El entendible reclamo del personal de salud: cobran 20 veces menos que los funcionarios que se vacunaron antes que ellos

En organismos se fijan sueldos y aumentos en forma autartica IAFAS , EPRE etc sin respetar ninguna normativa, ni la Ley de Emergencia promovida por el gobernador Gustavo Bordet, sancionada por diputados y senadores y refrendada por ministras y ministros.

Los Médicos Autoconvocados de los hospitales San Martín y San Roque de Paraná anunciaron que realizarán una retención de servicios este viernes y solamente atenderán urgencias.

La decisión se debe a que no recibieron respuestas del gobierno a las demandas de recomposición salarial y mejores condiciones laborales.

Además, advirtieron que la semana que viene podrían incrementar la medida de fuerza a 48 horas, mientras que hay una movilización convocada para el 15 de abril.

Si bien medidas de este tipo suelen despertar cuestionamientos de parte de algunos miembros de la ciudadanía, en este caso es imposible juzgar a este sector de trabajadores públicos que hace más de un año y medio que no reciben aumentos.

Más entendible es aún la situación si se tiene en cuenta que hace más de un año que son quienes están en la primera línea de batalla contra el coronavirus, con guardias eternas y expuestos al contagio, y el único reconocimiento que recibieron fue un bono de 5 mil pesos que llegó tarde, con recortes y con amenazas.

Por otra parte, no se puede criticar la actitud de un médico o enfermero por hacer retención de servicios en un reclamo justo cuando ganan 20 veces menos que un funcionario que ni siquiera va a trabajar.

Por poner un ejemplo, se estima que el titular del Ente Provincial Regulador de Energía, José Carlos Halle, tiene un sueldo de alrededor de 700 mil pesos, sueldos y aumentos que se fijan de forma autárquica sin respetar ninguna normativa, ni la Ley de Emergencia promovida por el gobernador Gustavo Bordet, sancionada por diputados y senadores y refrendada por ministras y ministros.

Además, Halle estária según trascendió  en el listado de vacunados vip que el gobierno provincial mantiene oculto para evitar el escándalo, junto a su esposa, la ministra Rosario Romero, mientras todavía hay personal de salud que espera para ser inmunizado.

Otra vacunada vip es la administradora de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez, al igual que su esposo, Miguel Feltes, que evidentemente tienen un carácter mucho menos estratégico que cualquier persona que se desempeñe en el sistema de salud.

Es más, Benítez está siendo investigada por en el marco de la causa del Mercosur por más de 154 millones de pesos al cambio actual, 14 millones de dólares en 2014, por la desaparición de 60 aires acondicionados y fallas en obras en connivencia con privados.

El matrimonio viaja muy seguido a España, en donde se estima que cuentan con empresas y propiedades, todo permitido con el salario en la función pública, mientras un médico tiene que hacer malabares para mantener a su familia, trabajando guardias larguísimas.

Otro ejemplo es el de Silvio Vivas, titular del IAFAS, oriundo de La Plata, en donde reside en un lujoso country, en el que pasó gran parte del período de aislamiento.

Aunque no venía a Paraná a trabajar, el Estado entrerriano continuaba pagándole su sueldo de varios ceros y hasta un alquiler en uno de los edificios más costosos de la capital provincial, en calle Córdoba, a una cuadra de Mitre.

Cuando regresó a la ciudad lo hizo para adjudicar una irregular licitación que no se publicó en ningún lado que le otorga la explotación del juego online al empresario de la noche Daniel Mautone y a Jorge Pérez, un negocio que mueve millones y millones de pesos.

El de Fernando Cañete es otro caso emblemático: mientras los afiliados del IOSPER que él preside carecen de cobertura por las deudas que el organismo mantiene con los prestadores, el titular goza de su excelente sueldo puntualmente todos los meses y utiliza a la obra social como agencia de colocación de familiares y amigos.

Como esos, lamentablemente en la provincia sobran los ejemplos de aquellos funcionarios que cobran fortunas del Estado provincial, además de tener otros lujos y beneficios cubiertos, aunque a la gran mayoría ni siquiera les vean las caras en las oficinas.

Teniendo eso en cuenta, es comprensible que personal de salud lleve adelante una retención de servicios y marchas reclamando nada más ni nada menos que lo que les corresponde: un salario digno, que las autoridades provinciales les niegan porque el dinero va a parar a otros bolsillos.

Es más, no solo es entendible la medida de fuerza, sino que, además, se queda corta.

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