La paralización de los expedientes y la elevación de la edad jubilatoria encubierta en reforma política, la táctica ante el miedo oficial

El gobierno provincial quiere combatir el déficit de la caja de jubilaciones con medidas extremas que atentan contra derechos adquiridos, el costo político es tan enorme que provoca pavor haciendo primar el ocultismo

La Provincia de Entre Ríos enfrenta por estas horas los momentos más críticos en sus finanzas, el gobernador Gustavo Bordet no le encuentra salida a la situación provocada en gran medida

La crisis económica llevada por las medidas de Mauricio Macri hicieron lo propio, sin embargo, cuando era momento de ahorrar o al menos no endeudarse, mucho menos en dólares, en la administración Bordet primó el despilfarro.

Cargos para amigos, parientes, socios, contratos  a mansalva, negocios millonario, más allá de las proclamas de orden y austeridad, causaron que las cuentas públicas no den a basto y ahora todos los esfuerzos están en tratar de atacar la situación deficitaria.

En diciembre, luego de la reasunción de Bordet, al menos tácitamente, es decir, a través de actos, el mandatario pareció sincerarse con la alarmante realidad que padecen los entrerrianos, sobre todo los trabajadores y pasivos provinciales.

El gobernador se quedó sin fondos para afrontar los sueldos, obligándolo a pedir nuevamente financiamiento, primero fue a Nación donde se vieron impedidos de prestarle en virtud de las deudas acumuladas por los constantes adelantos de coparticipación que le había brindado la gestión Macri.

Con la negativa del gobierno nacional, se vio obligado de ir al Banco de Entre Ríos, sin embargo tampoco le fue bien, el monto que pedía el gobierno no se condecía con lo previsto en la normativa del Central, arguyendo el agente financiero que, de acceder al pedido, se haría pasible de una sanción pecuniaria por parte de la entidad nacional, al menos esa fue la justificación dada.

Para colmo, empezaba el año y producto de estas deudas, la provincia recibía cero pesos de coparticipación nacional.

De ahí el notorio atraso en el cronograma de pagos de los haberes de activos y pasivos provinciales que terminaron cobrando el 15 de enero.

Problema que acarreará para el mes de febrero, con un agravante, prometió un incremento salarial, aun no se sabe en el Gobierno como lo van a afrontar.

A partir de diciembre, en virtud del estado de cosas que enfrenta la Provincia, desde la gestión Bordet comenzó a entretejer una serie de estrategias y tácticas para paliar la deplorable situación de las cuentas, aunque, poniendo especial énfasis en uno de los organismos más deficitarios de la provincia, la Caja de Jubilaciones.

3 mil millones de pesos es la cifra del desbarajuste en el organismo previsionales de la provincial.

El 23/12/2019 bajo el título “Bordet ya tiene el decreto para suspender las jubilaciones provinciales por un año” este Portal daba a conocer una de las aristas del plan del mandatario provincial.

En el despacho del gobernador ya estaba confeccionado y a la firma el decreto para suspender durante todo el 2020 el otorgamiento del beneficio previsional.

Los empleados públicos que durante el presente año lograran reunir los requisitos para la jubilación, bajo el argumento de la emergencia económica y financiera, no podrían acceder al beneficio.

La noticia, además de sincerar la grave situación económica y financiera de la provincia, tuvo una repercusión muy negativa en los trabajadores provinciales.

El impacto, el costo político, provocó que el gobernador metiera al frezzer el decreto.

Sin embargo, lejos de dar marcha atrás, el gobierno provincial avanza con el proyecto, aunque con variantes en la forma.

Ya no habrá norma alguna que paralice las jubilaciones durante el 2020, sino que será una medida “de hecho”.

Supo este medio que la orden dada a la Caja de Jubilaciones de la Provincia es, más allá de los inicios de trámites que presenten los estatales para acceder a la pasividad, que ninguno salga, al menos durante el 2020.

A principio del año, como sucede cada uno de los años que inicia un nuevo mandato en la Provincia, comenzó a circular una fuerte versión que daban cuenta del apartamiento de Daniel Elías de la presidencia del organismo previsional.

Dos cercanos a Bordet sonaban para remplazarlo. Sin embargo, frente a esta variación en las formas de llevar adelántela suspensión de los beneficios previsionales, el gobernador habría dado marcha atrás al reemplazo.

Ninguno de los posibles sucesores de Elías se anima a poner la cara ante la medida implementada, estrategia que el actual presidente no tendría problemas de ejecutar, sus cercanos al “abogado instagramer” afirman que poco le importa la opinión de la gente.

Pero la suspensión por un año no es la única táctica extrema que despliega por estas horas el mandatario provincial para atacar la deficitaria Caja.

Los primeros días de enero este medio daba a conocer que a pesar de las proclamaciones de la igualdad de género, el empoderamiento y la defensa de las mujeres, Bordet tenía en carpeta un fuerte ajuste que perjudicaría casi exclusivamente a las trabajadoras.

Para el mandatario, las mujeres estatales se debían convertir en la variable de aquel ajuste.

Las autoridades provinciales están convencidas que ajustando en el sector más poblado de la administración pública (es conocido que existen más trabajadoras estatales que trabajadores estatales) el déficit de la Caja necesariamente se reducirá.

Con este argumento, el Gobierno planea elevar la edad jubilatoria de las mujeres, equiparándolas a la requerida para los hombres.

Actualmente, por cuestiones de equidad de género, las empleadas públicas pueden escoger, es decir, de manera voluntaria postergar la pasividad y prolongarla hasta la edad requerida para los empleados.

