Lallana y su familia en la parrilla judicial

La Fiscal Yedro avanza en el incremento desproporcionado del patrimonio del sindicalista, restan informes bancarios y fiscales para una inminente elevación a juicio

La composición patrimonial del actual secretario general de SOEVER fue denunciada e la justicia por los propios trabajadores viales.

En junio del 2018, luego de acceder íntegramente a dicha denuncia,  este medio daba a conocer su interposición formal,  en la cual se indicaba, el llamativo incremento patrimonial de Lallana y su familia, con autos de alta gama, varios inmuebles, incluso en Buenos Aires, casas quintas, e incluso una lujosa embarcación.

Patrimonio que resulta, de plano, desproporcionado en virtud de los sueldos que ha tenido el secretario general de SOEVER.

Tras un año de Investigación proporcional preparatoria, a principios de mayo, la fiscal Patricia Yedro, solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal  ante el juez de garantías Mauricio Mayer, el cual autorizó  el pedido.

La medida, y la investigación, alcanzan no solo al sindicalista, sino también a su cónyuge, Emerlinda Viola, y sus tres hijos, Juan Ariel, Juan Sebastián y Juan Cruz, consideradas posibles personas interpuestas por Lallana para disimular el incremento patrimonial.

Ahora la fiscal podría tener acceso a los registros bancarios y de la AFIP del grupo familiar, prueba que, una vez incorporada a la investigación, se estima que la misma quedará culminada, quedando el sindicalista y su familia a un paso del juicio oral y público.

Entre los argumentos de la Dra. Yedro del enriquecimiento ilícito se destaca la trayectoria laboral de Lallana, el cual, indica, llegó a vialidad en el 67 como aprendiz jornalizado, luego en el 1991 pidió licencia para asumir como secretario adjunto y luego como secretario general de SOEVER hasta hoy, accediendo al cargo de director administrador en la gestión de Bordet, pidiéndole este la renuncia meses antes de cumplir un año en el cargo.

Un delito que es reprimido con   prisión   de   dos   a   seis   años,   multa   del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargo público.

 

3 comentarios

Mario 6 junio, 2019 at 5:37 pm

POR FIN LA JUSTICIA EMPEZO A TRABAJAR, ERA HORA

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nn 6 junio, 2019 at 7:56 pm

CUANDO TE CREES INTOCABLE…

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Gustavo 6 junio, 2019 at 10:43 pm

Cada vez que hay una reforma ya sea en la ospa o en el camping es porque uno de los hijos se esta por hacer una casa

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