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Luego de dos semanas sin novedades, el organismo fue oficiado para que remita el expediente por la reducción del canon a la empresa que conduce el “zar del juego” que justificó el cuantioso beneficio en perjuicio del erario en “una grave crisis económica financiera” a pesar de paralelos emprendimientos millonarios
El lunes 13 de mayo, ingresaba en la Unidad de Atención Primaria del Ministerio Publico Fiscal, una denuncia formal contra el Contador Silvio Vivas, presidente del IAFAS, el director político Cr. Guillermo Dubra, el director obrero Sr. Gabriel Abelendo, el Casino Victoria S.A. y su presidente, el Sr. Daniel Mautone, por la posible comisión de delitos contra la administración pública provincial.
El desencadenante de esta presentación instando la investigación fue una noticia de El Portal De Ricardo David, que daba cuenta de una gravísima irregularidad en perjuicio de las arcas públicas.
En aquel momento, la cifra develada por la publicación hablaba de 11 millones de pesos que no ingresarían al erario público, los cuales debían necesariamente dirigirse a la acción social.
Con el correr de los días, se pudo precisar aún más el monto del perjuicio, oscilando a la fecha en una cifra que supera ampliamente los 60 millones de pesos.
La imprecisión de los montos resultaba de las fechas de aplicación del beneficio económico otorgado por el IAFAS a favor de la firma dedicada a los juegos de azar.
El acto administrativo irregular por parte del IAFAS consistió en la Resolución Nº0501/2018, la cual modificó el canon establecido en el contrato de concesión de la explotación de las máquinas tragamonedas del Casino ubicado en la ciudad de Victoria, reduciéndolo.
De un 32% de las utilidades mensuales por las maquinitas en el Casino de Mautone, IAFAS lo rebajó a un 30%, aplicando el beneficio retroactivamente, es decir, desde el momento de la presentación del pedido de reducción realizado por el apoderado de la firma, el Sr. Leonardo Cattaneo.
De la única documental en poder de este Portal, la Resolución Nº0501/2018, no surgía la fecha de aquella presentación, tampoco, asimismo, las utilidades mensuales informadas por la empresa del juego, monto de dinero sobre el cual se realiza la operatoria para determinar el monto exacto del canon.
Ante la ausencia de dichos datos, se requirió mediante un pedido formal de acceso a la información pública que el organismo otorgante del beneficio precise montos, fechas y documentos referidos al expediente iniciado por la firma, sin embargo, el Cr. Vivas, se negó a otorgarla.
Denegatoria que actualmente está siendo debatida en los tribunales entrerrianos mediante un proceso de amparo, en virtud de la vulneración del derecho constitucional a la información pública.
La irregularidad detectada, que levantó fuertes indicios de una posible comisión delictiva por parte de las autoridades del IAFAS, de la empresa y del empresario, provenía de los argumentos dados por el organismo para brindar el beneficio, como también del daño económico al Estado Provincial.
En otras palabras: existe un acto administrativo que perjudica millonariamente al erario público, con el agravante que dicho dinero debe ser destinado a los más necesitados y, por otra parte, que presenta serias irregularidades y anomalías en su fundamentación.
Adentrando a la justificación irregular, Vivas, Dubra y Abelendo, fundaron aquel cuantioso beneficio en “la grave situación económica financiera que se encuentra atravesando la firma como consecuencia de la pesada carga tributaria que viene sufriendo tanto a nivel nacional como municipal”.
Este fue el fundamento del pedido de reducción realizado por el apoderado de Mautone ante el IAFAS. Trámite que ya había sido intentado tiempo atrás, aunque resultó infructuoso y la denegatoria de otorgarlo valió el pedido de renuncia del entonces presidente del Instituto, Dr. José Spinelli, siendo de conocimiento generalizado en IAFAS este fundamento en su dimisión.
Excusa cuanto de mínima, llamativa, de máxima sospechosa en cuanto a su veracidad, en virtud de los emprendimientos millonarios a los que ha accedido el Casino.
Más aún si tenemos en cuenta que de manera concomitante, cuando la empresa pedía la rebaja, se presentaba a licitaciones que le reportarían utilidades millonarias.
Una firma que asimismo posee en la ciudad de Victoria dos hoteles, un mega emprendimiento en la ciudad de Maipú (Mendoza), donde, según trascendió, se invirtieron 65 millones de dólares.
Licitaciones obtenidas a principio de este año mediante Decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal, siendo el Casino Victoria desde entonces, quien explota las maquinitas del Casino Central Mar del Plata y el de Monte Hermoso.
La normativa que dispone la concesión para el Casino Victoria de dichos emprendimientos, resulta, más que interesante.
