Vialidad: denuncian más irregularidades multimillonarias en el negociado de las balanzas

Un importante funcionario del gobierno provincial debería varios millones de pesos en multas, y una de las encargadas de la auditoría es una apadrinada política suya.

Este martes ingresó a la Dirección Provincial de Vialidad el expediente sobre el seguimiento de la auditoría realizada en el departamento de control de carga, que tiene a su cargo el manejo de las balanzas en diferentes puntos de la provincia.

El negociado con las balanzas es algo que vecinos de la provincia, camioneros, y este Portal, vienen denunciando desde hace tiempo.

Es que la sobrecarga de camiones es una práctica regular para los empresarios que recorren el territorio provincial con sus diferentes mercaderías y, principalmente, arena para el fracking, otro multimillonario negocio.

Hay diferentes tipos de entramados e irregularidades con el tema de las balanzas. Por un lado, en 2016 este Portal se hacía eco de una denuncia que sostenía que se realizaban cerca de 200 multas mensuales por sobrecarga, aunque apenas un 5% del dinero ingresaba al organismo.

Se destapó la olla: el negocio millonario de la balanza.

Por otro lado, en 2019 este Portal dio a conocer que la Dirección Provincial de Vialidad había adquirido 39 elementos de medición para pesaje de camiones, aunque 28 habías desaparecido y de las 11 restantes solo una estaba homologada para cumplir su función.

Nada es gratis en Vialidad: el multimillonario negocio de la balanza

Además, recientemente este Portal dio a conocer un audio que se filtró en el que se desnuda cómo camioneros y empresarios son advertidos acerca de los días y horarios en que se realizarán los controles, para que puedan sortearlos.

Cabe destacar que la sobrecarga en los camiones genera graves daños a las rutas provinciales, y es por ello que no está permitido circular con cierto pesaje, aunque también habilita al funcionamiento de negociados millonarios.

A raíz de todas estas denuncias, el Tribunal de Cuentas de la provincia, que preside Diego Lara, lleva adelante una auditoría permanente sobre el departamento de balanzas.

Fuentes bien informadas hablan acerca de que este millonario negociado configura una estafa al Estado entrerriano que supera los 200 millones de pesos.

En el centro de la escena están las multas: según pudo saber este Portal, de las cientas que se labran por día, apenas algunas se pagan, o por lo menos solo por algunas ingresan los fondos al erario provincial, el resto no se sabe qué ocurrió.

Pero lo más grave del hecho es que el propietario de algunos de los camiones que estarían involucrados en este millonario fraude sería un muy importante funcionario del gobierno provincial, que incluso integra el gabinete.

Las autoridades encargadas de decidir si la investigación avanza o se frena, además de Lara, son la asesora jurídica del organismo, Clara Bassa, que ocupaba ese cargo en Fiscalía de Estado; y Mariana Baumann, secretaria letrada; ambas llegadas de la mano del ex diputado.

Una de las funcionarias del organismo encargado del control, el Tribunal de Cuentas, sería apadrinada política del propietario de los camiones antes mencionados.

La grandísima influencia del funcionario en temas muy sensibles para el gobierno provincial es lo que le permitiría tener amplia flexibilidad a la hora de afrontar los controles de pesaje, según trascendió, se habría comunicado en reiteradas oportunidades con la administradora Alicia Benítez para solicitar que le condonaran deudas.

Es más, se habla de que los camiones de este alto miembro del gobierno tienen una millonaria deuda con Vialidad por las multas, que habrían sido condonadas o arregladas por otro lado.

Sea como sea, lo cierto es que este fraude le genera un doble perjuicio al Estado provincial y, en definitiva, al patrimonio de todos los entrerrianos.

Por un lado, porque el exceso de peso en los vehículos que circulan por las rutas provinciales las daña enormemente, y el Estado debe invertir sumas millonarias para repararlas, mientras que el empresario logra grandes beneficios porque emplea menos recursos en trasladar más carga.

Por el otro, porque el arreglo con las multas impide que ingresen fondos a las arcas entrerrianas, que en cambio, según se denuncia, se desvían a los bolsillos de unos pocos.

La auditoría del Tribunal de Cuentas está en marcha, aunque se desconoce si realmente dará con los responsables del millonario fraude al Estado, debido a la cercanía de una de sus funcionarias con uno de los propietarios de camiones que está más implicado.