Se equivocó de ventanilla: ¿Laura Stratta se autodenunció ante Fiscalía de Estado por las irregularidades con los subsidios?

Con delay, luego de la publicación de este Portal, en vez de iniciar una demanda penal para hallar a los responsables por los subsidios que ella misma firmó, la vicegobernadora faltó a las clases de Instrucción Cívica.

El mismo día que este Portal publicó la grave denuncia por subsidios otorgados a personas fallecidas, la vicegobernadora Laura Stratta se presentó en fiscalía de Estado para denunciar el hecho que la tiene como protagonista, por haber sido ella la ministra de Desarrollo Social en esa época.

Ella misma entregó y firmó los subsidios en cuestión, algo sumamente grave porque los supuestos beneficiarios nunca los recibieron.

Es más, esto fue informado por el propio entorno de Stratta al diario La Mañana de Victoria, en donde se habla de la cifra como si fuera ínfima, de unos 20 mil pesos. Sin embargo, el dólar en 2018 estaba a 20 pesos aproximadamente, son unos 1000 dólares al valor histórico, es decir que si se trataba de cinco subsidios, serían 5000 dólares.

Este Portal cuenta con la información de que en el Tribunal de Cuentas se habría comprobado la irregularidad en subsidios por 3,5 millones de pesos, a fecha del 2018, mientras que habría otros 3 millones bajo investigación.

En el medio de Victoria se utiliza el eufemismo de la “posible comisión de un delito”, pero si se entregó a personas que estaban muertas y fue a parar a los bolsillos de alguien es un delito.

Denuncia a un secretario pero la responsabilidad de entregar un subsidio es de la ministra, ya que si ella no firma, no se aprueba. Más aún porque es de su zona, de Victoria, y la mayor cantidad de los subsidios eran para gente del Quinto Cuartel, una seccional de Victoria en la que el strattismo tiene su fuerte históricamente.

Personas vivas negaron haber recibido subsidios, otros no pueden declarar porque están fallecidos.

Lo grave es que si los fiscales no intervienen porque no leyeron este diario  se les pide que lo lean, sino se lo llevamos para que intervengan.

Stratta lo denunció ante Fiscalía de Estado, un hecho que generó una verdadera convulsión en Victoria, un repudio generalizado, críticas, las redes sociales se inundaron con memes, rechazado por propios y extraños, del mismo peronismo local criticaban que si querían gestionar un subsidio con la ministra esta les decía que no había un peso, ahora se entera que los muertos cobraban ( no los hacían resucitar pero si cobrar)y que no habían subsidios para los que los necesitaban.

Las autoridades del Tribunal de Cuentas, cuando los auditores descubrieron el hecho, intentaron taparlo y evitaron que se realizara la denuncia penal.

Pero la Constitución sostiene que todo funcionario público que tenga conocimiento de un delito, tiene la obligación de denunciar y lo tiene que hacer ante una autoridad competente.

El presidente del TDC, Diego Lara, y los auditores si tienen conocimiento de este delito, tienen que ir al ministerio Público Fiscal, como ocurrió con la Caja de Jubilaciones, cuando se descubrió que estaban cobrando los muertos, la causa se inició en la justicia, aunque no se sabe cómo avanza.

Los funcionarios tienen la obligación de denunciarlo ante la autoridad competente, el Ministerio Público Fiscal, Stratta se equivocó de ventanilla porque lo denunció ante Julio Rodríguez Signes, salvo que este último haya sido designado fiscal adjunto del procurador Jorge García y lo desconozcamos.

Se equivocó de ventanilla, la vicegobernadora de la provincia, presidenta del Senado, necesita clases de Instrucción Cívica, al igual que sus asesores letrados, porque hay que investigar el delito, eso lo hace el Ministerio Público Fiscal, una vez corroborado el daño puede actuar el fiscal de Estado y accionar civilmente contra los denunciados.

Denunciar ante fiscalía de Estado es como para decir que se hizo algo. Es un delito grave y tiene que actuar el Ministerio Público Fiscal, si no leyó el diario se lo alcanzamos y que actúen legalmente porque hay que investigar un delito público. Están reconociendo el hecho y hay que buscar a los responsables del daño que se ocasionó al Estado.

En 2018, en la misma fecha en que se otorgaban estos subsidios, el intendente de Gualeguay, Luis Erro fue condenado porque el secretario de Obras Públicas había contratado un medidor a Enersa que se utilizó para un acto político en la casa del presidente municipal.

Se comprobó que lo que había pagado el municipio por eso eran 70 pesos, fue condenado Dellagiustina, secretario de Obras Públcias y Erro porque era intendente y firmó la compra del medidor.

Erro fue condenado por ese hecho y luego fue sobreseído porque se trataba de un monto ínfimo pero el procurador Jorge García apeló porque más allá de la cifra, se trataba de un delito y hoy la causa continúa su curso en la Corte.

Algo similar ocurrió durante la campaña de 2019, cuando la entonces candidata a intendenta de Victoria, Isabel Castagnino fue denunciada porque habría recibido dinero del lavado del sindicalista Herme Juárez.

Entonces Castagnino era concejal, y firmó un recibo para aceptar el dinero para la campaña en la que también aparecía la foto de Stratta como candidata a vicegobernadora.

Se trata de delitos que son ejemplo de que los delitos contra la administración pública deben ser denunciados penalmente.

Después de que la noticia de la irregularidad se publicó en este Portal, Stratta, la presidenta del Senado, hizo la demanda en la ventanilla equivocada, ante la Fiscalía de Estado.

La responsabilidad de los funcionarios públicos es la de denunciar los delitos.

En este caso, Stratta habría firmado los subsidios que se otorgaron de forma irregular, más allá de que se trate de hechos pergeñados por sus secretarios privados, la responsabilidad es de quien firma.

Es una vergüenza para los fiscales y la Justicia provincial, porque se denunció públicamente un hecho gravísimo y la Justicia entrerriana mira para otro lado.