A un año del pedido de informes, el Gobierno no responde sobre la contratación para hacer inteligencia al periodismo

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La diputada solamente recibió llamados con presiones de personas identificadas con la Agencia Textual para que pare de demandar información sobre la empresa.

El 4 de junio del año pasado ingresaba por mesa de entradas de la Cámara de Diputados de Entre Ríos un pedido de informes firmado de autoría de la diputada Gabriela Lena y de coautoría de los diputados Amado Fuad Sosa, Sergio Kneeteman  y José Artusi.

El mismo tenía como objeto conocer sobre una llamativa licitación pública efectuada por el Ejecutivo Provincial que encendía las alarmas de la prensa.

Se trata de la  Licitación Pública Nº 07/18, por la cual según la misma, tuvo como objeto un “sistema de monitoreo de medios de comunicación sobre la imagen del Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos y asuntos que involucren directa o indirectamente, tanto a la administración central como a los entes descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del Estado”.

Aunque, en su interior, existían fuertes sospechas que el Gobierno pretendía atentar contra, la libertad de prensa, persiguiendo a periodistas y medios de comunicación de la provincia.

Frente al alarmante panorama, ingresó el pedido de informes de Lena, el cual también cuestionó la cifra de la contratación, por su exorbitancia.

Más de 2 millones de pesos previo el Gobierno de Bordet destinar para la preocupante contratación, más un plus mensual. La austeridad tan proclamada por el gobernador, nuevamente era dejada de lado.

Todo hace presumir, y de ahí el pedido, que el fin del Gobierno consistía, ni más ni menos, en hacerle inteligencia al periodismo a través de la empresa, ya que, entre los servicios contratados, se incluía por ejemplo, las grabaciones de programas radiales con contenido político e institucional,  los cuales, en la generalidad, se exponen críticas o cuestionamientos a funcionarios y dirigentes políticos. Una especie de CONADEP para periodistas.

El 5 de junio la cámara de diputados de la provincia de entre ríos, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 117 de la constitución provincial, aprobó el pedido de la legisladora, por el cual se le solicitaba a Bordet se sirva informar:

“Primero: Teniendo en cuenta la Licitación Pública, efectuada por el Poder Ejecutivo Nº 07/18, para monitorear la imagen institucional del gobierno entrerriano a través de diferentes medios periodísticos, informe cuáles fueron los motivos que llevaron al Señor Gobernador de la provincia efectuar la misma.-“

“Segundo: Informe si la Licitación fue adjudicada a la comunicadora AURORA RUIU, responsable de la Agencia Textual, en su caso la pretensión económica del oferente, detallando en forma pormenorizada la contraprestación y/o tareas de la misma.”

“Tercero: Informe cuántas empresas y/o ofertas se presentaron en la Licitación para monitorear la imagen Institucional del Gobierno.-“

“Cuarto: Informe si el monto que el Gobierno debe pagar a la empresa comunicadora Textual es de $ 2.100.000, en su caso si el mismo se encuentra previsto en el Presupuesto Provincial.-

“Quinto: Informe si al contratar esta empresa comunicadora a los efectos de monitorear la imagen institucional del gobierno entrerriano a través de diferentes medios periodísticos, no entiende que deja a la luz, la ineptitud del Ministerio y/o organismos competente, con personal capacitado para desarrollar la misma tarea pero sin costo para la provincia.-“

“Sexto: Informe los motivos por el cual no se encargó al Ministerio y/o organismos provinciales el monitoreo de la imagen del Gobierno provincial en los distintos medios periodísticos.-“

“Séptimo: Informe si no entiende, que teniendo en cuenta la situación apremiante y de endeudamiento en que se encuentra la Provincia de Entre Ríos, hacer una erogación de $ 2.100.000 para la contratación de comunicadora realice un monitoreo de la imagen del gobierno, no deja de ser un acto irresponsable del Poder Ejecutivo, más aun teniendo en cuenta que dicha prestación pude ser efectuada por el propio gobierno sin gastar dicha suma.”

“Octavo: Informe si con esta contratación efectuada por el Ejecutivo para el monitoreo de los medios sobre la imagen del gobierno provincial, no se estaría poniendo en riesgo la libertad de prensa.-“

Pasó más de un año ya del ingreso del pedido y la respuesta del Gobierno nunca llegó. Ni Bordet ni su secretario general de la gobernación y ministro de cultura y comunicación, Edgardo Kueider, contestaron el pedido de Lena.

Respuesta que continua esperándose, sobre todo por la preocupación que genera el fin de la contratación en sí, existiendo, como se dijo, fuertes presunciones de que el Gobierno, se sirve de la empresa, para ejecutar actos de inteligencia contra la prensa, persiguiendo a periodistas.

Máxime cuando a la fecha, la Agencia Textual, empresa contratada, a pesar de no existir una nueva licitación para este año, continúa brindando y facturando sus servicios para el Gobierno Provincial, desconociéndose para este año cuanto se le paga y que servicios realmente brinda.

Pero, el silencio no fue la única consecuencia. El hecho de gravedad institucional sucedió hace un tiempo ya, pero, trascendió ahora.

Según relataron a este Portal, muy molestos por la solicitud de la diputada, puntalmente por su contenido, Bordet y/o Kueider proveyeron del celular personal de la legisladora a personas vinculadas a la empresa contratada, comenzando el calvario para Lena.

Según precisaron, constantes fueron los llamados y mensajes a la legisladora por personas que se identificaban con la firma de Aurora Rui exigiéndole que no avance con el pedido de informes, que no pregunte más,  acusándola de que sería la responsable de que se queden sin trabajo ante sus demandas informativas.

Si bien se desconoce si los llamados y mensajes fueron realizados realmente por personas vinculadas a la empresa, los mismos existieron, siendo fuertemente comentado en el bloque radical la gran preocupación que generó en la diputada provincial y sus pares el hostigamiento.

Un hecho grave, una especie de “apriete”, que en aquel momento se le atribuyó directamente al Gobierno provincial, en virtud de haber provisto el teléfono para amedrentar a la legisladora y que deja en claro la forma, las manifestaciones de la política comunicacional del Gobierno provincial.

La respuesta se sigue esperando, la preocupación que genera el fin de la contratación en sí, las fuertes presunciones de que el Gobierno se sirve de la empresa para ejecutar actos de inteligencia hacia la prensa, persiguiendo a periodistas y atentar contra la libertad de prensa, así lo exigen.

 

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1 comentario

silvia 13 octubre, 2019 at 7:38 pm

Un avanzada fuerte del gobiernoespia para investigar a sus nuevos enemigos los periodistas, en vez de investigar a ladrones, criminales, carteles de droga para lograr un poco de seguridad en nuestra provincia. A ver, es sin precedente esta intentona que a todas luces quiere debilitar, amedrentrar, acorralar e intimidar a periodistas que visibilizan la corrupción de este gobierno que afecta a toda la sociedad. El gobierno tiene miedo del trabajo de algunos periodistas que develaron la verdadera imagen de funcionarios, que son corruptos y que desconocen la realidad, entonces que dijo el gobiernoespia, algunos periodistas nos muestran como somos y quedamos muy mal, entonces que hacemos, los espiamos. La democracia está muy muy mal.

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