Ahora, con el proyecto de Bordet, ya no será voluntario, sino que obligadamente las mujeres se podrán jubilar a la edad de los hombres.

En la Provincia la edad jubilatoria para acceder a la jubilación ordinaria común se requiere, haber cumplido sesenta y dos (62) y cincuenta y siete (57) años de edad según se trate de varones y mujeres respectivamente y acreditar, para ambos casos, treinta (30) años de servicios.

Con el plan del gobierno en marcha, en ambos casos, es decir, para mujeres y varones, se requerirá 62 años de edad.

Una muy fuerte medida que impactará de lleno en los derechos adquiridos del sector, aunque el plan no se queda ahí, también se reformulara el régimen de las jubilaciones ordinarias especiales.

La idea del gobierno es básicamente eliminarlas, elevando en todos sus casos la edad jubilatoria, sin distinción de género, a la edad de 62 años, aunque si manteniendo la quita en los años de servicios.

Esta noticia, como la anterior de la suspensión de las jubilatorias, fue, lógicamente, muy mal recibida en los trabajadores en general y las trabajadoras en particular. No es para menos, el avasallamiento de los derechos en manifiesto.

El enorme costo político de la medida, nuevamente argumentó el pavor de Bordet, el cual no se anima a anunciarla.

Medidas, de ajuste, son inesperadas de un gobierno peronista. Sergio Urribarri no se atrevió ni siquiera a proyectarla, tampoco Jorge Busti, si lo hizo Mario Moine.

Dentro del paquete de leyes que envió Moine al inicio de su mandato se encontraba la tristemente célebre ley de emergencia Nº8706 que dejó a miles de estatales sin su sustento laboral y  la reforma previsional.

Ambas ingresaron por la cámara de diputados y el miembro informante fue Faustino Schiavoni, el momento en la historia entrerriana que aun es recordado,  por las constantes movilizaciones de los trabajadores y los gremios y el gran malestar existente, toda Casa de gobierno fue blindada con un fuerte cordón policial para que los manifestantes no pudieran ingresar.

No era para menos, el ajuste era total sobre los trabajadores estatales con despidos masivos y para los jubilados con violaciones manifiestas y restricciones a sus derechos consagrados y adquiridos.

A la hora del tratamiento, la primera salió sin modificaciones, no ocurrió lo mismo con la que afectaba los derechos de los jubilados, la cual fue reformada, provocando el posterior veto por parte del propio Moine que la quería como la había enviado.

No fueron las únicas leyes polémicas de Moine, al término de su mandato y ya sin ningún poder ni conducción provocadas por las reformas planteadas al poco tiempo de asumir, Jorge Busti, que se había convertido en gobernador electo le pidió una nueva ley de emergencia y la privatización de Epeer (hoy ENERSA) y del Banco de Entre Ríos.

Ley de emergencia que afectó la coparticipación de los municipios. El entramado de la iniciativa es digna de destacar: antes de dejar su primer mandato (1987-1991) y con Moine como sucesor electo, Busti mandó a la legislatura provincial una iniciativa para aumentar los porcentajes de coparticipación que la Provincia enviaba a los municipios, la cual tuvo como consecuencia, municipio ricos y la provincia menguada.

La ley no fue casual, Busti dejaba la gobernación para volver a ser intendente de Concordia (1991-1995).

En el ocaso de Moine, y ya con Busti como gobernador electo y por lo tanto en la suma del poder y conducción política e institucional entrerriana, le ordenó a Moine que se derogara aquella ley por él impuesta, bajándose así los porcentajes de coparticipación a los municipios y aumentando para la Provincia.

Ahora aquella ley de Moine de ajuste en detrimento de los jubilados es reflotada reflotada por Bordet, aunque por su enorme costo político,  lo hará de manera solapada, escondida, para evitar el terrible escándalo que implica.

A contrario de la suspensión de las jubilaciones que puede producirse simplemente “de hecho” paralizando los tramites en la Caja, para elevar la edad jubilatoria el gobierno necesariamente precisara de una ley.

Según supo este medio, la idea de Bordet es introducir la reforma al régimen previsional en la ley de reforma política e institucional.

La excusa será la afamada “igualdad de géneros”, la cual no solo implicará que las mujeres tendrán los mismos derechos que los hombres, con el ejemplo de la paridad de bancas en la legislatura entre otros, sino que las mujeres tendrán también idénticas obligaciones y deberes.

El disfraz aparece manifiesto, al equiparar derechos y deberes en todo el ámbito de la administración, necesariamente repercutirá en los requisitos para acceder a la pasividad.

En otras palabras, el gobierno planea elevar la edad jubilatoria y “compensarlas” con reformas políticas e institucionales en favor del sector femenino como la paridad de acceso a las cámaras.

La pregunta que viene obligada es ¿qué harán los legisladores peronistas que fueron defensores a  ultranza de los derechos de los pasivos y acérrimos combativos de las medidas de ajuste que impulso el gobierno de Macri con las reformas previsionales?

¿Levantaran la mano Julio Solanas, José Cáceres, Juan Manuel Huss, Stefania Cora, Carina Ramos, Mariana Farfan, Juan Pablo Cosso, etc., en diputados o Adrian Fuertes, Claudia Gieco, Ester Gonzalez, Flavia Maidana, Juan Carlos Kloss, etc. en el senado, a esta reforma previsional encubierta en una reforma política que planea Bordet?

Solo resta que ingrese a su tratamiento para conocer la respuesta.