Una profusa y veloz investigación, un juicio de 100 días y el caiga quien caiga, el mensaje de la Federal que deja muy mal parada a la Justicia Provincial

Por primera vez, un ex intendente de esta provincia fue condenado por sus vínculos con el narcotráfico, mientras funcionarios provinciales bajo investigaciones judiciales gozan de privilegios con sus causas cajoneadas en una justicia provincial politizada, en la que se dice que quien digita qué causas deben avanzar o dilatarse es Rosario Romero.

La noticia más explosiva del final del año pasado en cuanto a la política provincial fue la condena del ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, a seis años y seis meses de reclusión, luego de que la Justicia Federal lo considerara partícipe necesario de comercialización de estupefacientes.

El veredicto fue histórico porque es la primera vez que un ex presidente municipal entrerriano recibe este tipo de condena, con todas sus libertades restringidas y con la única venia de no ir a la cárcel, sino de acceder a la prisión domiciliaria por sus problemas de salud.

La condena judicial generó un fuerte impacto en la ciudadanía paranaense, que ya había condenado socialmente a Varisco, y que difícilmente podrá borrar del imaginario social la foto de la policía federal allanando el municipio, hace poco más de un año y medio.

El golpe también debería hacer eco en la Justicia provincial, que dilata llamativamente causas en las que están vinculados funcionarios del gobierno provincial, pero que avanza a paso firme en otras de las que puede sacar rédito político.

Es más, desde que Gustavo Bordet está al frente del gobierno provincial, ninguno de sus funcionarios fue llevado al banquillo, más allá de que las denuncias por corrupción están lejos de ser una rareza.

En cambio, la justicia provincial avanza con firmeza en la causa que tiene en el banquillo de los acusados a Sergio Varisco por fraude y negociaciones incompatibles con la función pública, junto al ex secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Walter Rolandelli, y el presidente de la Mutual Modelo, Ángel Picazzo.

Este juicio comenzará el 10 de febrero de este año y analizará la firma de un convenio entre la Mutual Modelo y el Municipio de Paraná el 22 de enero de 2016, por el cual el gobierno de la ciudad pagaría más de 1,5 millones de pesos a la entidad en concepto de adelanto de retenciones por los códigos de descuentos a empleados municipales.

En los pasillos judiciales y altos funcionarios del gobierno provincial señalan que detrás de esta selección de causas para que avancen o no, según resulte útil a la actual gestión, está la ministra Rosario Romero, circunstancia que incluso ha sido denunciada públicamente.

Lo que dicen es que es la ministra quién dictamina qué causas deben avanzar más rápidamente y cuáles son las que se tienen que trabar, por lo que no resulta llamativo que desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha no haya ningún funcionario provincial seriamente investigado.

Es más, las denuncias por corrupción están a la orden del día, como las que involucran a Vialidad Provincial con diferentes negociados, funcionarios públicos salpicados por cientos de hechos irregulares, peculado, negociaciones incompatibles, fraude, y demás, pero las causas no avanzan.

Los mismos nombres que complican a Varisco en la causa de la Mutual Modelo, como el de Adrián Bruffal, que alterna con Picazzo la presidencia de la mutual, tienen vinculaciones por supuestos negociados con funcionarios provinciales, pero sospechosamente esas causas están estancadas.

Una de ellas es la del “Multimedio Regional SRL”, que habría recibido de parte del Estado provincial millones y millones de pesos irregularmente en concepto de publicidad oficial, que manejaba Edgardo Kueider antes de asumir la senaduría nacional.

La investigación al respecto que lleva adelante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull está paralizada y no ha mostrado signos de avances, a pesar de que los nombres de los responsables de la parte privada son los mismos que habrían hecho negociados espurios con Varisco.

La Justicia Federal se rige por el código procesal penal “viejo”, como se dice en la jerga, y suele ser criticado por las demoras en la resolución de las causas, pero en el caso del ex intendente de Paraná, los tiempos siguieron un curso normal y se llegó a una resolución sin demoras.

La Justicia provincial, en cambio, implementó el nuevo código procesal penal, que ha sido celebrado por agilizar los procesos, aunque sigue habiendo dilaciones llamativas.

Es más, Varisco fue denunciado en la provincia por sus supuestos negociados con la Mutual Modelo antes de que la Justicia Federal iniciara las investigaciones en la causa por narcotráfico, causa que terminó resolviéndose antes.

La Justicia Federal, en este caso, demostró prolijidad y celeridad en su accionar para dar con los responsables de la comercialización de estupefacientes en Paraná, mientras que en los tribunales de la provincia no hay avances significativos en causas que también involucran a funcionarios públicos.

Sin ir más lejos, la causa de Multimedio Regional SRL comenzó en mayo de 2019 y, pasados siete meses, apenas se designaron abogados, pero nadie ha sido llamado a declarar al respecto.

Otro socio de Adrián Bruffal es el empresario Miguel Marizza, también investigado por supuestos negociados con el Estado tanto en la anterior como en la actual gestión, aunque Justicia provincial no ha tomado medidas sobre él.

Más emblemático aun es el caso del empresario del juego, Daniel Mautone, que fue beneficiado por los funcionarios del IAFAS con la reducción del canon mensual del Casino Victoria, en una operatoria que causó un daño millonario al erario público provincial.

Más de 70 millones de pesos le costó a los fondos de la provincia este negociado espurio, que fue denunciado penalmente en mayo de 2019 y que no registra avances significativos.

La Justicia Federal, sin mirar que en el banquillo de los acusados había un ex intendente, no perdonó sus vinculaciones con una banda dedicada al narcotráfico y emitió una condena ejemplar de 6 años y 6 meses.

Las diferencias entre la actuación en uno y otro fuero son notorias, dejando un claro mensaje la justicia federal a la provincial con una profusa y veloz investigación, un juicio de 100 días y el caiga quien caiga. Nada de esto se observa en el fuero local, donde es vox populi que existen operaciones para blindar a la prensa y, con Rosario Romero a la cabeza, para seleccionar causas penales donde los principales involucrados son importantes funcionarios provinciales.

1 comentario

Manjon maria 2 enero, 2020 at 10:52 pm

Los felicito. No hablan de esta diferencia otros medios

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