Desarrollo Social: 56 millones para alimentos pero ¿quién controla que lleguen a destino?

La ministra Paira guardó silencio cuando durante su gestión se encontraron toneladas de alimentos almacenados irregularmente en un local de una dirigente política de UPCN

El ministerio de Desarrollo Social, que conduce Marisa Paira, llamó a licitación para la adquisición de alimentos por un monto que roza los 57 millones de pesos.

Si bien en tiempos de extrema necesidad la compra es celebrada, llama la atención que, pasado más de un año desde que se encontraron alimentos pertenecientes a Desarrollo Social en un precario galpón y a la venta en supermercados de origen chino, la investigación está frenada y nadie en el gobierno provincial se preocupa por hallar a los responsables del lucro con la pobreza.

La causa comenzó a mediados del año pasado, cuando vecinos del barrio San Agustín dieron a conocer que en un precario galpón se almacenaban en manera totalmente irregular alimentos del ministerio de Desarrollo Social.

También los coordinadores de comedores y merenderos de Paraná habían denunciado que los productos que les correspondían no llegaban a destino y que los módulos alimentarios no eran repartidos por el gobierno provincial.

Este Portal se hizo eco de aquellas denuncias y, a partir de allí, la Justicia ordenó allanar el mencionado galpón, en donde se constató que efectivamente allí se almacenaban los alimentos, en condiciones totalmente antihigiénicas y sin ninguna garantía de salubridad.

Más tarde, por orden del fiscal de la causa, Juan Malvasio, se allanaron varios supermercados de origen chino, en donde se encontraron los alimentos destinados a las familias más vulnerables.

Sin embargo, pese a que quedó en evidencia que los alimentos se comercializaban de manera ilegal, la causa llamativamente se frenó, con una fuerte presión del gobierno provincial para que no avanzara.

Por aquel entonces, al frente del ministerio de Desarrollo Social se encontraba la hoy vicegobernadora Laura Stratta, y la investigación judicial se desarrolló a lo largo de un año electoral, por lo que el oficialismo intentó tapar a toda costa los avances de la causa.

Es más, por una extraña decisión, se llegaron a quemar evidencias fundamentales para la causa.

Se trata de los alimentos secuestrados en un allanamiento realizado en un supermercado chino, ubicado en calle Álvarez Condarco Nº1816, en el que coincidían las marcas de alimentos publicadas en las licitaciones realizadas por el gobierno provincial y el ministerio de Desarrollo, y las que se encontraron en los supermercados.

Allanaron supermercado de Paraná por la comercialización de alimentos de Desarrollo Social

La entonces ministra y vicegobernadora electa, Laura Stratta, no hizo absolutamente ningún esfuerzo para dar con los responsables de este indignante negociado con la pobreza y con la necesidad de las personas más vulnerables.

Evidentemente, el avance de la investigación habría salpicado a quien preside hoy el Senado de la provincia y hasta al propio gobernador Bordet, por lo que el gobierno provincial no solo miró para otro lado, sino que presionó fuertemente para tapar la causa.

Ahora la ministra es Marisa Paira, pero tampoco parece haberse interesado por cómo se invertían los fondos antes de que ella llegara o cómo se distribuían, a quién estaban destinados y demás.

Durante su gestión también hubo hechos llamativos, como un considerable aumento en el costo de los módulos alimentarios en un muy breve lapso.

En la cartera de Paira los números para los alimentos no cierran: 24 millones para 22.300 módulos, hace un mes por 23 millones, compraron 34.905 ¿inflación o inflamiento?

Ahora, la ministra gastará casi 57 millones de pesos para comprar 50.000 módulos alimentarios, es decir, 1140 pesos cada uno, un precio que, tratándose de una compra en gran cantidad, evidentemente podría mejorarse.

Por ese valor, cada módulo contendrá 12 productos: una botella de aceite de 900cc, 1kg de arroz blanco, 1kg de azúcar, 1kg yerba mate, 500 gramos de puré de tomate, 400 gramos mermelada de frutas, 500 gramos de fideos secos, 200 gramos de cacao en polvo, 1kg harina de trigo, 400 gramos de lentejas, 800 gramos de leche en polvo, 1kg de polenta.

Teniendo en cuenta que en otras oportunidades se compraron productos de marcas anónimas como leche “Quelech”, azúcar “Matdulc”, harina de maíz “Lopani”, fideos guiseros Donaci”, harina de trigo “Estupenda” y polvo de cacao marca “Santa Elene”, y otros, el precio claramente se podría mejorar.

En un cálculo veloz, por alrededor de 1300 pesos se pueden adquirir los mismos 12 productos, pero de marcas con un poco más de renombre, en los supermercados minoristas.

Evidentemente, el gobierno provincial, en una licitación pública y por 50.000 unidades de cada uno de los productos, podría conseguir un precio mucho mejor que 1140 pesos por módulo alimentario.

En la licitación no se detalla qué fin tendrán estos módulos alimentarios, y es importante que la ministra no solo invierta el dinero, sino que también controle que lleguen al destino prefijado y que efectivamente sirvan para que una familia pueda tener un plato de comida en su mesa.

La gestión de Paira también cuenta con el antecedente del almacenamiento irregular de alimentos del ministerio, cuando este Portal publicó acerca de un escándalo producido en Nogoyá tras las graves denuncias de sus vecinos, que con indignación, relataban que en un inmueble privado, sin ningún tipo de control de salubridad y sin razón aparente, se habían descargado grandes toneladas de alimentos de desarrollo social.

Tras el escándalo y la inacción de la Justicia local y de las autoridades de Desarrollo Social, llamativos movimientos con los alimentos del irregular depósito en Nogoyá

En aquella oportunidad, Paira no se pronunció al respecto, pero salió a hablar la titular del inmueble, o más bien, quien dice ser propietaria del mismo, María Rosa ‘Chochi’ Vergara, dirigente gremial de UPCN, y la senadora del departamento, Flavia Maidana.

Ambas buscaron naturalizar el hecho bajo el argumento de que “siempre se hizo así”, pero el almacenamiento de las toneladas de alimentos en un inmueble no habilitado por Desarrollo Social, es un hecho sumamente irregular.

Los espurios e indignantes negociados con la pobreza  son indignantes justamente porque se lucra con la necesidad y el hambre de las personas más vulnerables.

Principalmente en tiempos dificilísimos como los actuales, es fundamental que las autoridades encargadas de administrar los fondos públicos, velen porque las inversiones lleguen a destino, sabiendo que los negociados con la pobreza, como el hambre, son un crimen.

“El hambre es un crimen”, comercializar alimentos de la ayuda social y el silencio del Gobierno también

1 comentario

teresa 14 noviembre, 2020 at 7:28 pm

GOBERNADOR: Piense que, si ampara a los LADRONES, seguramente se verá enredado en graves causas judiciales…???

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