuentes.
El pasado 25 de enero, la capital entrerriana también se veía sacudida por un hecho ilícito gravísimo suscitado en la zona residencial del casco céntrico, como también por las maniobras insólitas que posteriormente llevaría a cabo la policía que se encuentra comisionada por la Justicia para investigar el hecho.
Una banda que, con elementos de alta tecnología, con una gran logística y estructura, sabiendo, conociendo y aprovechando la ausencia de sus propietarios ingresaba a un edificio para mantener a una persona mayor por más de cinco horas a su merced con la exigencia, no de dinero, sino de un maletín.
Una banda de delincuentes que sabía con una precisión y meticulosidad que asusta, la ubicación de cada una de las cámara de seguridad privadas que existen en la zona y que, según se puede ver en las mismas, pudieron evitar a todas y cada una de estas, siendo evidente por su movimientos vistos en las cámaras y contaba con complicidad.
Una banda que, con total impunidad y temeridad, ingresó al inmueble más allá de la custodia que suele haber en la zona en la cual habitan a muy escasos metros distintas autoridades municipales, provinciales y judiciales e incluso el propio gobernador Gustavo Bordet.
Desde el primer momento, luego de la denuncia, fue notable y manifiesto los movimientos de la policía de Entre Ríos, comisionada para que realice distintas medidas probatorias, con el fin de dilatar la investigación, llevarla en el tiempo para que la misma se vaya diluyendo, impidiendo así que el grave ilícito de esclarezca, fin último.
Sin dudas la muestra más certera de la dilación fueron las declaraciones del jefe de investigaciones, el comisario Jurajuria que reprodujo en un gran número de medios de comunicación y que luego aseguró haber sufrido presiones por este tema.
Muy llamativamente, Jurajuria, hablaba de un “mero cuento del tío”, hoy lamentablemente tan comunes y que hasta producen vergüenzas en las victimas que los sufrieron, tanto que en muchas oportunidades ni siquiera se animan a denunciarlos.
Entre sus motivos, estaba claro que Jurajuria con su falacia pretendía minimizar el ilícito, generalizarlo, como si fuera uno más del montón.
Un comisario sumamente irresponsable, que se tomó la atribución de especificar datos concretos del expediente, incluso refiriéndose a un menor de edad, y que en varios tramos faltó a la verdad precisando datos que no existen en el legajo de investigación.
Luego vinieron otros movimientos policiales dilatorios, más bien, omisiones, debiendo fiscalía remitirle varios oficios reiteratorios para que la fuerza cumpla con sus deberes legales, pareciendo un hecho insólito, sin embargo es más habitual de los que Jurajuria se animaría a contar.
Hoy a 2 meses del gravísimo hecho, y con la gran mayoría de las cámaras de seguridad agregadas en el expediente, la mayoría enviadas por el denunciante y no aportadas por la policía, nuevamente llama la atención el informe enviado por la policía de Entre Ríos la semana pasada.
En el mismo, si bien se pudieron determinar quiénes son los propietarios de las líneas de teléfono que comisionaron para perpetrar el ilícito, en el mismo se omite referencia alguna a la zona de donde salieron las llamadas.
El dato que llama la atención en el informe: en ningún momento la fuerza policial le preguntó a las empresas telefónicas sobre el lugar en que partieron las llamadas.
Si sobre los propietarios de las líneas, aunque es conocido por todos, más aun por la fuerza policial y la justicia, que los teléfonos que se utilizan para este tipo de delitos no son propios, vale decir sustraídos, es como que si a alguien se le ocurra ir a robar, llevando el DNI y que lo deje en el lugar del hecho.
Resulta insólito que el aparato judicial que se encuentra investigando la causa no se haya preguntado de donde salieron las llamadas, resultando la respuesta trascendental para esclarecer el ilícito. Es elemental o de manual, sin embargo no se preguntó, algo que se puede determinar por la triangulación en la ubicación de las antenas.
Es fundamental saber si las llamadas salieron de un bar, un club, de una plaza, de una oficina, de una institución, de la unidad penal o de un despacho de casa de gobierno, sin embargo, el dato se omitió.
Una nueva mancha más a la causa en la cual, a pesar de tener las imágenes de uno de los delincuentes, el mismo sigue sin ser identificado por la policía entrerriana, y lo que es peor, tampoco por la policía federal a quien se le remitió extractos de los videos con la imagen de uno de los integrantes de la peligrosa banda.
Un dato clave, la de la ubicación de los teléfonos de donde partieron las llamadas para esclarecer el hecho.
Y como si esto fuera poco, poniendo de manifiesto la dilación, recién en mayo, a casi cuatro meses del hecho, se va a realizar la pericial sobre el único teléfono secuestrado que consta en la causa.
Omisiones, maniobras dilatorias que llaman la atención y ponen de manifiesto que las autoridades, la policía y sus responsables políticos intentan dilatar el grave hecho ocurrido a 30 metros de la casa del gobernador, indudablemente, constituyendo su apuesta, que el ilícito se diluya, quedando la pregunta sobre a quien o quienes tratan de proteger, por al evidente complicidad entre los funcionarios políticos y la política.
Indudablemente que, aun, a mas de dos meses del hecho, se espera que la responsable política de la policía, la ministra Rosario Romero, se responsabilice por el accionar o la falta de accionar de la fuerza que conduce en este grave ilícito perpetrado por una peligrosa banda que actuó a 30 metros de la casa del gobernador, que involucro a una persona mayor que estuvo cautiva y a merced de los delincuentes que, a manera de fuerte mensaje, ingresaron a un edificio de una zona custodiada y pudo tener acceso a cada una de las habitaciones incluso de menores de edad.