El Tribunal Electoral deberá decidir si la banca queda para Boxler o si es para una mujer de UPCN, algo que con la ley recientemente sancionada es casi un hecho.
Luego de que la Cámara de Diputados aceptara la renuncia de Diego Lara a su banca para asumir en el Tribunal de Cuentas, queda por definirse quién ocupará el escaño vacante.
Ya en octubre este Portal había anticipado una fuerte interna en el justicialismo por esa banca, que ahora deberá dirimir el Tribunal Electoral.
Es que, por el orden natural de las listas, le correspondería a José Boxler, ex intendente de Conscripto Bernardi, acceder a la diputación. Sin embargo, la recientemente sancionada Ley de Paridad Integral, pone en juego también a una mujer, que sería Vanesa Castillo, actual vicepresidenta de la Caja de Jubilaciones.
Ocurre que la Ley de Paridad Integral establece que las cámaras legislativas deben estar integradas en igual cantidad de hombres y de mujeres y, en ese sentido, deja sin posibilidades a Boxler, por lo que la Justicia Electoral tendrá la última palabra.
Este conflicto ya había sido anticipado por este Portal, según las fuertes versiones que se corrían en Federal que aseguraban que la aprobación de la Ley de Paridad Integral se apuró para que la banca en disputa quedara para el sector del sindicalista José Ángel Allende, acusado de corrupción y violencia de género.
La única forma que tenía el sector del UPCN de acceder a la banca era la de recurrir al cupo femenino, que se amplió con la Ley de Paridad Integral, que establece en su artículo 24 que los reemplazos en los cuerpos colegiados “deberán adecuarse a las disposiciones de esta ley”.
Así, ganan terreno por sobre Boxler las mujeres de la lista, Vanesa Castillo y Delia Monzón, que también responde al gremio de Allende, por lo que desde Federal dan por hecho un acuerdo entre el gobernador Bordet y el ex legislador para que su sector no pierda la banca.
Si la Justicia Electora confirma que el reemplazo de Lara debe darse según la ley de Paridad Integral, se trataría del primer gran triunfo político de esta normativa, que entre líneas se ve como un intento por perpetuar a las mujeres de Bordet en el poder, aún luego de su salida.
Es que la ley obliga a que una mujer integre la fórmula para la gobernación y las intendencias y a que los gabinetes de la provincia y de los municipios estén conformados en un 50% por mujeres, lo que les da un fuerte impulso a las mujeres que ya se encuentran en espacios de gobierno.
Además, la Paridad Integral sancionada neutraliza las posibles fórmulas que se perfilan para competirle a la que arme Bordet en 2023.
Los candidatos que suenan con más fuerza, Enrique Cresto, Adán Bahl, y Martín Piaggio, están obligados con esta ley a incluir a una mujer, y quedan imposibilitados de armar una propuesta que lleve a dos de ellos en la misma fórmula.
Lo que dejó el asado en San Salvador: nadie quiere participar del armado de Bordet
Los nombres de Bordet para 2023 son Laura Stratta y Juan José Bahillo, que en las últimas elecciones perdieron en sus respectivas ciudades, Victoria y Gualeguaychú, aunque los sondeos muestran con contundencia que 80 de cada 100 entrerrianos no quiere votar el armado del gobernador.
Es por ello que se recurrió a la ley de Paridad Integral que, si bien abre posibilidades a las mujeres, es utilizada políticamente por el gobierno provincial, porque no fue necesaria para que Bordet incluyera a una en su fórmula en 2019 o a varias en su gabinete.
Por eso, la urgencia por sancionarla solo se entiende desde una lectura política y la necesidad del mandatario de asegurarle a las mujeres que lo rodean la permanencia en los puestos de poder.
El primer triunfo concreto de esta ley sería el de permitirle a Bordet acordar con Allende la retención de la banca en Diputados para UPCN, algo que deberá dirimir el Tribunal Electoral, pero con una ley ya sancionada.
La otra victoria de la ley de Paridad Integral es a largo plazo: en 2023, Cresto, Piaggio o Bahl, no podrán compartir la fórmula para la gobernación y deberán incluir a una mujer