La firma de Mautone paga a la provincia de Buenos Aires un canon mensual del 45% de la rentabilidad producida mensualmente por las maquinitas.
Imagínese el lector la suma de dinero, siempre expresada en millones, que debe ingresar al patrimonio de la empresa mensualmente, si aceptó un canon notablemente superior que el que paga en Entre Ríos.
Sin embargo, a pesar de recibir un 55% de retribución mensual de aquella rentabilidad, la firma de Mautone, en nuestra provincia no quiere pagar un 32%, rebaja que habilitaron las autoridades del IAFAS.
Si el negocio no es rentable, la firma debió dar por finalizado el emprendimiento, y no pergeñar una reducción que tanto perjuicio provoca a la provincia.
Estamos hablando, se insiste, en más de 60 millones de pesos menos para los entrerrianos de bajísimos recursos que necesitan del Estado para llevar un plato de comida a la casa. Una verdadera vergüenza.
Pero más allá de los sentimientos de indignación y bronca que provoca, lo cierto es que el argumento de la empresa para pedir el canon y el de la resolución de Vivas, Dubra y Abelendo para otorgarlo, es cuanto menos dudoso.
Las inversiones y los consecuentes ingresos de la firma así lo indican, existiendo fuertes sospechas de un hecho de corrupción que tuvo como fin beneficiar económicamente a un privado con fuertes conexiones con las esferas del poder.
Lo que no aparece en la Resolución, obviamente, son los pormenores de la ingeniería jurídica montada para otorgar el opulento beneficio en favor del conocido “zar del juego”.
Las charlas para la negociación de la rebaja del canon se llevaron adelante entre el abogado de Mautone, “Jimy” Rosman, las autoridades del IAFAS con Vivas y el Ejecutivo provincial.
En esta reunión se acordó el otorgamiento del beneficio que hoy es objeto de una investigación penal preparatoria.
La denuncia, luego de los trámites habituales, recayó ante la unidad de investigación y litigación del Ministerio Público fiscal, y la investigación penal preparatoria se asignó a la fiscal, Dra. Paola Farinó.
Este viernes pasado, el denunciante, junto con su abogada patrocinante, visitó Fiscalía con motivo de averiguar si existían avances en la investigación. No era para menos, tras tres semanas, no se les había informado sobre ningún movimiento en esta grave causa.
Más aun teniendo en cuenta varios episodios relacionados a los denunciados y a este medio que dio a conocer la irregularidad, todos indicativos de fuertes presiones y aprietes para silenciarnos y que la causa se dilatara, como también, el blindaje, primero mediático, segundo político y luego judicial, que se había montado sobre el Cr. Vivas.
Fue notoria la bajada de línea, desconocemos de donde aunque sin dudas de un peso pesado del gobierno, saliendo a convencer a la opinión pública y a la justicia materializada en la fiscal, de que no existía un daño pecuniario.
La propia ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, área netamente perjudicada con la irregularidad, anunciaba ante la prensa los aumentos en los beneficios sociales que otorgaría el Estado para los más necesitados.
Llamativo anuncio que no tenía sustento normativo, es decir, no existía un decreto del gobernador Bordet autorizándolos.
Las escasas novedades al denunciante no modifican demasiado el panorama de aquellos indicios que de alguna manera denotan que las presiones parecen ser fuertes y que tienen como fin frenar las aguas del hecho denunciado y los involucrados.
Existió un único movimiento judicial consistente en un oficio dirigido al IAFAS para que remitiera todo el expediente administrativo iniciado con el pedido de la firma de Mautone y que culminó con la reducción del canon.
Oficio que las autoridades de IAFAS deberán responder, aunque sin un plazo específico, algún día de estos. Calculándose el mismo, conforme a las predicciones de este medio provenientes de la estrategia electoral del gobierno, luego de los comicios del 9 de junio.
Por este causa, y por otros tantos hecho recientes provenientes de la gestión provincial, como la prórroga pedida por Kueider para proveer información pública que podría comprometer a los funcionarios, se desprende la táctica de diferir todo para luego del triunfo y, en consecuencia, eliminar de la evaluación del electorado fuertes sospechas de corrupción de la gestión que predica “transparencia y honradez”
La palabra “discrecionalidad” proveniente informalmente del Ministerio Público Fiscal, aun retumba en la cabeza del denunciante y su patrocinante y no hace más que abonar en la creencia de que existen presiones para que el beneficio a Mautone no se investigue ni mediática ni judicialmente.
Más allá de esto, lo cierto es que las esperanzas siguen depositadas en la Justicia a través de la Dra. Farinó, confiando en que la misma se mantendrá incólume ante las distintas presiones y aprietes por parte del poder político e investigará hasta las últimas consecuencias el hecho denunciado.
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